Hoy se ha inaugurado en Sevilla el 41 Congreso del PSOE. Una cita planteada para consolidar y sacar músculo por un partido que, en breve tiempo, se ha visto impregnado por el lodo de las continuas sospechas que dirigen sus flechas en una única dirección: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Los casos de su mujer y su hermano están cargados con la sospecha de delitos como tráfico de influencias, prevaricación o malversación de fondos públicos. No olvidemos que el Estado pagó millones de euros por el rescate de una aerolínea que está vinculada, según estas sospechas, con la financiación de los intereses profesionales, económicos y personales de Begoña Gómez, mujer de Sánchez.
También ocurriría lo mismo con el hermano del presidente, que, según las acusaciones, habría usado las mismas influencias como hermano de Sánchez para conseguir un contrato de trabajo a través de la Diputación de Cádiz, que, según los informes de la UCO, fue dispuesto expresamente para poder colocarlo con un buen sueldo y con un trabajo del que también se sospecha que no llegó a cumplir como se esperaba y sería su deber.
Por otro lado, tenemos el caso Koldo, que, en parte, parece haberse convertido en el caso Aldama, que amenaza con soltar todo lo que sabemos que difícilmente saldría del propio Koldo. Ya lo dijo sobre el día de la visita de Delcy al aeropuerto: no hablaría de ello ni muerto, ni tampoco Ábalos. Todo está relacionado con una presunta trama que se habría aprovechado de la crisis sanitaria por el Covid-19 para la compraventa de mascarillas a cambio de comisiones. No serían, por lo visto, y según Aldama, el único o puntual hecho del que habrían sacado provecho. El sistema de comisiones sería más amplio y así lo confirma cuando vincula a Cerdán, número tres del PSOE, en un pago de comisiones relacionado con la obtención de una licencia urbanística. Lejos queda, parece ser, en la memoria, aquel 3% del PSOE de Cataluña de Maragall.
Esto, de forma extremadamente resumida, viene a dar una visión más o menos de conjunto de todas las sospechas no aclaradas hasta el momento y que afectan al Gobierno, con lazos en diversos ministerios y ministros, en lo que ya hay gente de la judicatura que se atreve a mencionarlo como una presunta trama de corrupción con tintes mafiosos. Y no sería para menos, a tenor del temor expresado por el propio Aldama, su amenaza en la cárcel y su cobertura de espaldas por si le pasa algo. Si esto fuese así, el escándalo rebasaría nuestras fronteras y teñiría todas las acciones en Europa, Marruecos, Latinoamérica… del Gobierno, de turbulentas negociaciones con sistemas cuestionables. No olvidemos el paso tan absurdo, incoherente y tragado por la parte más a la izquierda del Gobierno del reconocimiento de Marruecos, las múltiples ayudas concedidas a este país, así como a muchos otros sin una justificación realmente objetiva… todo muy presunto, sospechoso.
Pues miren ustedes, estoy hasta las webs de tanta sospecha, que no hace más que minar y minar, prolongar y prolongar esta agónica escena surrealista que no conozco en ningún país, más allá de Venezuela y sucedáneos, que sea capaz de resistirlo. Creo que un paso decidido, directo y tan importante como determinante es aclarar definitivamente si hay relación con el presidente del Gobierno, con Moncloa, en todo esto que se mueve.
No soy capaz de entender, como ciudadano, que Aldama se encuentre entregando con cuentagotas todas las pruebas que dice tener. Si es verdad, por lo que esto supone para nuestra democracia. Si no lo es, por lo que supone para nuestra democracia y para aquellas personas que se encuentran bajo la continua sospecha, afectándoles a ellos de forma personal, pero también a las instituciones que representan, más allá de su ejercicio político en las mismas.
Lo que está sucediendo tiene tal trascendencia que requiere una prioridad absoluta en nuestro Estado de Derecho. Aldama no puede alargar más esta situación sin entregar todas las pruebas. Aquellas personas que son llamadas a declarar en el Senado no deberían poder acogerse a ese derecho a no declarar, porque si la vía de la Justicia es la vía de lo legal, la de lo ético trasciende a todo el Estado del que toda la ciudadanía formamos parte.
Las valoraciones realizadas, negacionistas por parte de los afectados, y las respuestas dadas ante micrófono por estos y por otros ministros y ministras, presidentes de comunidades autónomas del PSOE, y políticos en general del PSOE, contrastan directamente con sus subalternos y su silencio cuando son llamados a contar la verdad, organizando un sinsentido impregnado de tomadura de pelo a todos aquellos que pagamos su bien vivir, aún navegando sobre las aguas turbias de tanta sospecha.
Repito, en este caso, aquellas palabras del cordobés Séneca cuando dijo que “lo que no prohíben las leyes debe prohibirlo la honestidad”. Y observo muchas sospechas, menos esta: el nivel de honestidad en todo lo que rodea a las sospechas, a los sospechosos y a sus allegados.
Periodista, Máster en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos por la Universidad de Granada, CAP por Universidad de Sevilla, Cursos de doctorado en Comunicación por la Universidad de Sevilla y Doctorando en Comunicación en la Universidad de Córdoba.
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