España se encuentra en una encrucijada que marcará el futuro de nuestra convivencia y la sostenibilidad de nuestro Estado de bienestar. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez insiste en una hoja de ruta marcada por la improvisación y la cesión ante sus socios minoritarios, desde el Partido Popular tenemos clara una premisa que debería ser puro sentido común: sin legalidad no hay integración y sin orden imposible que haya seguridad.
La reciente aprobación del Real Decreto para una regularización extraordinaria de cientos de miles de personas no es un acto de humanidad, sino uno de profunda irresponsabilidad por parte de este Gobierno. Al anunciar a bombo y platillo que en España “todo vale”, Sánchez y compañía además de enviar un mensaje devastador a nuestras fronteras, también alimenta consciente o inconscientemente el negocio de las mafias que trafican con la desesperación humana. Como bien ha señalado Alberto Núñez Feijóo, esta medida es inhumana, injusta e insegura.
Queridos lectores y españoles, no podemos permitir que nuestro país sea el único de la Unión Europea que camine en dirección contraria al nuevo Pacto de Migración y Asilo. Porque para quienes no lo sepáis, en otros países de la Unión Europea o que están haciendo es reforzar el control de sus fronteras, además de exigir retornos efectivos, cosa que el sanchismo se dedica a premiar la irregularidad regulándola.
Esta política de “puertas abiertas” sin recursos asociados traslada el problema directamente a nuestras comunidades autónomas y ayuntamientos, que son, al fin y al cabo, quienes deben gestionar unos servicios que ya, incluso hoy por hoy, permanecen completamente saturados. Es por ello que surge la necesidad imperiosa de aplicar la prioridad nacional. No se trata de excluir por origen, sino de proteger por derecho: los recursos públicos, limitados por definición, deben priorizar a quienes cumplen la ley y contribuyen al sostenimiento del sistema.
Frente al modelo roto de Sánchez, el Partido Popular de Feijóo propone tres cosas: fronteras seguras, reforzándolas de inmediato con los medios materiales y humanos para nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; inmigración circular, fomentando la llegada legal vinculada estrictamente al mercado laboral y a las necesidades reales de nuestra economía; y prioridad en las ayudas, garantizando que el esfuerzo fiscal de los españoles se destine primero a asegurar el bienestar de quienes están en situación legal.
El debate no es «inmigración sí o inmigración no», sino entre el caos migratorio que propone la izquierda —negociado en despachos con quienes aspiran a debilitar la unidad nacional— o el modelo de orden que defendemos nosotros. Donde más se siente el fracaso del sanchismo no es en los despachos de Madrid, es en nuestros ayuntamientos y comunidades autónomas. Es ahí donde la realidad se impone a la ideología. La llegada masiva y desordenada de personas satura los servicios sociales, tensiona el sistema sanitario y complica la gestión educativa.
Gobernar es priorizar y, en un contexto de recursos públicos limitados, nuestra obligación es garantizar que el esfuerzo fiscal de los españoles se destine primero a asegurar la calidad de vida de quienes cumplen con sus deberes ciudadanos. No se trata de rechazar al que viene a trabajar, se trata de no colapsar el sistema, un sistema que terminaría perjudicándonos a todos.
En definitiva, España no puede ser el laboratorio social de un Gobierno en descomposición. Porque gobernar no es emitir decretos esporádicos para salir del paso; gobernar es prever, proteger y, sobre todo, cumplir y hacer cumplir la ley. Por el futuro de nuestros barrios y por la dignidad de nuestra nación, es hora de poner orden.
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