El golpe que viene

La independencia judicial es una de las garantías de un Estado de Derecho. Debería decir que es la mayor y de la que depende que existan las otras. En España, el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, se encuentra hoy con que el mandato de sus vocales está caducado.

Para su renovación, la Ley Orgánica 6/1985 regula que son necesarios los votos de 3/5 de las Cortes por lo que, con la actual composición, el Gobierno tiene que contar con el principal partido de la oposición.  La opinión pública alejada de estos pormenores si no fuera porque ahora el Partido Popular se niega a negociar con el Gobierno esa renovación en la que los partidos del Gobierno pretenden imponer sus candidatos. PSOE y PODEMOS se encuentran así con un CGPJ cuya mayoría tacha de “conservadora” porque fue conformada en acuerdos tomados cuando el Partido Popular estaba en el poder y tenía mayoría en las cámaras.

Además, su sistema de nombramiento no garantiza suficientemente esa independencia y así nos lo ha recordado repetidamente en los últimos 20 años el GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa). Hace depender excesivamente al Poder Judicial de otro de los poderes, el Legislativo. Y eso es algo que atenta de raíz contra esa pretendida independencia.

No es esto lo que les preocupa ni al Gobierno ni a la oposición. Si así fuera, habrían atendido las propuestas que llevó al Congreso UPYD en su día para reformar el sistema haciéndolo más independiente, permitiendo que los propios jueces tuvieran mayor responsabilidad en la elección de sus órganos de gobierno, que es justo lo que nos pide Europa. Otra propuesta democrática modernizadora más de UPYD despreciada por los dos grandes partidos. No es una novedad.

Para este Ejecutivo es muy importante controlar el CGPJ colocando a los suyos.  Hay por delante un horizonte judicial intenso, con la revitalización de los casos que afectan al propio Partido Popular pero también a Podemos y, por supuesto, todo el asunto relacionado con el independentismo catalán, que promete novedades importantes.

Por ello, el Gobierno se propone, en un acto que seguramente constituye un fraude de Ley, modificar la citada Ley Orgánica de modo que sea necesaria para la renovación tan sólo la mayoría absoluta. Así, nada más que serían necesarios los votos de PSOE, PODEMOS y los nacionalistas que apoyaron la investidura, incluido Teruel Existe… Se conformaría así un Poder Judicial controlado en exclusiva por los partidos de izquierda y nacionalistas.

La necesidad de controlar el Poder Judicial ya se vio pronto por parte del Gobierno en el asunto del “prusés” al ordenar a la Abogacía del Estado no considerar el delito de rebelión y dejarlo en sedición, sustituyendo a los abogados díscolos que no se prestaron a la maniobra. Y, por supuesto, en el nombramiento de su ministra de Justicia, Dolores Delgado, como Fiscal General de Estado. No es frívolo citar que la pareja de Delgado es Baltasar Garzón, juez condenado y expulsado de la carrera judicial por prevaricación y dedicado a trabajar en la esfera internacional. Entre sus clientes están Hervé Falciani, Julian Assange, un millonario ruso acusado de blanqueo, Evo Morales y varios magnates venezolanos del petróleo.

No olvidemos que las modernas tiranías de izquierdas hoy saben que necesitan revestirse de un halo de “legalidad” para justificarse. Así movilizan a su favor a gran parte de la opinión pública en sus propios países y en el resto de democracias occidentales, dificultando las posiciones contrarias de gobiernos más pendientes de no disgustar a esa opinión pública que de hacer prevalecer la democracia en todas partes. Por eso, por ejemplo, asistimos en Venezuela a trapisondas legales para constituir asambleas legislativas y tribunales paralelos a los constitucionales, vaciando a estos de contenido, ilegalizándolos y nombrando nuevos cargos desde unas pretendidas normas legales. La fuerza bruta le sería más expeditiva a Maduro pero con ella perdería de golpe la poca legitimidad que le pudiera quedar.

Pues eso le pasa a Sánchez. Necesita la Ley para sortear la Ley. Ha hecho suya, curiosamente,  la máxima de Torcuato Fernández Miranda (“De la Ley a la Ley”) que sirvió para hacer la Transición y la aplica él ahora en su propio beneficio.

Por ello, si el Tribunal Constitucional no lo impide, estamos ante un cambio en los miembros de CGPJ que les permitirá a Sánchez y a Iglesias constituir las bases de su república.

Porque ese es el fin último de su labor en el Gobierno y lo pretenden alcanzar de dos maneras. La primera es agitando las calles creando un clima contrario a la monarquía y para eso en Podemos se han puesto a ello desde el primero hasta el último, sumándose a los partidos nacionalistas. Colaboran también maniobras no tan ostentosas pero si continuas de Sánchez, como impedir al Rey asistir a la recogida de despachos de los jueces en Barcelona. La segunda manera, y paralela a la otra, es recurriendo, como decía, a la Ley de forma torticera.

Los informáticos llaman “back door”, puerta de atrás, a determinadas brechas de seguridad en un programa, debidas o no a errores de programación, que permiten saltarse las barreras y acceder al sistema para hacer cualquier cambio. Pues bien, nuestra Constitución tiene una puerta de atrás muy importante.

El artículo 168 de la misma indica que el procedimiento para hacer modificaciones sustanciales supone la aprobación de esos cambios por mayoría de 2/3 en las Cortes, disolución de las mismas, aprobación de la reforma por las nuevas Cortes con la misma mayoría y, por último, referéndum. Es lo que se conoce como reforma agravada, frente a la ordinaria por mayoría absoluta que permitió, por ejemplo, la modificación del art. 135 en época de Zapatero.

Con ese método, es realmente complicado hoy obtener mayorías como para cambiar, por ejemplo, la forma de Estado e instaurar una república. ¿Y cuál es la “puerta de atrás”? Pues que para reformar el propio artículo 168 basta con el procedimiento ordinario. Esto es: se puede reformar ese artículo con mayoría absoluta de modo que estableciese, por ejemplo, que se pudiera cambiar toda la Constitución sólo con esa mayoría.

Al día siguiente, los mismos partidos que eligieron a Sánchez como presidente del Gobierno podrían instaurar “legalmente” una República. Es un fallo de la Constitución no previsto por quienes, con más buena voluntad que criterio, no esperaban que a la política española concurrieran personajes de la más baja estofa, tan cínicos, con menos escrúpulos y tan malintencionados como los que tenemos actualmente en el poder.

Si Sánchez e Iglesias se salen con la suya en esta modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, habrán abierto camino para esa otra reforma aún más perniciosa y, entonces ya sí, absolutamente bolivariana. Cuando, tras leer esto, puedan ustedes cerrar la boca, les pido que hagan algo para impedir lo que viene porque me temo que cada vez estamos más cerca de un autogolpe de Estado al estilo Fujimori.

Aunque quizá ustedes, con su buena voluntad y su característico optimismo, podrían decirme que nunca el Tribunal Constitucional podría permitir un cambió así. Pues bien, resulta que el Título IX de la Constitución, que prevé que la mayoría de los miembros de ese tribunal (los que no son nombrados por el Gobierno y el CGPJ) necesitan 3/5 de las cámaras para ser nombrados, también puede ser modificado por mayoría absoluta y por tanto se puede repetir la misma maniobra.

No necesito decirles más. En definitiva, “De la Ley a la Ley”, en cuestión de meses, podrían Sánchez e Iglesias proclamar la República sin oposición legal alguna.

Ya pueden volver a parpadear.

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