Hablando se entiende la gente

Hace unos días, un estudiante de grado medio de Cheste, Valencia, ha sido el triste protagonista de una noticia que, desgraciadamente, se está volviendo habitual en la educación nacional. El joven pretendía realizar sus exámenes en castellano, cuando chocó frontalmente con el profesorado del centro quienes le indicaron que se le restaría dos puntos a su nota si contestaba en español. Uno podría preguntarse: ¿Por qué dos y no tres? ¿Dónde viene regulada dicha puntuación? Tal y como está enfocado el sistema educativo de este país, le habría compensado contestar con faltas de ortografía o directamente no presentarse al examen para conseguir el aprobado.

Fuera a parte de todo ello, da la sensación de que la mecha encendida en Cataluña, donde casos similares son tan habituales que han dejado de ser noticia, está prendiendo en otras regiones de España donde la lengua de Cervantes coexiste con la autonómica correspondiente. Se debe tener en cuenta, si volvemos al asunto con el que comenzábamos el artículo, que los dirigentes políticos de la Comunidad Valenciana están encantados de que se les considere parte de los inventados Països Catalans y llenan las aulas de libros en catalán despreciando de esta manera un idioma propio como es el valenciano.

En cualquier caso, lo verdaderamente preocupante es la pérdida de libertad que está sufriendo el ciudadano, que ve como los poderes públicos autodenominados liberales que les han de proteger, no solo no lo hacen, si no que no respetan sentencias judiciales como es el caso del famoso 25% que está siendo totalmente ninguneado en los centros educativos catalanes, no solo colegios o institutos. Diferentes asociaciones universitarias denuncian continuamente los obstáculos con los que se enfrentan quienes pretenden estudiar en español, además de ver como cualquier acto o acción puesta en marcha por ellos, es continuamente saboteado de manera vandálica a manos de organizaciones subvencionadas por entidades catalanistas.

Desgraciadamente, las lenguas territoriales son utilizadas como arma política, independientemente de su bagaje cultural. ¿Realmente el dicho de “el saber no ocupa lugar” es el verdadero motivo por el que tantos padres matriculan a sus hijos exclusivamente en el habla autonómica? O, como buenos progenitores que se preocupan por el porvenir de sus hijos, ¿ven en los idiomas cooficiales una cantidad exagerada de puntos para una posible salida laboral en la Administración?

Desde el Partido Popular en el Ayuntamiento de Bilbao denunciaban que la oferta de empleo público para el año 2022 ofertase 117 plazas en distintos puestos de la entidad local, de los cuales, 101 exigían el euskera como obligatorio, 16 como puntuable y 0 el español. Y no se trata de dejar, el euskera en este caso, en segundo plano. La cuestión es que este modelo de gobernar en el que prima el lenguaje regional por encima del nacional, lo único que consigue es que la calidad de sus servicios disminuya porque lo realmente importante, la profesionalidad, pasa a un segundo plano. ¿Cuántos buenos policías habrían dado seguridad al ciudadano y no lo han podido hacer por no saber euskera? ¿O cuántos científicos habrían investigado y no ha sido posible debido a su desconocimiento lingüístico? Y así con todos los territorios bilingües.

Por mucho que duela reconocerlo, la realidad es que el principal objetivo de las palabras es la comunicación y con ello la unión de los pueblos, de las gentes. En un momento como el actual, donde lo que sucede en un punto del mundo tiene repercusiones en la otra parte del planeta, se está discriminando y coartando la libertad a gente que vive en la misma calle, esa persona con la que necesariamente hay que cruzarse cada día y que simplemente desea hablar o estudiar en su lengua materna, la que le enseñaron en su casa. La riqueza lingüística de las distintas comunidades autónomas, no solo hay que mantenerla, sino fomentarla, pero no a costa de marginar un idioma hablado por más de quinientos millones de personas.