Justicia o cachondeo: ¿quién tiene miedo a que el pueblo hable?

La Justicia en España tiene un nuevo reality show: la reforma de la acusación popular. Esa herramienta que nos hacía sentir que, aunque no fueras un pez gordo, podías meter las narices donde olía a podrido. Pero, claro, parece que a algunos les molesta que la gente común tenga algo que decir cuando el poder se pasa de listo.

Nos venden el cambio como un acto de pureza judicial: «evitar la politización de la justicia», dicen. ¿Perdona? Como si la justicia no estuviera ya bastante politizada o influenciada por intereses. Esto es como si un pirómano te dijera que quiere apagar el fuego mientras echa gasolina. Limitar el acceso de partidos, sindicatos o cualquier colectivo organizado a este mecanismo no es despolitizar; es quitarle herramientas a quien puede levantar la alfombra para mostrar toda la porquería que hay debajo. Y ojo, no hablamos de una herramienta cualquiera. La acusación popular es el bastón del caminante, el megáfono del que no tiene tribuna. Es lo que permitió, por ejemplo, que salieran a la luz grandes escándalos como el caso Gürtel o la trama de los ERE en Andalucía. Si no fuera por esta figura, muchas de estas historias habrían quedado enterradas bajo un mar de excusas y papeleo.

Pero ahora nos dicen que esto «se ha mal utilizado.» ¡Vaya descubrimiento! Claro que hay casos en los que se ha abusado de este derecho, pero ¿la solución es cargarse el mecanismo entero? Es como si, para evitar que alguien robe chucherías en un supermercado, decidieran cerrar todos los supermercados. ¿A quién beneficia esto realmente? No es a ti, ni a mí, ni al vecino que lleva años pidiendo justicia en algún caso. Esto beneficia a quienes quieren jugar sin árbitro, sin público y sin cámaras. Y, por si fuera poco, quieren hacerlo retroactivo. ¿Retroactivo? Es decir, cambiar las reglas del partido cuando el balón ya está en juego. Eso no es justicia, es una tomadura de pelo con sello oficial.

Y es aquí donde se encuentra la clave de todo: mientras el foco está en la supuesta «purificación» del sistema judicial, nadie habla del verdadero problema. Porque, vamos a ser sinceros, el mayor riesgo no es la politización de la justicia, sino el silencio absoluto. Lo que está en juego aquí no es un tecnicismo legal, es nuestra capacidad para vigilar a quienes toman las decisiones. Es el derecho a preguntar en voz alta: «¿Qué está pasando aquí?» Y cuando te quitan ese derecho, no hay democracia que valga.

Al final, esto no trata solo de una cuestión legal; es una cuestión de dignidad. Nos quieren espectadores, callados, resignados. Pero el silencio no está en nuestra naturaleza. Porque si nos quitan hasta la posibilidad de alzar la voz, quizás sea hora de gritar más fuerte. Prepárense, porque estamos despertando.