Derribo de los pilares

En estos días hemos podido presenciar, no sin asombro, a una ministra que, en la actualidad, se está postulando como candidata en unas elecciones autonómicas en Andalucía. En el calor del mitin, fue muy crítica con las decisiones de los magistrados del TSJ de Cataluña jopor absolver a un conocido deportista de un presunto delito de agresión sexual a una mujer en una discoteca de Cataluña.

Quiero pensar que sus manifestaciones fueron el fragor de sus «convicciones» y no que, conscientemente, como servidora pública que es, dijera: «Qué vergüenza la sentencia de Alves, qué vergüenza que todavía la presunción de inocencia esté por delante del testimonio de la víctima». Sin duda, la frase no tiene desperdicio… y lo que trasluce es para echarse a temblar al saber que esta señora dirige un ministerio. En el artículo de hoy voy a desgranar estas declaraciones porque estoy segura de que, al terminar de leer esta transcripción cargada con una fuerte afirmación, se os pondrá la piel de gallina.

“Qué vergüenza la sentencia de Dani Alves”, son las palabras que aseguró una ministra durante un evento político, cuestionando indirectamente la potestad jurisdiccional de un tribunal porque la sentencia no es de su agrado. Parece no encajarle el resultado, en primer lugar, de la aplicación del derecho conforme a la sana crítica, de un proceso con todas las garantías constitucionales, como lo es uno con sus “ideas”.

La continuación de la frase terminó resultándome completamente alarmante: “que la presunción de inocencia está por encima del testimonio de la víctima”. Es decir, que esta servidora pública se muestra completamente indignada porque una garantía constitucional, uno de los pilares fundamentales de las garantías procesales en el proceso penal, esté por encima del testimonio de una denunciante o, lo que es lo mismo, deba ser apercibida de no incurrir en falso testimonio.

Hace unos días, ante la avalancha de críticas -no autocrítica, por supuesto- se ha vendido como disculpa lo que ella entiende como una rectificación. Voy a dejar de lado el ataque soterrado al Poder Judicial por parte de aquellos, o en este caso de aquellas, a quienes se les está cayendo el relato de que el varón, por el mero hecho de haber nacido hombre, ya resulta ser un agresor. No obstante, vamos a ir más adelante: este gobierno, al que pertenece semejante todóloga, está salpicado de citas judiciales para aclarar presuntas irregularidades en las que han podido participar o tener conocimiento debido a su cargo. Tampoco los he visto dimitir por ello, ni tampoco hacer amago de aclarar en fase parlamentaria. Les gustaría que todos respetásemos la presunción de inocencia que ellos no otorgan al resto de los ciudadanos, y según conveniencia, la presunción de inocencia es de aplicación selectiva, siendo que el Poder Judicial es valiente solo cuando la sentencia les conviene.

Según mi escala de valores y en base a mis conocimientos en derecho, la presunción de inocencia jamás debe retirarse hasta que no exista una sentencia que absuelva o, para perjuicio del procesado, condene al acusado. Mi respeto absoluto siempre será para el Poder Judicial. Puedo estar o no de acuerdo con el resultado de un procedimiento, pero siempre acataré la decisión derivada de ese fallo. No compartir la misma opinión no deberá, en ningún momento, suponer el no respeto a la decisión.

Para nuestra democracia, es muy importante, en primer lugar, que las garantías y derechos fundamentales no se dejen de respetar, que las decisiones judiciales estén debidamente fundadas en derecho y motivadas… y que no prime en ningún momento el fanatismo ideológico por encima de la razón. Cuando algunos políticos, sean de la formación que sean, actúan de esta manera porque no les encaja en su esquema, debido a que su relato cae por los suelos, me hace reflexionar sobre la inconsistencia de dichas ideas o relatos, y, automáticamente, los pongo en duda, en cuestión, motivo más que suficiente para analizarlos.

Todos nos podemos equivocar porque somos falibles por nuestra propia naturaleza, pero existe una serie de normas o reglas de convivencia que se aceptan y se acatan por el buen funcionamiento de la sociedad, y que permiten la existencia de una institución donde podamos resolver los conflictos que, por nuestros intereses, derechos y obligaciones, se hayan creado, además de un sistema para obtener el mejor de los resultados cuando ponemos las normas y las reglas en conflicto. De hecho, por ello existe la administración de justicia.