El Gobierno de España parece empeñado en encargarse solo de aquellos temas que les puedan reportar un beneficio. La protección de los ciudadanos es un tema pendiente y archivado para aquellos que nos gobiernan. Se ha hablado mucho sobre la devolución de los gastos de constitución de hipoteca, cláusula suelo e hipotecas multidivisas que son aquellas de interés variable, en los que, el tipo de interés suele referenciarse a un índice, permitiendo pagar las cuotas del préstamo en una divisa distinta a la del país.
Todos estos gastos, están siendo llevados a los juzgados por parte de aquellos afectados contra las entidades bancarias. La respuesta por parte de los tribunales es positiva, pronunciándose de manera favorable para todas las personas afectadas, por lo tanto estos bancos deben devolver las cantidades abonadas de manera indebida a los perjudicados. El juzgado de Primera Instancia 101 bis de Madrid fue habilitado para asuntos como cláusula suelo, gastos hipotecarios, IRPH o Multidivisas. Pero a día de hoy muchos de los casos se encuentran atascados, y muchos de los consumidores conocerán sus sentencias incluso cinco años después de presentar su demanda, debido al retraso de dicho juzgado.
Un conocido despacho de abogados ha solicitado una investigación imparcial, dado que tiene conocimiento de que dicho juzgado retiene 40 millones de euros consignados de ciudadanos que han ganado sus casos, y no han podido cobrar su dinero, puesto que los letrados de la administración de justicia, antiguos secretarios del juzgado, no están gestionando el pago a los demandantes que han ganado sus juicios. Desde este bufete aseguran que se están presionando a los abogados para reducir sus honorarios, como solicitó el secretario coordinador del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, D. Sebastián Lastra Liendo el pasado 14 de octubre de 2023. Esta situación está repercutiendo de manera desagradable a muchas personas, pues son muchos los abogados a los que no les interesa defender por cuestiones económicas estos casos por tal problemática.
Las reducciones sobre las costas, deben ir consensuadas con el Colegio de Abogados de Madrid, pero son ellos mismos los que están denunciado que se ha rebajado las costas hasta un 66% de manera unilateral, alegando que las entidades bancarias están perdiendo todos los juicios, y eso lleva a un coste elevado en costas. Una problemática que está sucediendo ante un Gobierno impasible, debido a que no están obligando a las entidades bancarias a devolver de oficio el dinero a los ciudadanos. Lo que significa que les obliga a tener que acudir a los juzgados para poder recuperar su dinero. Hay muchas personas que no tienen la liquidez suficiente para poder solicitar la devolución de su dinero y finalmente termina perdiéndolo, y es el banco el que acaba quedándose con dicho dinero.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya reconoció que los bancos estaban obligados a devolver todo lo cobrado de más por ser declaradas nulas dicha hipotecas, y aunque el Gobierno indicaba que los clientes afectados pudieran reclamar de manera sencilla a los bancos en muchos casos el dinero en efectivo y en otros por la amortización parcial de la hipoteca pendiente, parece que no se está cumpliendo tal y como debería ser.
Una vez más la protección a las entidades bancarias por parte del Gobierno deja patente que la devolución de oficio prometida con la mayor celeridad posible sin necesidad de acudir a la Justicia, no se está cumpliendo. Este no es el Gobierno de la gente, hace tiempo que el bienestar y el interés por los españoles, les importa entre poco y nada. Como decía Aristóteles “No hace falta un Gobierno perfecto, se necesita uno que sea práctico”.
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