Redes sociales bajo sospecha: ¿proteger a los menores o controlar el relato?

Hay momentos en política que no son simples debates regulatorios, sino auténticos test de hasta dónde puede llegar un gobierno para moldear el ecosistema público. La reciente polémica protagonizada por Pedro Sánchez en torno a X y a Telegram no es un episodio menor: se trata de una conversación estructural sobre poder, control y relato.

Sobre el papel, la propuesta de restringir el acceso a redes sociales a menores de 16 años se presenta como una medida de protección. El argumento es conocido y, en cierto modo, incuestionable: salud mental, exposición a contenidos nocivos, adicción digital, ciberacoso… Nadie con dos dedos de frente podría negar hoy en día que existe un problema real en la relación entre adolescentes y plataformas diseñadas para maximizar la atención.

Ahora bien, en política importa tanto el qué como el cuándo. Y este debate llega en un contexto donde el Gobierno lleva tiempo señalando a las redes como espacios de desinformación, radicalización y amplificación de discursos incómodos. Conviene preguntarse, por tanto, si estamos ante una política pública orientada a proteger menores o ante un movimiento estratégico para reordenar el tablero comunicativo.

Porque no nos engañemos: las redes sociales han dinamitado el monopolio tradicional del relato.Hoy cualquier actor político, medio alternativo o perfil influyente puede competir por la atención sin pasar por los filtros clásicos. Eso incomoda, y mucho, a los centros de poder acostumbrados a controlar los tiempos y los marcos del debate.

Es aquí cuando aparece la sospecha que sobrevuela buena parte de la conversación pública: ¿se pretende realmente blindar a los menores o se está construyendo un marco regulatorio que, de forma indirecta, termine limitando ciertos discursos? Especialmente aquellos que incomodan a la izquierda o que se etiquetan —con mayor o menor rigor— como extrema derecha.

El riesgo no es menor. Cuando un gobierno entra en el terreno de decidir qué discursos son aceptables y cuáles no, la línea entre regulación y censura se vuelve peligrosamente fina. La democracia liberal se sostiene, precisamente, sobre la fricción de ideas, incluso de aquellas que resultan desagradables. Esto no significa abrazar el todo vale. La incitación al odio o la violencia debe combatirse con firmeza. Pero otra cosa muy distinta es ampliar tanto el perímetro de lo “inadmisible” que termine incluyendo posiciones simplemente críticas o contrarias al Ejecutivo de turno.

Además, existe un factor operativo que rara vez se menciona: la eficacia real de estas prohibiciones.La historia reciente demuestra que los menores sortean con facilidad cualquier barrera digital. Elevar la edad mínima puede tener más valor simbólico que impacto práctico, salvo que se planteen mecanismos de verificación intrusivos que abrirían otro melón todavía más delicado: el de la privacidad.

Desde una perspectiva estratégica, también cabe leer este movimiento como un intento de recuperar capacidad de influencia en un entorno comunicativo cada vez más fragmentado e imprevisible. No es casualidad que los gobiernos de medio mundo estén explorando fórmulas para disciplinar a las grandes plataformas. Pero cuidado: regular no puede convertirse en domesticar el debate público.

El verdadero liderazgo político no consiste en reducir el ruido, sino en ser capaz de competir dentro de él. Si una democracia empieza a temer lo que circula por sus propios canales de conversación, el problema no está en las redes, sino en la fortaleza de sus instituciones y en la confianza de los ciudadanos. Por eso, el debate que España debería afrontar no es solo si los menores deben o no estar en redes —una discusión legítima—, sino qué modelo de espacio público queremos construir. Uno más tutelado y previsible, o uno más abierto, aunque inevitablemente más incómodo.

La tentación de controlar el relato siempre ha existido. La diferencia es que ahora el campo de batalla es digital y la capacidad de intervención del Estado es técnicamente mayor. Conviene no perder de vista una máxima básica: cada vez que se concede más poder regulatorio a un gobierno, ese poder no desaparece cuando cambia el color político. Hoy puede utilizarse contra unos; mañana, contra otros.

En definitiva, proteger a los menores es una causa que merece consenso. Pero mezclar esa bandera con la batalla ideológica sería un error de enormes dimensiones. Porque cuando la regulación se percibe como un instrumento partidista, deja de generar confianza y pasa a alimentar la polarización. Y una democracia polarizada es, siempre, una democracia más débil.