Decía el director de cine Cecil B. DeMille que las películas deben empezar con un terremoto y, de ahí en adelante, ir ganando intensidad.
Pues empecemos: sobre el asunto de la inmigración ilegal, no me importa absolutamente nada lo que digan los tratados internacionales ni las instituciones europeas. Y soy partidario de incumplir los que haga falta porque la situación se va a volver desesperada si no lo hacemos ya.
Esos tratados fueron firmados generalmente por gordos septuagenarios buenrollistas con un amplio complejo de culpa, provenientes de países que en el pasado se dedicaron a utilizar África como finca particular. Y de ahí se ha pasado al extremo contrario: para expiar esas culpas, sólo les faltó otorgarles en esos documentos huecos a todos ellos la nacionalidad europea por el simple hecho de pedirla.
A partir de ahí, prosigamos. Desde 1950, la población europea ha pasado de 550 a 740 MM de habitantes. La africana, de 223 a 1187 MM. Imaginen esa proyección a 40 años vista.
Decía yo la semana pasada que tenemos que conformar en España y en Occidente una democracia armada contra sus enemigos. Y armada no sólo con gestos amplios, palabras huecas, mesas de diálogo inútiles y contemporizaciones banales, sino armada con lo que sea necesario. Incluso con armas, de esas de las que dice Rufián que no debemos gastar más dinero en ellas.
Lo que estamos viviendo en Canarias, como en la costa mediterránea, Ceuta y Melilla, no es algo asumible. Y no hablo de si las personas que vienen lo hacen por huir de guerras, del hambre o de dictaduras. Es que, en verdad, es indiferente. Sean los motivos que sean, no es posible admitir a todo el que quiera venir y esa es una verdad incuestionable. Y seguramente hay dramas personales tras muchos de esos viajes pero las matemáticas son muy tozudas y en un país de 47 MM de personas no caben 1187.
El Tribunal Constitucional acaba de admitir las llamadas “devoluciones en caliente», lo que debería ser suficiente para empezar a tomar medidas mucho más duras contra los que llegan ilegalmente a España y contra las mafias que los traen. Pero también contra los que desde España se organizan para fomentar el “efecto llamada”, asociaciones de todo tipo que se valen de subvenciones de todas las administraciones para hacer más atractivo a los extranjeros el incumplimiento de la Ley. Saben que a su llegada les esperan con los brazos abiertos, prestos para organizarles una vida mejor a costa de los impuestos de los demás.
Para empezar, deberíamos llamar a las cosas por su nombre. No son “migrantes”, son delincuentes. Si a mí me encuentran en Mali, Nigeria, Camerún o Guinea sin documentación, dudo mucho que haya asociaciones dispuestas a facilitarme la vida preguntándome por qué huyo de España. Lo más probable sería encontrarme con una mazmorra y una deportación fulminante.
Pues hay que empezar a actuar ya en seis acciones simultáneas.
1.- Expulsión inmediata de los extranjeros de los cuales se sepa su nacionalidad y su país la admita, en cumplimiento de esa sentencia del Tribunal Constitucional. Se necesita una estrategia común española y europea para forzar a esos países a impedir la emigración y a aceptar la devolución bajo pena de graves sanciones para sus dirigentes.
2.- Internamiento en campamentos militares del resto de ilegales hasta que sea posible su deportación, dure el tiempo que dure y sin ninguna posibilidad de inserción en una sociedad a la que han llegado de forma ilegal. No es admisible la pretendida integración aquí de alguien que comienza por saltarse nuestras leyes de entrada. Con atención humanitaria, por supuesto, pero sin ningún tipo de privilegios, al contrario de lo que sucede ahora, cuando algunas ONG’s hasta les facilitan teléfonos móviles. Estos internos estarían bajo custodia judicial, evidentemente, pero sin intervención ninguna de ONG’s. Estarían tan sólo supervisados por instituciones españolas o europeas.
3.- Expulsión inmediata de los extranjeros que residan legalmente pero que sean condenados por determinados delitos a penas inferiores a un año de prisión. Para condenados que superen esa pena, expulsión inmediata tras el cumplimiento de la misma. Esto está previsto en nuestras leyes ya de forma parecida, por lo que no es algo novedoso, pero es que apenas se cumple.
4.- Inclusión de todos ellos en una lista para no ser admitidos JAMÁS en España. Quien no quiere cumplir nuestras normas, no merece la oportunidad de estar entre nosotros.
5.- Fomentar la llegada de inmigrantes LEGALES que deseen cumplir nuestras leyes y respetar nuestras costumbres. Serán bienvenidos y deben ser respetados.
6- Vigilar la educación de sus hijos para que sea de modo muy distinto a lo que sucede en muchas ocasiones. Es inadmisible que muchos de los atentados islamistas cometidos en Europa los hagan hijos de inmigrantes nacidos y criados aquí. Se debe prestar especial seguimiento y, si fuera necesario, prohibición, a las manifestaciones religiosas que fomenten el odio, la discriminación de la mujer o se muestren críticas con los derechos que tenemos en Occidente como fundamentales, como es el de la libertad de expresión. No es tolerable que personas que vienen de regímenes teocráticos y fundamentalistas quieran imponerlos aquí.
Esto es lo que debe hacerse en España y en toda Europa si queremos sobrevivir. Si queremos que nuestras conquistas sociales y derechos también sobrevivan. Las fatales consecuencias de no hacer esto ya las está padeciendo Europa desde hace años. Desde Suecia hasta Gran Bretaña, pasando por Austria, Holanda o Francia. Y Turquía nos chantajea para que no nos arroje 2 millones de sirios que acoge en su territorio mantenidos con dinero europeo.
En definitiva, no podemos quedarnos de brazos cruzados porque, de seguir así, dentro de poco las leyes no las podremos ya cambiar nosotros sino ellos. Cada año se suicidan en España 4000 personas pero, a este paso, nos suicidaremos colectivamente los 47 millones de españoles y los 700 de europeos. Y para eso falta mucho menos de lo que parece.
Un artículo muy necesario