Nunca he sido partidaria de aceptar la transferencia de competencias a las comunidades autónomas… y, cada vez que sucede algo en nuestro país, no puedo sino reafirmarme: esta transferencia ha sido un error monumental que solo ha servido para dividirnos, generar desigualdades y enfrentar a los españoles entre sí.
Lo digo alto y claro: los españoles no somos iguales. Cuando mi hija era un bebé, en Madrid, tuve que pagar la vacuna contra el neumococo -PREVENAR-, porque, desgraciadamente, no estaba incluida en el calendario de vacunación -espero que en la actualidad sí lo esté-. En Galicia, por su parte, sí estaba cubierta. Una misma enfermedad, un mismo país, pero dos soluciones completamente diferentes. ¿Dónde queda la igualdad? ¿Qué sentido tiene que tu lugar de residencia determine si tu familia tiene o no derecho a la misma sanidad pública?
Y no se trata de un caso aislado. Hace unos días, un usuario anónimo -en lo que antaño se llamaba Twitter- denunció que, estando de vacaciones en un pueblo de Castilla, no le dispensaron la medicación recetada a su madre con la bonificación de la Seguridad Social. Sí, tuvo que pagarla de su bolsillo para, después, solicitar el reembolso en Madrid. Esto es indignante: parece que cruzar de una comunidad autónoma a otra fuera equivalente a cambiar de país. Ese no es mi concepto de España, un puzle de taifas donde cada región decide quién tiene derechos y quién no.
La educación es otro de los grandes despropósitos que suceden en España. No existe un sistema educativo nacional, sino 17 completamente distintos. Cada comunidad autónoma manipula los temarios a su antojo, según el color político del gobernante de turno. Si gobiernan unos, se omiten los crímenes de la izquierda; si gobiernan otros, se dulcifican los episodios incómodos de la derecha. Y mientras tanto, los alumnos se convierten en rehenes de una guerra ideológica que nada tiene que ver con su futuro.
Lo más grave ocurre en las comunidades que cuentan con una lengua cooficial: allí, el adoctrinamiento es lo suficientemente descarado como para denunciarlo a viva voz. El español, lengua común de todos, queda arrinconado y sustituido por el idioma regional de turno. Clases de matemáticas, historia o ciencias se imparten en gallego, catalán o valenciano, mientras que el castellano queda reducido a una asignatura más. ¿El resultado? Niños que no dominan correctamente nuestro idioma y que desconocen aspectos básicos de la cultura común. De hecho, he conocido a chavales que creen que el nombre real del río Tajo es Teixo, porque así se lo enseñaron en clase. ¿De verdad alguien piensa que esto favorece la igualdad de oportunidades?
Los informes PISA lo dejan absolutamente claro: las diferencias educativas entre comunidades autónomas son abismales. Un niño de León sale mucho mejor formado que uno de Canarias. ¿Cómo se explica esto? ¿Acaso no pagamos todos los mismos impuestos para, al final, ser discriminados? ¿No debería el Estado garantizar una educación de calidad, homogénea y justa para todos los españoles, vivan donde vivan?
Qué decir cuando hablamos de emergencias: ahí ya no se trata solo de desigualdad, sino de una negligencia que roza lo criminal. Lo vimos con la DANA en Valencia, lo sufrimos en los incendios que arrasaron pueblos enteros. Bomberos franceses llegaron antes que la ayuda estatal. Vecinos y voluntarios jugándose la vida mientras el monte ardía, porque la burocracia exigía esperar a que el presidente autonómico de turno solicitara la dichosa “emergencia de nivel tres”. Cuatro días viendo cómo las llamas se acercaban a las casas, con familias al borde de perderlo todo. ¿De verdad alguien puede justificar una espera tan absurda?
Lectores de Minuto Crucial, ¿de qué sirve un Estado que no actúa de inmediato para salvar vidas? ¿Qué pasa si el correo con la petición de ayuda no llega a leerse? ¿Qué sucede si el presidente autonómico se retrasa, por el motivo que sea? ¿Nos quedamos todos mirando cómo arden nuestros montes y se hunden nuestras localidades hasta que a alguien le dé por mover un papel? Así no funciona un país serio, sino una república bananera.
En situaciones críticas -incendios, inundaciones, terremotos, volcanes- el gobierno central debería movilizar todos los medios desde el minuto uno, sin esperar permisos, sin excusas, sin papeleo. Eso es lo que diferencia a un Estado responsable de un simple mercado de favores políticos. Pero, claro, eso no ocurrirá. La transferencia de competencias es el filón perfecto para que unos culpen a otros, para que los partidos jueguen con la desgracia de la gente y usen la tragedia como arma electoral. Mientras ellos se lanzan barro en el Congreso, los damnificados quedan solos, arruinados, intentando resurgir de sus cenizas con ayudas ridículas y promesas vacías.
La conclusión es dura, pero inevitable: España no es un país de ciudadanos iguales, sino un tablero de desigualdades diseñado a la medida de los políticos. Hasta que no dejemos de consentir este sistema de reinos de taifas, seguiremos pagando más, recibiendo menos y quedándonos desamparados justo cuando más necesitamos apoyo.
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