Lo que se vio el martes en En boca de Todos (Cuatro), con Sarah Santaolalla, no es periodismo, sino otra cosa: un espectáculo de confrontación, ruido y teatralización política que poco tiene que ver con el oficio que durante décadas se entendió como uno de los pilares de cualquier democracia seria.
Conviene empezar por lo básico: el periodismo no consiste en montar shows, ni en actuar como una activista en un plató, ni en convertir cada intervención en un ataque personal contra el adversario político. El periodismo es informar, contrastar datos, preguntar con rigor y debatir desde la responsabilidad pública que implica tener un micrófono delante.
Cuando una tertulia termina transformándose en un espacio donde se lanzan insinuaciones, acusaciones sin pruebas o ataques propios de una discusión infantil, lo que se está haciendo no es informar: se está degradando una profesión entera. El problema, además, no es solo individual, sino estructural. España lleva años evitando un debate que, tarde o temprano, tocará afrontar: la regulación seria de la profesión periodística.
En prácticamente todas las profesiones con impacto público existe un marco claro de responsabilidades. Un policía tiene su número de placa. Un médico tiene su número de colegiado. Un farmacéutico también. Un vigilante de seguridad debe estar habilitado. Incluso muchas profesiones técnicas requieren acreditación y registro profesional. Sin embargo, en el ámbito del periodismo cualquiera puede ocupar un espacio mediático nacional sin ningún tipo de responsabilidad profesional formal, más allá de la línea editorial de la empresa que lo contrata. El resultado está a la vista: tertulias convertidas en trincheras ideológicas donde algunos confunden informar con hacer activismo político desde un plató.
Esto no solo perjudica al debate público. También perjudica a los miles de estudiantes que cada año entran en las facultades de periodismo con la intención de ejercer una profesión seria, basada en el rigor y en el contraste de la información. Cuando lo que ven en televisión son espectáculos de confrontación permanente, el mensaje que reciben es devastador: que el periodismo ya no es una disciplina profesional, sino un escenario de batalla política.
Por eso, el próximo gobierno que llegue a España debería abordar, sin complejos, una reforma profunda del marco profesional del periodismo. Quien quiera ejercer como periodista en medios de comunicación debería hacerlo con un número de colegiado o acreditación profesional visible, del mismo modo que ocurre en otras profesiones con responsabilidad pública.
No se trata de censurar ni de limitar la libertad de expresión. Cualquiera es libre de opinar en Twitch, en X, en YouTube o en cualquier plataforma digital. Pero el periodismo profesional debe diferenciarse claramente del espectáculo o del activismo político. Si alguien quiere montar un show, escribir novelas políticas o convertir la política en entretenimiento, tiene todo el ecosistema digital para hacerlo. Pero el periodismo es otra cosa. Si a nosotros, los usuarios de las redes, nos quieren identificar, nosotros, los ciudadanos, también exigimos identificarlos a ellos.También sería sano abrir el debate sobre el uso de recursos públicos en el ecosistema mediático. Los ciudadanos no pagan impuestos para financiar guerras de tertulia ni para alimentar estructuras que convierten la información en propaganda o espectáculo banal.
En definitiva, el caso que vimos hoy es solo un síntoma de un problema más profundo. Si España no empieza a tomarse en serio la profesionalización del periodismo, seguiremos viendo cómo el debate público se degrada y cómo los platós se llenan de personajes que confunden el oficio de informar con el arte de provocar. Y cuando el periodismo deja de ser periodismo para convertirse en circo, quien pierde no es solo la profesión. Pierde la democracia.
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