La Constitución de 1978, de la que el pasado sábado se conmemoró su día, ha traído a los españoles casi cincuenta años de paz y libertad tras la dictadura del general Francisco Franco. Sin embargo, paradójicamente, a los ciudadanos no se nos habla ni se nos legisla con la franqueza que cabría esperar por parte de muchos de nuestros representantes públicos elegidos democráticamente.
Me llama poderosísimamente la atención que quienes gestionan las instituciones del Estado, tanto a nivel nacional como autonómico, no traten a los votantes como personas adultas y empoderadas, sino como mera masa electoral que acude a las urnas cuando se le convoca. Por eso resulta especialmente interesante que nuestros responsables políticos activen con mayor frecuencia el mecanismo del referéndum consultivo previsto en el artículo 92 de la Constitución. Ello dotaría de mayor legitimidad a las decisiones políticas que se adopten.
Hasta la fecha, en España solo se han celebrado cuatro referéndums de carácter nacional, a saber: el del 15 de diciembre de 1976, que abrió la puerta a la Transición; el del 6 de diciembre de 1978, mediante el cual se ratificó la Constitución; el del 12 de marzo de 1986, relativo a la permanencia de España en la OTAN; y el del 20 de febrero de 2005, sobre la ratificación del fallido proyecto de texto constitucional europeo.
Son muy pocas las ocasiones en las que el pueblo español ha sido consultado para decidir su porvenir -como ya he señalado anteriormente- más allá de las elecciones. Sería muy interesante saber qué opina la soberanía nacional de que un autónomo con familia, por ejemplo, facture 4.000 euros por mes y se le queden, entre la cuota de autónomo, los impuestos y contribuciones, alrededor de 1.500, trabajando todos los días durante años sin disfrutar de bajas ni de paternidad ni por enfermedad.
Imagínense también lo que votarían sobre seguridad ciudadana los habitantes y trabajadores que desempeñan su labor en barrios deprimidos en los que no se atreve ni a entrar la Policía. Seguramente, serían partidarios de una política de seguridad más férrea y contundente de la que hay ahora.
No podemos depender constantemente de un voto a unas siglas políticas cada cuatro años; hay que hacer más dinámica e incluyente la soberanía en nuestro país. Por ejemplo, en Suiza impera una democracia más directa y participativa, ya que tres o cuatro veces al año los suizos son convocados de manera federal para ser consultados. Este sistema me parece más democráticamente sano y puro que el español.
Volviendo a nuestro país, la reforma constitucional similar al sistema suizo me parece una quimera a corto y medio plazo, porque ello implicaría enmendar la práctica totalidad del Régimen de 1978. Pero afirmar que todo se ha hecho bien sería, del mismo modo, hacerse trampas al solitario. Empezaría por denunciar la hipocresía con la que juegan los principales partidos tradicionales -los partidos nuevos parecen más abiertos a reformas estructurales- sobre todo a nivel interno.
En teoría, votar tiene un concepto muy bonito y romántico: la soberanía decide libre y conscientemente su propio futuro. Pero, en la práctica, el voto está cedido para un máximo de cuatro años a una persona jurídica que hará lo que considere con tu papeleta. Personalmente, creo que la desafección política la han sabido canalizar mejor los partidos emergentes de 2011 hacia aquí, porque no cuentan con el sambenito de habernos llevado a una deriva social y económica sin consultar a los ciudadanos.
En España hay muy poca cultura política desde siempre, pero sobre todo en las generaciones últimas. No me refiero a que las opiniones que tenga alguien sean correctas o incorrectas, sino a que la participación en política activa suscita muy poco interés, ponderando más la política pasiva.
De esto se aprovechan los políticos y asesores para que la participación de la ciudadanía sea indirecta y poco intensa. En política se vive muy bien y uno está muy calentito y confortable en su escaño o despacho. Cuantos menos quebraderos de cabeza dé la población, el status quo de muchas personas continuará vigente. Tristemente, con la pertenencia a organismos supranacionales, la soberanía nacional queda relegada a un segundo plano.
Y sí, podremos tener unos llamados “presupuestos participativos” en nuestro ayuntamiento que nos permitirán decidir si poner o no una bandera de España en una rotonda o elegir a un grupo musical que venga a actuar en las fiestas. No obstante, las decisiones de gran calado -que son al fin y al cabo las políticas que afectan a nuestros derechos fundamentales, a nuestra economía y obligaciones tributarias o a la seguridad ciudadana- tienen un mecanismo tan oxidado y absorbido por la política que hace prácticamente imposible su puesta a consulta.
Curso Derecho en la Universidad Católica de Valencia | Administrador de @DivulgoDerecho | CFGS de Producción de Audiovisuales, Espectáculos y Eventos
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