Un acusado de un delito borra pruebas de su inocencia a las horas de conocer que ha sido imputado no es creíble. Que ese mismo acusado destruya o haga desaparecer el teléfono en el que se encontraban esas pruebas tampoco es creíble. Que periodistas se acojan a su derecho a no revelar sus fuentes cuando al hacerlo puedan salvar a la persona a la que están defendiendo de su inocencia es difícilmente digerible. Que un Gobierno defienda en primer momento a todas las personas investigadas de su entorno, poniendo las manos en el fuego por ellos, existiendo fuertes indicios, hasta que aparecen las pruebas de que su inocencia es más que cuestionable, es un ejercicio de irresponsabilidad enorme y levanta serias sospechas. Que lo siga haciendo con un condenado por un Tribunal Supremo es sospechoso y alarmante, y podría dirigirnos a, efectivamente, ratificar la relación que podría haber, en base a la subordinación del condenado, en la comisión de los delitos por los que ha sido condenado cuando, además, ese Gobierno y su Presidente eran los más directos beneficiados de sus actuaciones. Que todo esto ocurra, además, con un Fiscal General, aumenta hasta los extremos todas estas deducciones lógicas, al ser una persona conocedora de las leyes y de las consecuencias de sus actos.
En los ecos de reacciones del Gobierno, del PSOE y sus seguidores resuenan las palabras de García Ortíz el día de autos, cuando se dirigía a la fiscal superior de Madrid: “Debemos ganar el relato”. O cuando le decía que lo importante no era si había filtrado los correos privados del abogado de Alberto González Amador, un señor sin relevancia pública más allá que aquella que lo relaciona con la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Mucho se ha hablado de si fue el primero o no en filtrar cuando, evidentemente, y como señaló el general Balas, máximo responsable de la UCO, era el fiscal general el que controlaba todas las informaciones, algunas de las cuales pidió expresamente para que obrasen en su poder. El relato estaba en poder de García Ortiz y ese relato fue el que se trasladó a través de los medios de comunicación revelando secretos que podían afectar a una persona privada en un proceso de investigación sobre presunto fraude fiscal generándole, por un lado, desprotección sobre datos protegidos y, en segundo lugar, una exposición pública que no debiera de haberse producido en ningún momento.
Muchos de los debates que en estos días de juicio se plantearon se centraron en si la primera información al respecto había partido del propio fiscal general del Estado o no, como si esto pudiera, en cualquier término, exculparlo como si un ladrón que roba tras el robo de un primero exculpara de su acción al segundo. Quedó probado desde el primer momento, y es incuestionable que García Ortíz dictó de su propia voz una nota de prensa con un objetivo muy concreto, rebatir una información publicada con anterioridad. Para ello era necesario que utilizara su cargo para acceder a esa información y usara información confidencial, cometiendo el derivado delito, y lo hizo. Cuando habla con la fiscal superior de Madrid refiriéndose al relato hace una aseveración muy reveladora, y es que habla en plural, “nos van a ganar el relato”. ¿A quiénes? La Fiscalía General es una, por lo que habla de persona o grupo de personas. Dejo la pregunta en el aire, pero todo parece indicar que, siendo un objetivo de relato en el que era importante para García Ortíz revelar la situación de González Amador, el interés es político, y con el claro objetivo de dañar la reputación de la Presidenta Ayuso, y ese grupo de personas interesadas debían ser el PSOE o algunos de sus miembros. ¿Quiénes eran los más beneficiados y a quién debía el fiscal general obediencia por haber sido nombrado por su cargo? No tengo más preguntas al respecto. Las respuestas, cada uno que las conteste.
El 6 de noviembre de 2019, en una entrevista en la televisión pública, Pedro Sánchez dijo: ¿Y de quién depende la Fiscalía? Lo cierto es que el Gobierno tiene prohibido dar instrucciones u órdenes al Fiscal General del Estado. El artículo 24 de la Constitución dice claramente que “La Fiscalía actúa conforme a los principios de legalidad e imparcialidad”, y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) indica con claridad que “el Gobierno puede comunicarse con el Fiscal General a través del Ministerio de Justicia, pero no puede dictarle órdenes ni instrucciones sobre procedimientos concretos”, “el Fiscal General no está jerárquicamente subordinado al Gobierno” y que “solo puede recibir órdenes internas dentro de la propia Fiscalía (del Fiscal General hacia abajo), nunca desde el Ejecutivo hacia arriba”. El simple comentario del Presidente en la televisión pública supuso un auténtico mazazo a la independencia de la Fiscalía General y reflejaba el poder que desde el Gobierno se ejercía sobre esta institución, algo legalmente no permitido.
Las acusaciones por parte de ministros del propio Gobierno, así como de dirigentes de los partidos políticos que lo sustentan en el poder suponen un nuevo ataque a la separación de poderes y a la independencia del poder judicial que se ve agravado más, si cabe, cuando se ha conocido la condena pero no la sentencia que se encuentra en redacción. No creo que tarde mucho en salir a la luz, habidas cuentas de la repercusión que la noticia ha tenido a nivel político y social.
Lo cierto es que en este país se permite sobrepasar todos los límites de la libertad de expresión mal entendida y se abusa de las responsabilidades superando con demasía los límites que establecen el punto en el que la opinión afecta al cargo que cada miembro de las instituciones del Estado encarna. Para comenzar, en el momento en el que la Justicia abre una investigación, debe ser la propia Justicia la que determine la culpabilidad o inocencia de los acusados. La Justicia no da cabida a cualquier denuncia. Los propios jueces ahora juzgados por el Gobierno y su entorno firmaron sentencias contra miembros del PP como la Gürtel y decidieron en muchas ocasiones no dar trámite a denuncias de VOX contra el mismísimo Presidente Sánchez. En la condena, que para muchos es excesiva, los jueces se ciñen prácticamente a la mínima expresión de las posibilidades que la propia Ley impone en el caso de culpabilidad en estos casos. Es más, si el objetivo hubiese sido político tenían en sus manos haber aplicado pena de cárcel, algo que no ha ocurrido.
Parece ser que todos estamos opinando sin conocer aún esa sentencia pero no todos confiamos en que la misma se ajuste a los términos de la condena y eso es realmente preocupante cuando es el propio Gobierno, especialmente interesado en la absolución de García Ortíz, quién se pronuncia atacando a los jueces. Y sí, coincido con la Presidenta Ayuso en que todo lo ocurrido es más propio de una dictadura, que no es como decir, como a algunos periodistas les ha parecido interpretar, que la Presidenta madrileña dijo que estamos en una dictadura. No, es evidente que no, pero sólo en las dictaduras se ejerce esa falta de responsabilidad, esa injerencia y esa falta de respeto hacia los jueces cuando no son propicios a los intereses del Gobierno. Y esto es lo realmente preocupante, que suceda en España y que tanta gente, sean o no de izquierdas, sean capaces de comprar ese relato.
Periodista, Máster en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos por la Universidad de Granada, CAP por Universidad de Sevilla, Cursos de doctorado en Comunicación por la Universidad de Sevilla y Doctorando en Comunicación en la Universidad de Córdoba.
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