De fuera vendrán y de tu casa te echarán: Okupas

El movimiento okupa irrumpió en España a finales de los años 70. Una influencia que llegó a nuestro país por parte de los squat ingleses que eran de corte anarquista y que, a su vez, se encontraban persuadidos por un movimiento de origen holandés denominado PROVO. Estos últimos se limitaban a atacar estructuras sociales y de corte política del Estado.

España se ha convertido en el Jardín del Edén para los okupas. La legislación vigente parece otorgar más derechos a este colectivo de viviendas que al propio dueño de esta. En el Título I sección 2ª de los Derechos y Deberes de los Ciudadanos de la Constitución, en su artículo 33 es donde se reconoce el Derecho a la propiedad privada. Si era complicado el desalojo de los okupas para recuperar los inmuebles ocupados contra la voluntad del propietario, ahora con la Nueva Ley de Vivienda de Pedro Sánchez les ha tocado el gordo de la lotería.

Esta ley elaborada por PSOE y Podemos, cabe recordar que está respaldada por, entre otros, partidos independentistas de extrema izquierda como son ERC y Bildu. Con ella facilitan la permisividad de los ocupantes para que los dueños de las viviendas vean aún más mermadas sus posibilidades de poder recuperar los inmuebles.

Los cambios en la Ley de Enjuiciamiento Civil para los procesos de desahucios de los okupas permitirán mayor facilidad a la hora de quedarse en el domicilio ocupado, por lo tanto, serán mayores las trabas que se pondrá al dueño para proceder al desalojo del usurpador. La futura normativa va a dejar atónitos a muchos, ya que los afectados obtendrán una posible solución ante su problemática… dependiendo del Gobierno, o lo que es lo mismo, todo dependerá si el propietario es considerado de “gran tenedor” o “pequeño propietario”.

Algunos os preguntaréis ¿qué se considera ‘Gran tenedor’? La respuesta se haya en que es toda aquella persona física o jurídica que es propietaria de más de cinco inmuebles, estando excluidos los garajes y trasteros como tal. Por lo tanto, a los pequeños propietarios, el Gobierno les plantea dos obligaciones nuevas para poder recuperar su vivienda: la primera demostrar que no son un ‘gran tenedor’ y la segunda que deben indicar que su vivienda invadida es la habitual. Si estos dos requisitos no se cumplen, la demanda se desestimará. La verdad, no doy crédito a ello. ¡Los okupas con más derechos que las personas de bien!

Por su parte, en el caso de los considerados como ‘gran tenedor’, las dificultades que se les presentan son aún mayores, dado que, para ejecutar el desalojo, es el propio propietario el que tiene que encargarse de demostrar si el okupa se encuentra o no en riesgo o es perteneciente a un colectivo denominado como de exclusión social. Esta cuestión resulta casi imposible de conseguir, porque ningún usurpador de viviendas daría su beneplácito para que el dueño del inmueble obtenga su informe de vulnerabilidad. Un despropósito que causará gastos y demora en el tiempo por parte de los propietarios, a la que muchos ni siquiera podrán recurrir.

Pero, tranquilidad, porque Pedro Sánchez lo tiene todo controlado. El Senado ya anunció nada más y nada menos que la construcción de 200.000 viviendas públicas de alquiler asequible en terrenos ministeriales. Teniendo en cuenta que sus promesas inmobiliarias son una quimera, desde que lo prometió en el año 2019… y de las cuales se han construido aproximadamente 0.

No obstante, nos encontramos a las puertas del inicio a la campaña electoral. Esta comienza el 12 de este mismo mes y parece que aquí todo vale: petanca, baloncesto, correr, visitar librerías, prometer viviendas que tardarían en construirse, por lo menos, dos legislaturas y lo que más le gusta… visitas fake para asistir a sus mítines con el Falcon. Todo un teatrillo montado para satisfacer los deseos de aquellos que persisten junto a Sánchez, a aquellos que forman parte de alguno de sus chiringuitos y de la propia ambición narcisista del Presidente del Gobierno el cual piensa más en los derechos de los delincuentes que en el beneficio y seguridad de los propios ciudadanos.

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