El ingenuo y débil régimen del 78

Amanecen los días que se acercan al pletórico descanso de nuestros estresados diputados y del Presidente del Gobierno. Días de asueto recompensa de los esfuerzos realizados, unos por derrumbar al Gobierno y otros por mantenerse a toda costa. Nunca en nuestra democracia se había vivido tal nivel de ruido, pero también de silencios.

Obviar la realidad evidente se ha convertido para nuestros políticos en pura estrategia de desgaste de sus miserias, o las de sus partidos, mientras que aquellos de los que dependen no hacen más que frotarse las manos porque siempre salen victoriosos de la debilidad de quienes nos gobiernan a sus órdenes. A mayor dependencia ante las importantes crisis generadas, mayor es el precio del apoyo, que no desprecia ni la corrupción de los que les pagan ni la destrucción de un Estado que, sin estar en llamas sí se encuentra cada día más inmerso en la desigualdad territorial y en la desigualdad de los ciudadanos que lo componen dependiendo del lugar en el que vivan.

Esta realidad, que se desprende también del tantas veces cuestionado pero jamás tocado sistema electoral, que premia minorías independentistas en territorios del país en detrimento de mayorías repartidas en el conjunto del Estado, no es sino reflejo de los verdaderos asuntos no resueltos en la transición, los asuntos relacionados con la integridad del propio Estado y de la igualdad real y efectiva en todos los aspectos aplicada en la Constitución.

Si hay un error mayúsculo en nuestra Carta Magna es el reconocimiento de la singularidad de unos territorios sobre el resto. La legislación española rompe el consenso con la aplicación de reconocimientos a territorios, muy especialmente Navarra, pero también el País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía. Curioso es que, salvando a Galicia, que también tiene un nacionalismo algo residual, aquellos territorios que poseen una lengua propia son aquellos que han usado este asunto para reivindicar diferencias que le reporten beneficios sobre el resto.

Ya comenté en alguna ocasión que gran parte de la razón de la riqueza de las comunidades del norte, curiosamente, como es el caso de Cataluña o País Vasco, no se deben sino a las políticas del dictador Franco y a su buena relación, en el caso de la primera, con la burguesía catalana, con la que pactó, por ejemplo, la implantación de las conocidas fábricas automovilísticas que tantos beneficios le reportaron. Craso error el del dictador que, con ello, pretendió hace un país que dependiera en sí mismo de todos sus territorios, el norte de la agricultura y ganadería del sur y al sur de la industria del norte. La burguesía catalana, que siempre se movió por dinero más que por convicciones políticas, apoyó a Franco en la Guerra Civil y fue recompensada. Para la clase privilegiada catalana fueron tiempos de bonanza económica y de inversiones que generaron gran parte de la riqueza que ahora explotan como una marca democrática y de imperialismo económico dentro de España. Lamentable.

Lo peor de todo esto es que los sucesivos gobiernos democráticos de España no supieron llevar a cabo ese vuelco industrializador que fomentara el desarrollo de los territorios del sur, especialmente de La Mancha, Extremadura y Andalucía. ¿Cómo es posible que después de tantas décadas de democracia en nuestro país no se hayan llevado a cabo con el suficiente vigor esas reformas, esa implantación y atracción de la industria transformadora en estas comunidades autónomas? Quizás la respuesta esté en la sobrerepresentación de estas comunidades en el Congreso de los diputados, diputadas y “diputades” fruto, precisamente, de este sistema electoral que permite que conseguir un diputado en Cataluña, por ejemplo, sea mucho más sencillo que hacerlo en Andalucía. Es decir, que mientras para conseguir el primer diputado en Cataluña sólo harían falta unos 35.000 votos, en Andalucía en ocasiones se acerca a los 60.000.

Me resulta sumamente extraño hablar en estos momentos de política y no hacerlo de corrupción pero, sinceramente, creo que todo forma parte de la misma debilidad del sistema, como dije la semana pasada en esta misma página; un sistema que no mide los límites de los apoyos para formar Gobierno en los intereses de la ciudadanía por encima de los personales o los de partido, o un sistema que ejerce mayor control sobre la ciudadanía que sobre la clase política que gestiona todo el dinero que se recauda por la aportación de la misma. Hablamos de un sistema que permitió, en el año 2022, que el Gobierno del PSOE, previo acuerdo con ERC, aprobara una modificación del código penal para eliminar el delito de sedición, a la carta para poder cumplir con acuerdos de Gobierno, y que rebajó delitos de corrupción, sin que nadie pudiera hacer nada al respecto.

Que los propios políticos puedan modificar las leyes que a ellos mismos se les aplica debería estar prohibido, como también debería estar prohibido que diputados de territorios a los que se les han concedido o cedido competencias puedan votar en el Congreso sobre la aplicación de esas mismas competencias para el resto del Estado. Esto no es sino una deriva del absurdo de desintegrar los derechos que constituyen todo un Estado para favorecer a aquellos que sostienen a un Gobierno o que apoyan las iniciativas que a este más le interesen.

Así que, cuando alguno de los partidos dice o habla del régimen del 78, mejor es que analicen en qué medida se han beneficiado o se piensan beneficiar precisamente de los errores realmente cometidos en este proceso.

Hoy nos ha contado Sánchez que aunque no le aprueben los presupuestos tras la vuelta de las vacaciones piensa agotar la legislatura. Es decir, que seguirá modificando leyes, intentando hacerse con el control del poder judicial y esperar que la tormenta pase para, una vez más, vender la burra del miedo a la derecha y de los logros conseguidos. El problema es doble, por un lado para una oposición también salpicada por la corrupción y que no deja de dar golpes a la piñata sin romperla, pero sabiendo, o convencida, de que un día explotará, y por otro para una ciudadanía que, una vez más, se ve última en el orden de prioridad del Gobierno, ya que una congelación de presupuestos tiene una repercusión directa sobre las inversiones y sobre las subidas de sueldo del funcionariado, por ejemplo.

Es más, me pregunto que, sin presupuestos, cómo tiene Sánchez calculado que podrá asumir la subida del tanto por ciento comprometido con la OTAN en Defensa. Yo ahí lo dejo. Y sigo diciendo que hay quiénes no deberían haber llegado nunca al poder si piensan que todo es viable, que todo es posible y todo aceptable para llegar y mantenerse en él. Una vez más, hago mías las palabras del cordobés Séneca: “Lo que no prohíban las leyes debe prohibirlo la honestidad”. ¿Qué honestidad? ¿Dónde está la honestidad? Mucho me temo que hoy, en nuestro panorama político, no lo veo por ninguna parte. Cuánto echamos de menos muchos a UPyD o incluso a Ciudadanos. Cómo hubiese cambiado el cuento de seguir en el panorama político. Y sí, a estos partidos se los cargaron el resto. Sólo interesaban a la ciudadanía, no a la clase política de partidos políticos que en lo que menos mienten es en los currículums.