Hoy es noticia en algún medio la unión de Podemos con algunos de los enemigos de la España plural y de la democracia española basada en una Constitución que defiende la unidad del Estado y la plasmación en su texto de los Derechos Humanos, únicos derechos declarados como universales, ERC, que se han puesto de acuerdo, una vez más, para hacer una nueva afrenta a derechos básicos y elementales. Y es que lo han hecho para reclamar y exigir, aunque para algunos pueda ser chantajear desde la posición de privilegio que da ser condicionantes de la estabilidad de un Gobierno que podría pactar cualquier cosa para poder seguir ejerciendo como tal, un desbloqueo de la Ley de Vivienda con la intención de regular el precio de los alquileres y de, cuidado al detalle, prohibir desahucios.
Dice el artículo 17 de la Carta de Derechos Humanos, en su punto primero, que “toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente” y en su segundo punto que “nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”. Nada puede ser más arbitrario, en este sentido, que un desconocido se introduzca en tu casa sin permiso y dañe esa propiedad o pretenda arrojarse derechos sobre ella, y más aún con la total impunidad que se pueda producir por la falta de un reglamento legal que proteja los derechos de sus propietarios. Pero, más aún, se puede producir en el sentido en el que sea el propio Estado el que regule a favor del que causa el perjuicio en los derechos que sobre la propiedad se derivan.
Esta lectura arbitraria de los derechos fundamentales choca constantemente con la realidad en nuestro sistema desde la irrupción de nuevas formaciones políticas que bajo un progresismo falso se arrojan la capacidad de decidir e imponer, siempre que se lo permiten, lecturas sobre los derechos que no sólo chocan con los verdaderos derechos fundamentales, sino que pisotean continuamente y castigan a aquellos que trabajan y consiguen aportar sobre aquellos que, o no lo hacen o pretenden vivir, en muchos casos, de las ubres de una vaca Estado que sólo se alimenta de aquellos que sí producen. Unas fuerzas políticas que no sólo detestan a la gran vaca España sino que, además, sueñan con sustituirla con una a la que, o bien le falte parte de su cuerpo u otra que absorba todo el poder y los derechos delegados en los ciudadanos y se permita el lujo de decidir quién tiene o no derecho a beber de sus ubres, quién tiene derecho a según qué pensar o qué defender, tener derechos o retirárselos.
Nadie niega, por supuesto, el derecho a una vivienda digna. Para ello, aquellos que se acogen únicamente a este punto para justificar las “okupaciones” recurren, en la Carta de Derechos Humanos, al artículo 25, en cuya primera parte indica que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.
Pero es que, posiblemente, estas personas hayan pasado por alto no sólo el artículo 11 anteriormente mencionado, sino también el artículo 12, que señala que “nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”. Por lo que, el Estado no sólo tiene la obligación de garantizar la vivienda digna a aquellos que carecen de ella, sino también la de proteger y cuidar la vida privada y domicilio de todas las personas. Se trata de una obligación del Estado que no puede derivar a los ciudadanos ni sus bienes. Menos desde el punto de vista de la okupación, que no puede ser consideradada, en ninguno de los casos, como un asunto de interés general sino privado y particular.
Además, sinceramente, si aquellos que defienden las “okupaciones”, con el mismo empeño con el que defienden ese ataque directo a varios derechos fundamentales defendieran el artículo 12 de la Declaración de los Derechos Humanos, y lo consiguieran, se acabaría el problema sobre el que tanto reclaman la solución afectando a derechos ajenos.
El artículo 12 de la Carta de Derechos Humanos indica que “toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”.
Miren, precisamente ayer estuve hablando con varias familias de Barcelona. La dinámica de las nuevas y revolucionarias ideas de esta nueva izquierda de los derechos contra los derechos, me indicaban, han destruido la tranquilidad y sosiego de una ciudad que ha dejado de ser modelo de muchas cosas pero, principalmente, de civismo por parte de muchos de sus habitantes. Muchos de aquellos que “okupan” viviendas o que reciben una especial protección por ser declarados vulnerables se han convertido en parte fundamental del estallido de la violencia, los robos y la intranquilidad de los barceloneses.
Y es que hay un elemento no escrito que se convierte en fundamental en la lectura de todos los derechos rubricados en la Carta de los Derechos, y es la parte final, donde dice “Humanos”. A pesar de considerar y defender absolutamente el contenido de esta carta, jamás debe pasarnos por alto que el ser humano no es un ser perfecto, no es un ente etéreo ni es el dios de la perfección ni en su conducta ni en el desarrollo de sus ideas. No tener en cuenta la condición humana a la hora de hacer una lectura, no sólo de los derechos fundamentales, sino también a la hora de elaborar las leyes y las normas que desarrollan estos derechos es un error tan básico que sólo puede llevar al desastre. Y, desgraciadamente, así está ocurriendo.
El PSOE está yendo venir el desastre en el desarrollo de la nueva Ley Trans y, ante la visión de un error que podría dejar ver sus errores de forma y fondo antes de ser aprobada, se ha visto obligado a recular y cambiar aspectos como la posibilidad de que un menor de 16 años pueda iniciar ningún cambio del que en el futuro pudiera arrepentirse. La fórmula no será otra que la obligación de que la persona menor pase antes por un tribunal que garantice, en la medida de lo posible, este proceso.
Por favor, los experimentos, con gaseosa. Y los derechos también tienen derechos. Si no se respeta el derecho que tienen los mismos derechos no se podrá respetar al ser humano y si no se considera la humanidad para la que se constituyen los derechos nunca entenderemos los mismos derechos de estos a ser impuestos en el tiempo y forma ajustada a la propia humanidad de aquellos hacia los que se dirige.
Mensaje a PODEMOS y ERC, BILDU… ¡DEJEN DE INTENTAR DESTRUIR ESPAÑA Y A LOS ESPAÑOLES!
Mensaje a los españoles… ¡No permitan que lo consigan porque atacar a España es atacar a todos y cada uno o una de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, a sus verdaderos derechos y libertades!
Periodista, Máster en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos por la Universidad de Granada, CAP por Universidad de Sevilla, Cursos de doctorado en Comunicación por la Universidad de Sevilla y Doctorando en Comunicación en la Universidad de Córdoba.
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