No es novedoso recalcar que la izquierda no crea en la democracia y que odie todo aquello que la rodee. Así lo ha demostrado en España históricamente desde su desgraciada existencia a lo largo de los años. No es ni siquiera necesario remontarnos a las elecciones de febrero de 1936 como, en las cuales el Frente Popular, conformado por los mismos socialistas y comunistas que ahora nos gobiernan, tras su derrota en las urnas consiguió a través de cacicadas amañar aquellos malditos comicios en los que sumieron a España en tal inestabilidad social que meses después acabaron en un golpe de estado y en una guerra civil de más de 3 años. Basta con que aterricemos en la votación de la reforma laboral de la semana pasada. España, 3 de febrero de 2022, siglo XXI.
Ajetreada tarde en el Congreso de los Diputados, de las más alborotadas que en mi corta vida como aficionado al mundo político tenga constancia. Jamás antes había vivido en pleno directo como una presidenta de la sede de la soberanía nacional de forma arbitraria, decidía hacer caso omiso al reglamento de la mesa del Congreso de los Diputados para convalidar un decreto por la vía civil o criminal, utilizando un error involuntario (quiero creer) de un diputado del Grupo Parlamentario Popular.
La normativa obligatoria en el Congreso de los Diputados recae en la resolución de la mesa de 21 de mayo de 2012, la cual, imperativamente, determina que en los supuestos en los cuales un diputado hubiera emitido su voto telemáticamente y luego quiera votar presencialmente, sin hablar siquiera de error ni circunscribirlo a un motivo determinado, una vez habiendo informado a la mesa y ésta habiéndose reunido con carácter previo, tomará la decisión de que en caso de autorizar el voto presencial, dejará sin efecto y anulará el voto emitido telemáticamente.
En el caso ocurrido, este diputado del Partido Popular al ver el error que se había cometido solicitó votar presencialmente personándose en la sede de la soberanía nacional antes de comenzar la votación presencial y Meritxell Batet en lugar de dar traslado a la mesa, único órgano competente para tomar tal decisión, arrogándose ella sola esa decisión, decidió unilateralmente entregarle la reforma laboral al gobierno mediante un fraude de ley y hurtando la voluntad popular.
No es la primera vez que la señora Batet hace de su capa un sayo. Todos recordaremos la decisión de cerrar ilegalmente el Congreso amordazando a la oposición, dicho por el Tribunal Constitucional, durante la pandemia al estimar el recurso planteado por el grupo parlamentario de Vox. O la misma presidenta que, ante una sentencia condenatoria del Tribunal Supremo, que inhabilitaba al diputado podemita pateador de policías, mantuvo en el escaño a Alberto Rodríguez, hasta que la oposición dio un paso al frente amenazando a la presidenta con querellarse contra ella por prevaricación.
Lo vivido la semana pasada es de tal gravedad en democracia que, tanto PP como Vox, tras las 4 formaciones representadas en la Mesa del Congreso haber reconocido que no fueron convocadas para decidir sobre la repetición del voto solicitada por el diputado popular y la mesa haber rechazado los escritos formulados para la repetición de la votación, deben recurrir al Tribunal Constitucional para defender la voluntad del Parlamento y demandar a Batet por prevaricación. Una persona arbitraria, que no dejó entrar a Casero al Congreso de los Diputados, incumpliendo el reglamento. Pero fue ella quien violó la norma Covid para que sí entraran UGT y CCOO a la votación, no debe presidir la sede de la soberanía nacional.
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