La gran rifa de la nacionalidad: España, el país que se odia a sí mismo

Es fascinante observar cómo un país decide cometer un suicidio asistido en directo, mientras sus dirigentes sonríen a cámara con esa superioridad moral de quien sabe que no sufrirá las consecuencias.

Con respecto a la regularización masiva de más de medio millón de personas, no es un acto de «humanidad», es una tomadura de pelo de proporciones bíblicas que dinamita cualquier concepto de orden, justicia o simple sentido común. Nos están vendiendo que abrir las puertas de par en par y regalar papeles a granel es una medida progresista, cuando en realidad es el mayor insulto que se le ha dedicado jamás al ciudadano que se levanta a las seis de la mañana para cumplir con un sistema que, a cambio, le escupe en la cara.

Lo que más escuece, lo que realmente hace que te hierva la sangre, es esa «generosidad» con el historial delictivo ajeno. Resulta que, en la España del siglo XXI, tener antecedentes penales ya no es un impedimento para ser ciudadano de pleno derecho, sino un detalle pintoresco que la administración decide ignorar con una venda en los ojos.

Hay cosas que resultan maravillosas: si tú te descuidas con el IRPF o te pasas de velocidad en una autopista desierta, el Estado no deja de perseguirte con la eficacia de un sabueso sediento de sangre; pero, por el contrario, si entras ilegalmente y además tienes la fea costumbre de saltarte el código penal, no te preocupes, que aquí te ponemos una alfombra roja, además de pedirte perdón por las molestias. Es la institucionalización del «todo vale», un mensaje nítido a las mafias de que España no es una nación con fronteras, sino un parque temático del despropósito donde la ley es una sugerencia opcional para unos y una soga al cuello para otros.

Y mientras los ideólogos de salón brindan con champán por su «conciencia tranquila», el ciudadano de a pie mira con terror cómo su sistema de bienestar se encamina al desguace. Porque, seamos realistas, ¿dónde creen que va a ir a parar toda esa gente? No van a ir a las clínicas privadas de la Moraleja ni a los colegios bilingües donde la élite política protege a su prole del «caos» que ellos mismos siembran. No, van directos a colapsar una sanidad pública que ya está en fase de cuidados paliativos.

Intentar meter a medio millón de personas más en unas listas de espera que ya dan la vuelta a la manzana es como intentar vaciar el océano con un dedal: una tarea estúpida que solo garantiza que, cuando usted necesite una prueba diagnóstica, le den cita para cuando sus nietos terminen la carrera. El Gobierno ha decidido que la tarta, que ya estaba llena de moho y era escasa, se reparta entre cincuenta más sin añadir un solo ingrediente. El resultado no es solidaridad, es miseria compartida.

El área de la educación tampoco se queda atrás en este naufragio planificado. Dentro de no mucho, vamos a ver aulas convertidas en campos de batalla logísticos, donde los profesores, esos pobres mártires, tendrán que hacer malabares para integrar lo inintegrable sin recursos, sin apoyo y con unas ratios que rozan lo delictivo. Pero, claro, hablar de esto es ser muy «alarmista», ¿verdad? Es mucho más cómodo ignorar el efecto llamada que este festival de papeles va a provocar. Hemos puesto un cartel de neón gigante en el Estrecho que se lee desde el espacio: «Venid, que aquí la casa es gratis y la ley de extranjería es un chiste de Arévalo».

Aunque no queramos reconocerlo, estamos financiando el modelo de negocio de los negreros del siglo XXI, dándoles el mejor argumento de venta: la garantía de que el estado español acabará claudicando y legalizando cualquier situación por el mero hecho de que “ya están aquí”.  Sin duda, es una traición en toda regla: tanto al inmigrante legal que esperó años, que pagó tasas, que presentó certificados de penales limpios y que respetó nuestras normas como al contribuyente en general, ese sufridor que ve cómo sus impuestos no sirven para mejorar su vida, sino para parchear la absoluta incapacidad de un gobierno que no sabe gestionar las fronteras y prefiere regalarlas.

Lamentablemente, estamos convirtiendo el derecho de residencia en un cupón de descuento de supermercado, vaciando de contenido la ciudadanía y asegurándonos de que, dentro de unos años, cuando el sistema cruja y se rompa definitivamente por las costuras, los responsables ya estén muy lejos, cobrando suculentos sueldos en consejos de administración o en chiringuitos internacionales. España no está acogiendo, Nuestro país se está liquidando por cierre, y lo peor es que nos obligan a aplaudir mientras bajan la persiana.