Con datos del informe anual 2022 de la Organización Panamericana de la Salud, por sus siglas OPS, auspiciado por la Organización de Estados Americanos (OEA), denominado Control de Tabaco en la Región de las Américas; En el México y 34 Estados miembros más son parte, nuestro país encabeza el sexto lugar con el mayor incremento de fumadores adultos.
Es importante destacar que México, al ser Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al aprobarse la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ODS), en la meta 3.4, que a la letra puntualiza: “Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar”; así como la meta 3.a, que específica: “3.a Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco en todos los países, según proceda”. Lo anterior, debe considerarse al tabaquismo la puerta a enfermedades no transmisibles como lo son el cáncer, diabetes, enfermedades crónicas y respiratorias, situaciones clínicas que encausan a enfermedades terminales; recordando que el tabaco tiene componente activo adictivo principal la nicotina.
En la praxis, la compra y venta de tabaco es un acto de comercio legal, así como lo es el consumo de bebidas embriagantes que, este último, a comparación del cigarro, su consumo genera una repercusión y daño físico a tercero. En precisión, no es tema menor hacer mención a los fumadores pasivos, teniendo los dos indistinta y directamente las mismas consecuencias. Este resultado que lleva a México al límite de implementar políticas y acciones frente a este desafío de salud pública.
Tras las recomendaciones recibidas de los organismos internacionales de salud, siendo indicador de situación de riesgo principal la actual pandemia SARS-COVID, donde cualquier predisposición física detone y agrave indeterminadamente cualquier enfermedad respiratoria. Más allá de la categorización imaginaria en el aspecto filosófico de alternativas de consumo de tabaco, de status quo, bajo la creencia que fumar o vapear los famosos cigarros electrónicos, mejora la concentración o alivia el estrés, y que ayuda a disminuir el consumo del mismo, es una falacia y engaño a la salud pública.
Siguiendo esta lógica de los vapeadores y/o cigarros electrónicos, en su llegada a México en el año 2010, aproximadamente, de acuerdo a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), su venta se disfraza de paliativo como alternativa para reducir el consumo del cigarro tradicional. Si observamos sus componentes externos, en su mayoría es plástico, por ser un producto de un solo uso, desechable en su totalidad y al ser un material contaminado, es difícil de someterlo a procesos de reutilización y reciclaje por los componentes químicos inherentes al producto; lo cual impacta a los incontables litros de agua que se contaminan, resultando doblemente negativo para el medio ambiente, toda vez que ni siquiera existe una vía de solución para su recolección y destino final como desecho tóxico por parte de los productores.
El tema del análisis de disminuir el consumo del tabaco en la agenda pública y gubernamental no es reciente. Las autoridades del sistema de salud han determinado al tabaquismo una enfermedad social, toda vez que el fumador no juega como protagonista principal en el escenario en que se actúa, sino que también el no fumador, ya sea fumador pasivo o algún individuo con vínculo afectivo también resiente los daños, y no sólo en la familia nuclear, sino que también terceras personas cercanas en escenarios permitidos donde se ejerce la venta y consumo de tabaco, como lo son los lugares de consumo de alimentos y centros de entretenimiento.
Estos lugares, como antecedente, fueron el tema central de debate legislativo en la agenda gubernamental para la recaudación del gravamen a causa de estos productos, toda vez que, grosso modo, el gobierno de México determinó como un tema importante de salud pública la enfermedad de tabaquismo. Puntualmente, determinó hace unos años de manera paliativa y transitoria en el sistema mexicano financiero, como finalidad extrafiscal, la recaudación del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), gravamen que se extingue como obligación fiscal por la producción y venta o importación de gasolinas, alcoholes, cervezas y tabaco, entre otros bienes, resultando en la praxis una afectación económica a quien extingue esta obligación, es decir, el pago es dirigido concretamente al último rubro de la cadena económica, siendo el consumidor final del producto. Resultando el destino final de la recaudación estos recursos públicos, o lo que es lo mismo, del gravamen, el financiamiento indirecto de las instituciones públicas de salud, para el tratamiento de las enfermedades, en este caso, el tabaquismo costeado por el propio consumidor final.
Esta medida paternalista en el sentido prohibitivo, ¿La sanción económica denominada multa es la solución?, ¿Con esta medida bajarán el impacto de los índices de adicción de este producto?, la respuesta es NO, únicamente, su recaudación. Subrayo, que las autoridades del sistema de salud mexicano deben reforzar su apuesta a la prevención, toda vez que el consumo del tabaco es el primer escalón social al que se enfrenta, no sólo porque estadísticamente al igual que el alcohol en promedio, desde la edad adolescente aunada a las circunstancias socio-culturales en las que se desarrolle el adolescente, es propicio a que este consumo sea la puerta al consumo de otras sustancias.
Ahora, resultado de otro debate legislativo, el pasado 15 de enero del presente 2023, se presentaron reformas y adiciones a diversas disposiciones en la Ley General para el Control de Tabaco, donde se aplican restricciones a los lugares de consumo de alimentos y centros de entretenimiento, tanto para los prestadores de servicio como los consumidores, donde medularmente establece la prohibición a los consumidores de fumar en lugares de consumo de alimentos incluyendo terrazas y balcones o lugares de concentración poblacional como centros de espectáculo y entretenimiento.
En cuanto a los propietarios o administrativos, la imposición es establecer zonas exclusivas y estratégicas al aire libre para única y estrictamente fumar, fuera de toda exposición de publicidad, venta o hasta anunció subliminal de consumo, con la finalidad de proteger contra la exposición y emisiones de humo tanto al personal que labora como al público que también concurra en el lugar. Estas medidas gubernamentales además serán vigiladas para su cumplimiento por verificadores avalados por la Secretaria de Salud, a manera no intrusiva con el objetivo de capacitar y orientar mediante visitas ordinarias y extraordinarias. El cumplimiento prologando y efectivo de estas medidas y así evitar multas mínimas desde veinte mil hasta un millón pesos mexicanos para consumidores, negocios y tabacaleras.
Frente a esta implementación es necesario precisar, que la mirada del gobierno paternalista al que México se encuentra inmerso, para algunos de manera tajante y extremista, ya que asesores de restauranteros han manifestado que la única salvación frente a estas medidas es la promoción de amparos. Si bien es cierto que el actuar del gobierno mexicano debe abanderarse bajo las premisas del deber ser, como lo son los fines del derecho siendo el bien común, en escala de valores jurídicos, debe ponderarse el derecho al libre acto de comercio de objeto lícito y el derecho a la salud pública, bajo la luz del bien común y de la garantía de derecho a la salud universal.
Sería importante como punto de inflexión analizar la siguiente interpretación surrealista: ¿No es ambivalente que por un lado se implementen medidas antitabaco y por lado se tenga en foco la legalización del Tetrahidrocannabinol con fines recreativos? Bajo esta premisa, se pretende endurecer el acto de consumo de tabaco, cuando por otro lado, se quiere apertura su mercado lícito con otras sustancias. Considero que el gobierno ha implemento medidas bajo la presión de salud internacional sin intereses motu propio de su Estado y que los demás temas queden únicamente en la congeladora de la agenda gubernamental.
Que hay detrás del consumo tan alto de tabaco, si la raíz del tejido social a largo plazo es y será la primera educación que se da desde la familia nuclear, así como el presupuesto para la comunicación social en temas la prevención desde los sistemas de salud y las instituciones educativas; es urgente hacer consciencia de los indicadores que detonan el consumo, como lo es uno de ellos el estrés y la ansiedad que también mundialmente está siendo catalogada como enfermedad pública, mismo que se refleja en estadísticas de encuestas nacionales, adicionado a otros temas como el control de la regulación de venta de tabaco a menores, o el contrabando y fabricación ilícita de estos productos, siendo temas específicos de otro objeto de análisis, que indudablemente son predisposiciones que repercuten al estar inmersos en este sistema con falta de consciencia.
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