El apagón producido el 28 de abril de 2025, que dejó a España y Portugal sin electricidad durante horas, afectando a millones de personas, paralizando transportes, hospitales, centros de datos y la economía en general, no fue un “accidente imprevisible” ni un simple fallo técnico aislado, sino la consecuencia lógica de una política energética ideologizada, impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, que priorizó un modelo basado exclusivamente en energías renovables intermitentes mientras despreciaba y programaba el cierre progresivo de la energía nuclear, la fuente más estable, fiable y descarbonizada que tenemos en España.
El pasado lunes, el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados organizó una jornada de análisis en la Sala Constitucional, bajo los retratos de los siete padres de la Constitución y el cuadro El abrazo, de Juan Genovés. Tuve la ocasión y el honor de asistir gracias a la asistente del diputado Guillermo Mariscal, Arancha Santana, que tuvo a bien aceptar mi solicitud. Desde aquí, muchas gracias por concederme la oportunidad.
La sesión, presentada por Alberto Núñez Feijóo y con la presencia de varios diputados del PP, reunió a expertos de primer nivel. Los ponentes fueron Manuel Fernández Ordóñez (The Good MAFO), Alfredo García (Operador Nuclear), Javier Revuelta (responsable de AFRY Management Consulting), Ester Jara (de la patronal siderúrgica), Armando Layna (sector de centros de datos) y Jesús Gil (coordinador de Seguridad y Emergencias de Madrid). La charla fue dinámica y didáctica, y las conclusiones resultaron meridianas: hubo un responsable directo —el Gobierno, a través de Red Eléctrica de España (REE)— y es urgente revertir el calendario de cierre de las centrales nucleares.
Los informes técnicos, incluido el del panel europeo de expertos de ENTSO‑E, describen un fenómeno de sobretensión rápida e incontrolada que provocó oscilaciones, desconexiones en cascada y la pérdida de hasta 15 GW de generación en pocos segundos. El incidente se produjo en un contexto de alta penetración de renovables —solar fotovoltaica especialmente—, baja demanda y, sobre todo, escasa inercia en el sistema. Las renovables basadas en inversores no aportan la estabilidad rotacional que sí proporcionan las turbinas de las centrales nucleares, de gas o hidroeléctricas convencionales. Cuando surgió la perturbación, el sistema carecía de la capacidad de amortiguación necesaria para evitar el colapso.
Algunos de los ponentes, con décadas de experiencia en el sector nuclear, subrayaron en la jornada que este tipo de vulnerabilidades no son inevitables. La nuclear ofrece potencia base continua, controlable y con gran capacidad de proporcionar servicios complementarios de tensión y frecuencia. Precisamente lo que faltó aquel 28 de abril. Alfredo García ha insistido repetidamente en que la nuclear es “oro” para industrias que requieren suministro constante, como los centros de datos, y así lo confirmó Armando Layna.
El informe aprobado a instancias del PP en la Comisión de Investigación culpa al Gobierno, a Red Eléctrica y al marco regulatorio de fallos estructurales y de haber ignorado avisos técnicos previos. Aunque los informes gubernamentales hablan de responsabilidad “multifactorial”, la realidad es que el modelo energético diseñado por el Ejecutivo —reflejado en el PNIEC— ha empujado el sistema hacia un extremo de intermitencia sin garantizar las herramientas de respaldo y estabilidad necesarias. Aunque el Gobierno no asuma responsabilidades, tácitamente sí que lo está haciendo desde el día siguiente al apagón, dado que desde entonces han diseñado un sistema “reforzado” en el que están primando en el mix energético la producción de energías de potencia firme —nuclear, hidroeléctrica y gas— en detrimento de las renovables. ¿Es una autoacusación encubierta?
El Gobierno de Sánchez mantiene el calendario de cierre de las centrales nucleares acordado en 2019: Almaraz en 2027‑2028, Ascó y Cofrentes hacia 2030‑2032, y Trillo y Vandellós II en 2035. Esta decisión, reforzada en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, responde más a presiones ideológicas de sectores ecologistas y aliados parlamentarios que a criterios técnicos o económicos. España se ha convertido en uno de los pocos países europeos que persiste en abandonar la nuclear mientras el resto —Francia, Suecia, Finlandia, Polonia— la mantiene o amplía como pilar de la descarbonización. Alemania está pagando muy cara su desnuclearización y su entrega al gas ruso, y ahora está incluso quemando carbón con el apoyo de… ¡los Verdes!
Este desprecio tiene consecuencias directas. La nuclear genera alrededor del 20% de la electricidad española, con un factor de carga superior al 90%, emitiendo prácticamente cero CO₂ durante su operación y proporcionando la inercia y los servicios de ajuste que las renovables no pueden ofrecer de forma natural. Su cierre progresivo obligará a sustituirla con más gas o con renovables, que requerirán ingentes inversiones en almacenamiento y redes, además de aumentar la dependencia exterior y la volatilidad de precios.
Los expertos de la jornada coincidieron en que mantener y ampliar la vida útil de las nucleares no solo es compatible con la transición ecológica, sino imprescindible para garantizar la seguridad de suministro. Javier Revuelta, desde la consultoría técnica, y Ester Jara, desde la industria siderúrgica intensiva en energía, alertaron de los riesgos para la competitividad industrial. Un sistema frágil como el actual expone a España a nuevos incidentes y a precios más altos para consumidores e industrias.
Feijóo fue contundente al inaugurar la jornada: el apagón fue “el resultado directo de una política energética ideologizada”. Apuntó directamente al Gobierno, a las ministras de Transición Ecológica —Teresa Ribera y Sara Aagesen— y a la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor. Ninguno ha asumido responsabilidad alguna. Mientras Red Eléctrica se defiende argumentando que cumplió la normativa y las eléctricas devuelven las acusaciones, el PP sostiene, avalado por los informes técnicos más solventes, que la culpa última recae en quien diseña el modelo: un Gobierno que ha sometido la planificación energética a criterios políticos en lugar de técnicos.
El contraste con otras legislaturas es notable. Durante gobiernos anteriores, se transitó por una “tierra de nadie” en materia nuclear, sin atreverse a levantar la moratoria ni a apostar claramente por esa energía. Hoy, Feijóo parece haber cambiado el rumbo y defiende decididamente la nuclear como parte esencial del mix energético. Ojalá también, más adelante, cuando gobierne, decida acabar con esa moratoria y volver a la construcción de nuevas centrales, aunque solo sea para prever el futuro cierre de las actuales y su sustitución, una vez prorrogado su uso hasta lo que sea técnicamente posible y seguro.
La conclusión evidente es que hay que corregir el rumbo. Un año después del apagón, las lecciones están sobre la mesa. España necesita un sistema eléctrico robusto, con generación base fiable, capacidad de respuesta rápida y planificación realista. Mantener las centrales nucleares no es un capricho del pasado; es una necesidad del presente y del futuro. Revertir su cierre previsto, extender su vida útil donde sea técnicamente viable y planificar nuevas unidades modernas es la forma más racional de evitar nuevos “ceros energéticos” y de asegurar un suministro asequible, estable y descarbonizado.
Sin duda, ignorar las conclusiones de los ponentes, como parece empeñado el Gobierno actual, no solo desprecia la evidencia técnica expuesta por los expertos, sino que pone en riesgo la seguridad nacional, la industria y el bienestar de los ciudadanos. El abrazo simbólico de Genovés en la sala del Congreso debería recordarnos que, en momentos de crisis, la unidad pasa por anteponer el interés general —y la realidad física del sistema eléctrico— a dogmas ideológicos. Revertir el cierre nuclear no es una opción; es una obligación para un país serio.
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