Casi 40 años llevamos con el mismo sistema electoral. Una Ley Orgánica de 1985 que otorga el mismo poder de decisión a 34.000 turolenses que a 129.000 madrileños es de todo menos justa.
Con ella se beneficia a partidos que tienen mucho poder en provincias poco pobladas, aunque fuera de ellas no pidan el voto o ni siquiera los conozcamos. Se favorece así la división entre españoles al hacerles ver la utilidad de partidos locales que defiendan “lo nuestro” en lugar de nacionales que defiendan lo de todos. Dividir, enfrentar, buscar o inventar agravios es rentable electoralmente para esas formaciones. O sea, el sistema favorece a los más grandes y a los locales. Locales que luego chantajean a los grandes para obtener más beneficios para sus terruños.
No es comprensible que en el Congreso, donde se toman decisiones que afectan al conjunto de los españoles dentro de las atribuciones que tiene, haya formaciones locales. No tiene ningún sentido que un partido local de Cantabria decida la política de inversiones del Estado en la vecina Asturias o en Canarias. Para que los partidos locales decidan lo que les compete existen las autonomías o el Senado. Aunque lo mejor que se puede hacer con el Senado es cerrarlo por inútil, pero eso es otra cuestión.
Es por esto que los partidos de ámbito nacional que no tienen muchos votos concentrados en ningún sitio están claramente perjudicados. La mayor parte de los apoyos recibidos por esas formaciones son inútiles para obtener escaño y causan entre el electorado desaliento y frustración.
Fue siempre claramente el caso del PCE-Izquierda Unida y, sobre todo, de UPYD, primera formación que pidió el cambio de Ley Electoral. De los 310.000 votos que recibió este partido en 2008, su única diputada por Madrid obtuvo 132.000. Los demás, obtenido en el resto de España, fueron a la basura. Y en 2008 fue aún peor: de la cantidad de 1.143.000 votos de toda España, en Valencia y Madrid, lugares en los que obtuvo 5 escaños, les votaron 421.000 personas. Por tanto, más de 700.000 votantes vieron como sus papeletas servían para papel reciclado, en el mejor de los casos. 700.000 personas cuyo esfuerzo fue en vano. Con esta Ley, cualquier otra iniciativa política de similar corte e implantación está condenada al fracaso y eso lo saben muy bien los partidos viejos. De hecho, ahora también este problema lo sufren Ciudadanos y VOX pero no llevan tampoco visos de obtener nada aunque propongan un cambio.
Nunca se interesaron en ello ni el PP ni el PSOE porque creían ambos que iban a aprovecharse de su fuerza más o menos homogénea en toda España o que, en el peor de los casos, iban a compensar suficientemente su vacíos en algunas comunidades con un apoyo masivo en otras. Hasta ahora no les va mal del todo pero ya empiezan a ver los problemas de no tener suficiente implantación en Galicia, País Vasco o Cataluña, por ejemplo.
El PSOE, en concreto, anda más atareado en modificar el Código Penal para indultar a los golpistas, como ha dejado entrever el ministro de Justicia, o en introducir una Ley de Memoria Selectiva. O también en ir recortando las alas a la Corona para hacernos creer que es un órgano inútil o contraproducente y preparar el terreno para el derribo de la monarquía, como ya lo hicieran en 1931.
Tenemos un sistema de listas cerradas que se lleva muy bien con la falsa democracia interna de los partidos, en la que el que se mueve no sale en la foto, como ya nos advirtió Alfonso Guerra en un ataque súbito de sinceridad. Los partidos se aseguran de que los que están en puestos de salida son adeptos al régimen, con años de servilismo demostrado y, a ser posible, que nunca hayan hecho nada fuera de la política. Así, como Tom Cruise en “La tapadera”, se ven envueltos en una trama de la que no pueden salir y de la que depende su forma de vida, bastante agradable en muchos casos.
Hay notables excepciones de personas que tienen amor propio y se van, incluso dejando el escaño. Casi todas esas excepciones son no sólo criticadas por sus propios partidos, siempre con saña, sino que se ha conseguido que también la opinión pública las vea de forma negativa, cuando son el resultado de un ejercicio de rebeldía contra ese sistema cerrado de poder y una denuncia que debería servirnos para rebelarnos también contra él. También aquí se nota la infantilidad y el analfabetismo político de buena parte del electorado.
La reforma, por tanto, más urgente pasa por tres puntos: hacer que todos los votos cuenten lo mismo; que no se puedan presentar al Congreso formaciones locales y que haya un sistema de listas abiertas. Tampoco estaría de más estudiar si la circunscripción electoral debe seguir siendo la provincia o ampliarla a la Comunidad Autónoma. En ningún caso soy favorable a las circunscripciones uninominales, que sólo supondrían un agravamiento del problema al favorecer a caciques populistas locales. Estas propuestas, de llegar al Congreso alguna vez de nuevo, caerían en saco roto mientras no se produzcan profundos cambios internos en el PP y en el PSOE.
Del primero de ellos, tras la salida de Cayetana Álvarez de Toledo, ya podemos irnos despidiendo. Su posibilidad de aglutinar de nuevo los votos de centro derecha se difumina cada día porque ellos mismos se encargan de cortarse las alas. Y del PSOE, que está desembarcando a los suyos en RTVE, en la Fiscalía, en la Agencia EFE, en el CIS y en todos los órganos reguladores y creadores de opinión y que va más por la vía guerracivilista de enfrentamiento continuo que por la de mejorar la calidad democrática, no esperamos nada bueno.
Los defectos de nuestra democracia se podrían suplir con políticos con visión de Estado, sentido del deber y preocupación el futuro a largo plazo. Nada más distinto a la realidad actual. Vivimos una democracia a la que están empezando a tirarle las sisas y los sastres que hay no saben bordar ni coser sino poner parches.
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