El negocio de Igualdad

La cosa está así, caliente… caliente. La patata caliente se la van pasando de unos a otros estando ardiendo y nadie la quiere sostener en sus manos. Y es que lo de hacerse responsables de las meteduras de pata garrafales y asumir las consecuencias no está entre las virtudes o cualidades por destacar de este gobierno que siempre, cuando la pifia, mira hacia otro lado. Y la pifian regularmente y a todas horas… pero aquí nadie dimite ni asume las consecuencias. Españistán debería rebautizarse como la República Independiente de Jauja de Sánchez & Co. ¡Pobre España, con lo que has sido y en los jaleos que te mete nuestra clase política, empezando por quienes nos gobiernan!

La última herencia dejada por Irene Montero como ministra de Igualdad terminó siendo el relevo en las empresas adjudicatarias del servicio responsable de velar por la tranquilidad y protección a las víctimas de violencia doméstica con orden de alejamiento de sus agresores, así como el cambio en el sistema de las pulseras telemáticas. La transición se realizó en 2024 y no fue lo bien que debería, pues dejó desprotegidas, atemorizadas y desconfiando hasta de su sombra a 4,500 usuarias.

Tras este fatídico suceso, cuatro meses después, Irene Montero fue relevada de su cargo dejando un brutal presupuesto de 50 millones de euros, licitando de urgencia para la contratación de la gestión íntegra del seguimiento telemático, con un diseño expresamente realizado para garantizar que los agresores cumplan la pena de orden de alejamiento impuesta por el juzgado. Para ser exactos, en noviembre del 23, Irene fue despedida y sustituida por Ana Redondo, una desconocida, menos polémica que la antecesora y del PSOE. En esa fecha también se formalizó el acuerdo con la nueva unión temporal de empresas: Vodafone y Securitas y, a partir de ese momento, empezaron los problemas a varios niveles.

La noticia que saltó a la prensa fue una desprotección de las mujeres durante un periodo total que abarca aproximadamente los nueve meses, por el extravío tras el volcado de datos de geolocalización de los condenados y que, aunque desde los juzgados se solicitaba, resultaba imposible aportarlos. Esto generó decenas de sobreseimientos y absoluciones por no poder justificarse. Nadie salió a dar explicaciones -“cri cri cri” de fondo-, el Ministerio de Igualdad apuntó a la Fiscalía por “valorar sin datos” -patata caliente para Fiscalía-, la cuestión es que nadie asume responsabilidades ni dimite.

Cuando empezaron las justificaciones, que si son fallos puntuales, que si no fallan las pulseras, que es el 1% de los fallos en el sistema de seguimiento, que no ha habido ninguna mujer asesinada que llevase el dispositivo -esta justificación me parece de lo más grotesca, todo sea dicho-… lo cierto es que algunas mujeres han renunciado a la protección por salud mental. Para colmo, faltaba la guinda del pastel, porque considero que empresas tan solventes como las que han recibido el encargo no podían fallar tanto… y más aún si consideramos que la única “nueva” es Vodafone, porque Securitas estaba ya en la licitación extinguida con Telefónica.

Las empresas han dejado que este episodio sin calificativos lo gestionen entre Igualdad y el Observatorio contra la Violencia de Género del CGPJ, pese a haber sido puesta en entredicho su profesionalidad y haber sido acusadas de haber perdido los datos o estar en la nube y de las consecuencias de las decenas de juicios que se han visto afectados. No han intervenido en la guerra de justificaciones -acusaciones cruzadas-. ¿Con reprobar a la ministra que pidió perdón… ¿y está solucionado?

En esta semana ya han cambiado de tema o intentado al menos, hablando sobre el aborto, un asunto que genera controversia para intentar tapar la metida de pata en la que han incurrido. Pero es que no acaba ahí el tema; a la par de la desaparición de los datos de la geolocalización de los agresores, hay que añadirle que existen más fallos y que, precisamente, no son puntuales.

Resulta que las pulseras de geolocalización son fácilmente manipulables, pues las que se han adquirido de AliExpress -a través de una empresa intermediaria catalana, para que no se note que el Ministerio supuestamente trapichea- no están fabricadas para este fin, ya que no cumplen los requisitos mínimos de seguridad. Son pulseras de teleasistencia simplemente, de ahí a que los portadores de los brazaletes puedan apagarlos, quitárselos y dar alertas fallidas, desconexiones temporales del sistema, imprecisión geográfica, etc. Ya me diréis cómo se asumen tantos “fallos puntuales”.

La cuestión es que, con semejante panorama y todo por ahorrarse unos miles de euros, que ya estaban licitados y que iban destinados a adquirir una pulsera diseñada expresamente para el fin que se pretende, con un coste por equipo de 1.200 euros, han pasado a ser 696 el pack, con la pulsera genérica -de teleasistencia con alerta de inmovilidad y de caídas- y los dos teléfonos móviles. Lo que se desconoce es a qué se destina o destinará el dinero que se ahorra, si lo invierten en más equipos anticaídas o no.

El calvario sufrido por estas mujeres no tiene perdón. Se las ha obligado a estar en alerta permanentemente, estando en riesgo vital con falsas alarmas cada dos por tres, con desconexiones que provocaban activaciones constantes de alerta al apagar las pulseras, todo un desastre que, si no fuese por el riesgo al que las víctimas están expuestas, sería un tema de lo más cómico… pero es la pura y dura realidad. Incluso hay algunas mujeres que han renunciado a su derecho de protección y lo entiendo… porque eso de creerte protegida y estar más expuesta que nunca es incluso más peligroso.

Para concluir, quiero dejaros un último detalle recogido en la Ley 4/2015 del 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, extraído del BOE. Artículo 3: Derechos de las víctimas. 1. “Toda víctima tiene derecho a la protección, información, apoyo, asistencia, atención y reparación, así como a la participación activa en el proceso penal y a recibir un trato respetuoso, profesional, individualizado y no discriminatorio”.