En la noche de ayer un agente de policía de paisano, y fuera de servicio en ese momento, entraba a comer en un establecimiento de kebabs en el barrio de Puente de Vallecas de Madrid. La experiencia no la olvidará nunca, aunque a punto estuvo de no poder hacerlo. De no mediar la intervención de varios indicativos de la policía nacional y la guardia civil, así como los medios del SAMUR madrileño, que interrumpieron una brutal paliza que unas siete personas de origen latino le propiciaron al reconocerlo como agente, posiblemente hoy no estaría ingresado en el hospital, al que llegó inconsciente, no estaría vivo. “¿Ahora no eres tan valiente, madero?” le decían mientras le golpeaban con todas sus fuerzas.
El pasado año 2024 se registraron la espeluznante cifra de 17.000 agresiones a policías y guardias civiles, a la autoridad de la calle. Esta dramática y, a la vez, espeluznante cifra no es fruto del azar sino de la coincidencia de una serie de hechos que nos deben poner en alerta sobre la dirección social a la que nos dirigimos desde hace años por la inacción e, incluso, por el señalamiento desde grupos políticos o, incluso, por la permisividad en la estancia en nuestro país de una parte de la inmigración con escasas intenciones de integración y mucho de aprovechamiento de la debilidad de nuestro sistema. Una debilidad que no es sino fruto de la desidia y de la dejadez, por no decir maltrato, a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad, así como de políticas dirigidas más a la protección de un sistema descontrolado de inmigración que a la salvaguardia de los derechos, libertades e integridad de la ciudadanía de este país.
El señalamiento, más aún cuando este es político y, sobre todo, institucional, es el paso previo a la caza, captura y linchamiento de cualquier colectivo y, hoy en día, lo estamos viviendo tanto por el flanco derecho como por el izquierdo. De hecho, las agresiones al colectivo LGTBI no pueden entenderse sino como una extensión de los discursos de odio de la derecha extrema de este país, a los que llegó a culpar de ser un lobby asociado al Gobierno. Como si más del 10 por ciento de la población estuviera afiliada, siquiera, a la izquierda, la votase o viviera de esa presunta relación de poder. O el cuestionamiento del matrimonio entre personas del mismo sexo… a mí no me venden la burra.
Pero, sin duda, resulta más que evidente que uno de los señalamientos más peligrosos, en un sentido que va más allá de lo personal, se cierne sobre el mundo del periodismo. Medios de comunicación y periodistas son señalados de continuo integrándolos en una espiral de odio en el que se materializa el mensaje con el mensajero y al mensajero con el objetivo a abatir. Lo ocurrido en Pamplona hace unos días al periodista de El Español José Ismael Martínez a manos de un grupo de abertxales cuando se encontraba realizando sus labores informativas no es sino síntoma de esta peligrosa espiral que bien podría encontrar sus razones en el desprestigio de la profesión mencionado y en declaraciones y discursos como el de Pablo Iglesias que ha sido nada menos que vicepresidente del Gobierno de Pedro Sánchez, justificando la agresión por el inventado motivo de que el periodista se encontraba infiltrado para informar, cuando lo que se encontraba es perfectamente identificado como prensa. Del creador de “el terrorismo de ETA tiene una justificación política” poco más se podía esperar, aunque lo que no era de lógica asumible es que llegase a ocupar tan relevante puesto en el Gobierno y que Sánchez lo designara como parte de la Comisión de control del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), algo que el Constitucional tuvo a bien anular porque se hizo con un erróneo y acelerado procedimiento. Me ahorro las palabras, ya ustedes pueden imaginar. Sánchez desde entonces algunas veces ha llegado a no comer a las 5 de la tarde, pero dormir parece ser que no le ha costado, a pesar de pensar que sería un reto a superar después de negociar con Bildu y con el nombrado la investidura.
Lo cierto es que hay otro grupo molesto cuando las cosas no las hace como a los mismos les interesa, y estos son los jueces. En este caso, el señalamiento es directo y las acusaciones son de lawfire, de alineación con la oposición, de sectarismo ideológico, de errores de procedimiento, de cualquier cosa con tal de poner en el brete a cualquier voz discordante con el poder político actual y sus intereses. Una serie de mensajes que tiene sus altavoces en los propios, los del mismo signo político, y los medios de comunicación afines, que sirven de trampolín de estos mensajes generadores de un odio que no parece que se traduzca en delito, porque todo delito de odio parece ser únicamente el que se manifiesta desde el otro lado del arco ideológico.
La situación no es nada amable. Está en peligro un derecho fundamental como es el derecho de opinión y de información, pero también el derecho ciudadano a la seguridad, el de los agentes al ejercicio libre de sus funciones y a su integridad, el de los jueces a ejercer sin presiones, menos aún presiones desde otro poder del Estado. Esto, sin hablar de las acciones que los ministros de Interior y Justicia están llevando a cabo en sus órdenes, como el desmantelamiento o empobrecimiento de cuerpos de seguridad y de sus recursos o el intento desesperado de aumentar el control sobre el poder judicial, presuntamente con el objetivo de paralizar y deslegitimar procedimientos judiciales que podrían hacer, ya lo han hecho antes de ser juzgados por las pruebas conocidas, un enorme daño al partido de Gobierno y a su Presidente, Pedro Sánchez.
En el caso del policía agredido ayer, la cuestión es aún más peliaguda cuando hablamos de agresiones a aquellos a los que les encomendamos el orden y la Ley en la calle. Lo ocurrido tiene mucho que ver con el desprestigio que desde poderes políticos de izquierda se ha estado elaborando desde hace años, pero también con una inmigración que traslada, con total impunidad, sus formas, sus normas y su estilo de vida y delincuencia de origen. Tolerar este tipo de hechos sin pegar un golpe en la mesa y decir basta es tan peligroso como alentar a que se continúe haciendo porque hay total impunidad para ello. La falta de control en las fronteras, la falta de un proyecto migratorio adecuado y factible y el descontrol que permite que haya inmigrantes en situación irregular, sin regularizar, es un problema de Estado que el Gobierno de Sánchez parece no querer resolver. No podemos permitir que haya personas en situación de ilegalidad en España y no digo que haya que echarlos. Hay que expulsar, y no tengo ninguna duda de ello, a aquellos que tengan una conducta contraria a los valores de Europa y España y que hayan cometido delitos. Y hay que darles la oportunidad de un desarrollo personal y profesional, de integración, a los que ya están y acabamos por acoger. Luego, cierre absoluto de fronteras y un cambio legislativo que permita un control absoluto de las llegadas y las permanencias. Sólo así podemos garantizar que no acabaremos escalando en esta espiral de violencia y de inseguridad en nuestras calles y ciudades.
Creo que no era tan difícil decirlo. Pero sí, supongo que hay que ser valiente para decirlo y para hacerlo, como hay que ser valiente para ser policía y arriesgarse a que siete impresentables te agredan por defender la Ley y a la ciudadanía de bien. Hay que ser un miserable para llamar valiente a un trabajador desarmado cuando seis más te están ayudando a darle una paliza.
Periodista, Máster en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos por la Universidad de Granada, CAP por Universidad de Sevilla, Cursos de doctorado en Comunicación por la Universidad de Sevilla y Doctorando en Comunicación en la Universidad de Córdoba.
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