España está agonizando y acabará tal cual el refrán: “Entre todos la mataron y ella sola se murió”. El expolio económico al que los españoles nos vemos sometidos por los abusivos impuestos y tasas, sumado al creciente número de personas que se suben al carro de los empleos públicos, así como las ayudas a asociaciones, sindicatos, paguitas varias a satélites del Gobierno y demás… ya lo sabemos, se trata de una lacra que pudre los recursos a pasos agigantados. Pero a este país ya enfermo se ha sumado un virus de esos que termina matando al huésped: la inmigración, tanto legal como ilegal.
Nuestro país, España, cuenta con la tasa de desempleo más alta de la zona euro, con un 10,4%… y seguimos con fronteras abiertas con el pretexto de que hay que acoger a gente que viene buscando una vida mejor, cuando cada vez hay menos españoles con una vida digna. Esta avalancha supone un aumento de los problemas económicos, sociales y de seguridad.
Empecemos con el hecho de que cada MENA supone un gasto mensual aproximado de 4.000 euros, mientras que la extrema inmigración representa un gasto anual de unos 30.000 millones de euros, dinero destinado a cubrir todas y cada una de las necesidades de los inmigrantes, tales como ayuda económica, vivienda, acceso a servicios sociales, programas de integración laboral, entre otros.
Eso sin contar que los inmigrantes ilegales reciben alojamiento, comida y dinero, tanto en centros de MENAS como en hoteles. Mientras, cada vez son más los españoles que no llegan a fin de mes, quienes no pueden permitirse una vivienda digna o, directamente, acaban en la calle. No olvidemos que los afectados por el volcán en La Palma, a día de hoy, aún viven en contenedores, por los que, encima, pagan.
Este excelso bienestar social produce un efecto llamada tal, hasta el punto que el nuevo fenómeno migratorio es entrar en España con los hijos, ya sea por patera o incluso avión, desde África, abandonar al menor para que se beneficie de las ayudas sociales y, al cumplir la mayoría de edad, traer a la familia bajo ese craso error buenista de la “reunificación familiar”.
Esto no es un invento, sino una denuncia confirmada por la Ertzaintza y la Policía Nacional. Del mismo modo, las propias autoridades ratifican que la mayoría de los MENAs no son menores, como recientemente se ha declarado que el 60% de los supuestos menores llegados a Baleares eran, en realidad, mayores de edad. Hay que destacar que estas pruebas también representan un coste adicional.
En los últimos años, según estadísticas publicadas por el Ministerio del Interior en base a informes de diferentes Cuerpos de Seguridad, la criminalidad ha aumentado exponencialmente, dando lugar al pavoroso incremento de delitos graves, tales como violaciones, con un aumento del 7,6%; el narcotráfico, un 4,9%; y los intentos de homicidio, un 19,9%.
Asimismo, han aumentado significativamente los delitos de lesiones y las riñas tumultuarias, delitos, en gran mayoría, cometidos por inmigrantes, tal y como señaló Rubén Pulido, publicando un registro de detenidos a lo largo de una semana en San Sebastián, cosa que, al excelso analista político y experto en inmigración, terminó costándole una denuncia, porque ya sabemos: ahora decir verdades incómodas o pensar diferente al Estado está perseguido.
Hemos evidenciado cómo la inmigración procedente desde África supone un problema no solamente por estar llegando de forma desbordada y ser en su mayoría hombres en “edad militar”, sino que también por su forma de vida, hábitos, costumbres y religión, que distan de nuestra civilización. Muchos de ellos llegan de zonas donde impera el Islam radical que, como podemos ver en diferentes países de Europa, trata de implantar sus costumbres y, al ser una comunidad cerrada, conlleva el peligro de nexos con grupos terroristas y la radicalización de sus adeptos. Pero ojo: decir cosas como esta se persigue en Occidente, porque sobre el cristianismo se puede vomitar de todo, pero nunca opinar o mostrar evidencias sobre otras religiones, que ya sabemos cuáles de las dos mayoritarias monoteístas.
Sin embargo, afrontamos otro problema migratorio procedente de América del Sur. Bajo el pretexto de la hermandad hispánica, estamos viendo un incremento exponencial de una inmigración precaria que necesita de las arcas del Estado -que no son otra cosa que los bolsillos de los ciudadanos españoles-, también con una natalidad más elevada que la del español autóctono y con unas costumbres que, a pesar de que puedan ser parecidas, distan mucho de las nuestras.
Sin ir más lejos, las iglesias evangélicas han aumentado su presencia en un 62%, convirtiéndose, solo en la Comunidad de Madrid, en la presencia religiosa más visible y en auge, un culto totalmente alejado de nuestra milenaria y tradicional Iglesia Católica. Por otro lado, como se puede contemplar en videos en diferentes redes sociales, hacen de las ayudas un logro, mostrando con orgullo cómo acaparan ayudas de diferentes entidades.
De la misma forma, esta inmigración está normalizando la vivienda en pisos compartidos, estando más que cómodos -también viendo testimonios en redes sociales- viviendo en familia dentro de una habitación, lo que, sumado a la nula construcción de nueva vivienda y los bajos salarios comparados con el aumento del coste de la vida, ha dado pie a un nuevo tipo de negocio de alquiler de vivienda: alquileres de habitaciones a precios desorbitados.
Y ahora toca hablar sobre la pérdida de identidad que supone la masificación y el descontrol migratorio. El perfil del español autóctono está menguando. Basta pasear por cualquier localidad española, así como observar el paisaje urbanístico. Los pequeños negocios típicos españoles están dando paso a una impersonal amalgama, mezcla de multinacionales y pequeños negocios regentados por africanos, asiáticos y sudamericanos.
Kebabs, fruterías, peluquerías multifunción -de esas que tanto te cortan el pelo, que sirven para hacerte las uñas o un tatuaje, quién sabe si en breve implementarán dentista- aparecen como hongos, mientras que nuestros negocios “de toda la vida” cierran a pasos agigantados, incapaces de soportar las cargas económicas a las que el Estado les somete. Los autónomos no tienen ayudas.
Además, estas comunidades foráneas se muestran exigentes, pidiendo servicios tales como traductores –cosa que la sumisa Comunidad de Madrid, por ejemplo, ya ofrece- e incluso la comunidad musulmana ha llegado a exigir cambios de menús o la introducción de sus enseñanzas acorde con sus costumbres religiosas, tanto en colegios como en penitenciarias.
No estamos viviendo un enriquecimiento cultural ni una idílica sociedad multicultural; estamos siendo víctimas de un reemplazo poblacional, cultural y religioso, a expensas de nuestro dinero, seguridad y forma de vida. No podemos asumir la carga de la inmigración que ha llegado y sigue llegando: económicamente es un suicidio y, socialmente, como vemos a diario en el aumento de criminalidad, es una majadería.
Esto será tachado de racismo y xenofobia, simplemente porque la verdad se castiga. No interesa, porque, tal y como hacen las sectas, si pierdes tu identidad eres más manejable. Así se está buscando que Occidente pierda sus rasgos propios, su personalidad y se vuelva precario, peligroso y sin identidad religiosa, para poder implantar todos los puntos de la deleznable agenda globalista.
Seguir pensando con parámetros de derecha o izquierda es una necedad máxima. Hoy el mundo se divide entre globalistas o patriotas, estos últimos entendidos como aquellos que se unen para proteger todo aquello que se está diluyendo bajo las garras de esta actual Hidra de Lerna llamada globalismo, que, como la mitológica, tiene muchas cabezas, pero un mismo cuerpo.
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