El déficit del diálogo: gobernar de espaldas a las comunidades autónomas

La política española asiste, de nuevo, a un episodio que ilustra a la perfección el modus operandi de un Gobierno que parece haber hecho del unilateralismo su principal seña de identidad. La reciente decisión del Ejecutivo liderado por Sánchez de someter a votación en el Congreso de los Diputados la senda de estabilidad y el límite de gasto no financiero —pasos previos e indispensables para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado— ha vuelto a poner de manifiesto una preocupante y alarmante falta de voluntad para el diálogo.

Lejos de buscar un amplio acuerdo que logre garantizar la viabilidad de las cuentas públicas y la tranquilidad económica del país, el gabinete central ha optado por la vía de la imposición, topándose de bruces con una realidad parlamentaria y territorial que se niega a ser un mero espectador de las decisiones tomadas a puerta cerrada en los despachos del Palacio de la Moncloa o del Ministerio de Hacienda.

El rechazo frontal a esta medida por parte de formaciones con visiones tan diametralmente opuestas como el Partido Popular y Junts per Catalunya no es una simple anécdota fruto de la evidente polarización de la política nacional, sino el claro síntoma de un fracaso profundo en las formas y en el fondo, señal inequívoca de que resulta imposible gobernar un país plural y fuertemente descentralizado ignorando de forma sistemática a quienes tienen encomendada la gestión más directa de los servicios públicos esenciales: las comunidades autónomas.

De hecho, la senda de estabilidad presupuestaria no es un mero trámite burocrático de paso obligado en las cámaras representativas. Tampoco una simple abstracción macroeconómica reservada únicamente a los teóricos y expertos financieros, sino que se trata de la verdadera columna vertebral sobre la que se sostiene el Estado del bienestar de nuestra nación. Tanto es así que, al establecer y blindar los objetivos de déficit y deuda pública para las distintas administraciones del Estado, el Gobierno central lo que está haciendo, en la práctica y en el día a día, es determinar cuánto dinero real podrán destinar los diferentes ejecutivos autonómicos a áreas absolutamente cruciales y sensibles como son la sanidad pública, el sistema educativo, los servicios sociales o la siempre frágil red de atención a la dependencia.

Dicho con otras palabras: con la fijación de la senda de déficit, el Gobierno está dictaminando el margen de maniobra financiero para poder contratar a más personal médico en los hospitales, para reducir las ratios de alumnos en las aulas escolares, para mejorar la red de infraestructuras y para garantizar una protección verdaderamente sólida para todos los ciudadanos. Resulta, por tanto, profundamente incomprensible e irresponsable que una medida de semejante impacto se intente tramitar de manera unilateral sin haberse dignado siquiera a sentarse a negociar de buena fe y con lealtad con aquellos que pisan el terreno a diario.

Asimismo, el flagrante desinterés mostrado por el Gobierno central hacia las legítimas reivindicaciones autonómicas constituye un evidente desprecio no solo hacia las propias instituciones que vertebran nuestro modelo territorial, sino también hacia unos ciudadanos castigados ya por la inestabilidad y la constante falta de recursos económicos.

A lo largo de los últimos tiempos, los españoles hemos observado con cierto estupor cómo los escasos foros de encuentro previstos entre el Estado y las autonomías, muy especialmente en lo que respecta al Consejo de Política Fiscal y Financiera, se han ido vaciando de contenido práctico hasta convertirse en meras puestas en escena de carácter burocrático; son auténticos teatros de cartón piedra donde el Gobierno central acude siempre con un guion cerrado e inamovible, sin la más mínima intención de escuchar, ceder, debatir o integrar las propuestas de las diferentes regiones.

Llegados a este punto, conviene recordar que informar de una decisión gubernamental que ya ha sido tomada previamente no equivale, bajo ningún concepto, a dialogar. Imponer de manera inflexible un objetivo de déficit claramente asfixiante para las cuentas de las regiones, mientras, de forma paralela, la Administración central se reserva sistemáticamente la mayor parte del margen fiscal permitido por las instituciones europeas, no es, en ningún caso, buscar un consenso constructivo.

Semejante actitud de rodillo parlamentario e institucional revela una concepción del poder y de la toma de decisiones que choca de lleno con el espíritu del Estado de las autonomías consagrado en nuestra Constitución. Las comunidades exigen y merecen un trato simétrico, sustentado firmemente en los principios de lealtad institucional, transparencia informativa y corresponsabilidad financiera de todas las partes. Ignorar de forma deliberada este mandato democrático básico y fundacional equivale a condenar al país a una tensión territorial indeseable, lastrando inevitablemente nuestro potencial de desarrollo futuro.

El mayúsculo varapalo que supone el rechazo conjunto y tajante del Partido Popular y de Junts a la pretendida senda de déficit gubernamental debería servir, como mínimo, de necesario punto de inflexión. Tendría que representar una obligada cura de humildad para un Ejecutivo central que camina a diario sobre el alambre de una minoría parlamentaria extremadamente precaria, frágil y dividida por intereses contrapuestos. Sin embargo, en lugar de asumir la cuota de responsabilidad política directa que implica la manifiesta incapacidad para forjar acuerdos de alcance, la reacción gubernamental tiende a oscilar, de forma previsible, entre el victimismo constante y la permanente culpabilización de las bancadas de la oposición.

El hecho innegable de que el principal partido de la oposición —que, además, gobierna en la inmensa mayoría de las comunidades autónomas y conoce, por tanto, de primerísima mano la extrema urgencia financiera a nivel territorial— coincida en su voto negativo con uno de los socios parlamentarios que resultaron imprescindibles para sacar adelante la investidura pone en franca y cristalina evidencia el altísimo grado de soledad en el que se encuentra inmerso el gabinete actual.

La política de Estado, concebida en su sentido más noble, requiere forzosamente altas dosis de empatía, de talento negociador real y de la ineludible capacidad de renuncia en aras de alcanzar el bien común general de la ciudadanía. Cuando se opta sistemáticamente por sustituir el diálogo sosegado y honesto por la imposición o por la presión mediática continuada, el único resultado verdaderamente palpable es el bloqueo normativo prolongado y la consecuente erosión del crédito y de la imagen de nuestro país. Gobernar con eficacia exige mucha más altura de miras que limitarse a intentar resistir semana tras semana parapetado tras los seguros muros del Palacio de la Moncloa. España demanda con urgencia un proyecto de país realmente integrador y la habilidad política indispensable para lograr convocar a todas las partes directamente implicadas en torno a una misma mesa de trabajo sincera y resolutiva.

La aprobación del límite de gasto y de la senda de déficit no es una cuestión técnica menor, sino que constituye el escalón inicial y fundamental para la elaboración de unos Presupuestos Generales que deberían ser capaces de dar respuestas certeras a los problemas ineludibles que afronta la sociedad: el estancamiento de los salarios, el rápido envejecimiento poblacional, el acceso a la vivienda o las desigualdades sociales persistentes a lo largo de nuestra geografía.

Desgraciadamente, ninguno de estos complejos retos y desafíos de época podrá ser abordado con las más mínimas garantías de éxito si previamente el Ejecutivo asfixia, desde el punto de vista financiero, a unas comunidades autónomas que son las encargadas, paradójicamente, de ejecutar en última instancia la gran mayoría de las políticas sociales y de protección destinadas a paliarlos.

Obligar a los distintos territorios de España a tener que asumir un ajuste presupuestario verdaderamente draconiano, mientras, en paralelo, el Estado central elude estrecharse su propio cinturón económico con esa misma severidad y rigor, constituye una muestra de deslealtad sin paliativos. Esta carencia absoluta de un consenso sólido y trabajado no hace más que alimentar un clima de incertidumbre social y económica muy perjudicial que ralentiza las inversiones de carácter estratégico, frena de manera alarmante la ejecución óptima de los tan necesarios fondos europeos y dificulta notablemente la deseada y perentoria creación de empleo de calidad en todo el tejido productivo.

Tanto es así que el bochornoso espectáculo político vivido recientemente a raíz del rotundo rechazo parlamentario a la senda de estabilidad presupuestaria es una advertencia de innegable claridad que ningún gobernante mínimamente prudente debería permitirse el lujo de echar en saco roto. El Gobierno de la nación no puede, bajo ninguna circunstancia, continuar actuando día tras día como si de verdad atesorara una cómoda mayoría absoluta de la que, a la vista de las votaciones, carece por completo; ni debe tampoco seguir tratando a las comunidades autónomas y a sus representantes democráticos legítimos como si fueran meras administraciones subalternas de segunda categoría, reduciéndolas a simples entes plenamente subordinados a sus particulares estrategias partidistas de supervivencia a corto plazo.

Es por ello que, por tanto, debe imponerse la necesidad imperiosa de llevar a cabo una rectificación de rumbo de carácter inminente, sincero y profundo. Es del todo necesario aparcar la evidente soberbia institucional demostrada hasta la fecha para poder abrir, sin mayores dilaciones engañosas ni condiciones previas que resulten inasumibles, una mesa de diálogo y de negociación verdaderamente constructiva y leal con todos y cada uno de los diferentes presidentes autonómicos. Gobernar de espaldas a la terca realidad ciudadana y prescindiendo por completo de las acuciantes necesidades operativas de quienes sostienen y gestionan el peso del Estado del bienestar supone, hoy por hoy, no solo un error de bulto en la estrategia política del gabinete, sino una gravísima irresponsabilidad de consecuencias incalculables.

En definitiva, creo que únicamente retomando de manera franca y decidida la histórica senda del consenso, del pacto de Estado y del respeto mutuo entre todas las instituciones representativas de la voluntad popular podrá España recuperar de una vez por todas ese horizonte de certidumbre económica y de estabilidad democrática que el conjunto de sus ciudadanos merece y necesita con apremio de cara a labrarse un futuro próspero, seguro y libre de inútiles sobresaltos.