Hay momentos en los que la política deja de ser una cuestión de gestión para convertirse en una cuestión de verdad. La defensa de la vida es uno de ellos. No hablamos de impuestos, infraestructuras o modelos económicos. Hablamos de si existe o no una dignidad humana objetiva que deba ser respetada siempre, incluso cuando resulte incómoda, impopular o electoralmente costosa.
Por eso resulta providencial que este debate, que tantos han intentado clausurar mediante leyes, eufemismos y consignas mediáticas, vuelva a ocupar el centro de la discusión pública gracias a las palabras del Santo Padre. Frente a una sociedad que parece haber olvidado las cuestiones esenciales, el Papa recordó una verdad elemental que ninguna moda ideológica puede abolir: «Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural». No dijo algunas vidas. No dijo las vidas deseadas. No dijo las vidas útiles. No dijo vidas económicamente cómodas. Dijo toda vida humana. Una afirmación tan sencilla como revolucionaria en una época que ha convertido la eliminación de los más indefensos en un supuesto derecho.
Precisamente por eso sorprendieron las palabras de Alberto Núñez Feijóo cuando afirmó en televisión la semana pasada: «Suscribo de la A a la Z el discurso del Papa». Durante unos instantes podríamos haber albergado la mínima esperanza de que la primera fuerza política española estaba dispuesta a asumir las consecuencias intelectuales y morales de semejante afirmación. Pero la ilusión duró poco. Apenas una frase después añadió: «Si una mujer quiere interrumpir voluntariamente su embarazo, las leyes le protegen. Y nosotros no se lo vamos a impedir».
Y entonces surge una pregunta necesaria: ¿de la A a la Z o solamente hasta la letra que no compromete electoralmente? Porque la lógica sigue existiendo, aunque la política moderna intente ignorarla. Si toda vida humana debe ser protegida desde la concepción, no puede sostenerse simultáneamente que existe un derecho a terminar deliberadamente con esa misma vida. Las dos afirmaciones se excluyen mutuamente. No es una cuestión ideológica. Es una cuestión de coherencia intelectual básica.
El propio León XIV recordó algo que parece haber desaparecido del horizonte mental de gran parte de la clase política: «También la política necesita reconocer una medida que la precede y la supera». Ahí reside el núcleo del problema. La política moderna se ha acostumbrado a actuar como si fuera una divinidad secular con capacidad para redefinir el bien y el mal mediante votaciones parlamentarias. Pero la realidad es mucho más obstinada. La ley no crea la verdad. La reconoce o la traiciona. La dignidad humana no nace de los boletines oficiales. Los precede. El derecho a la vida no depende de la voluntad de una mayoría. Existe antes que ella.
Por eso resulta intelectualmente tan pobre escuchar una y otra vez los argumentos del Partido Popular sobre esta cuestión. Nos dicen que no cambiarán la legislación del aborto porque es similar a la del resto de Europa. Como si Europa fuera una fuente de verdad moral. Como si los continentes fueran magisterios éticos. Como si la geografía pudiera sustituir a la filosofía. La pregunta es inevitable: si toda Europa decidiera institucionalizar una injusticia, ¿dejaría esta de ser injusta? Evidentemente no. Durante siglos Europa convivió con guerras religiosas, persecuciones, colonialismos y esclavitud. La verdad nunca se ha determinado por consenso.
El segundo argumento es todavía más débil. Dicen que es la legislación vigente. Pues precisamente para eso existen los políticos: para cambiar las leyes cuando consideran que son injustas. Apelar a la existencia de una ley para justificar su contenido es una forma sofisticada de vaciar la política de cualquier dimensión moral. Si mañana se aprobara una ley que permitiera discriminar a determinados seres humanos por su edad, su raza o su grado de desarrollo, ¿la aceptarían simplemente porque figura en el BOE? La historia está llena de atrocidades perfectamente legales. La legalidad jamás ha sido garantía de justicia. Quien convierte la ley en el criterio último del bien y del mal no está defendiendo la democracia; está renunciando a la conciencia.
Esta apelación permanente a la ley como justificación moral revela una pobreza intelectual alarmante y es absolutamente atroz. Si el único criterio para distinguir el bien del mal es lo que aprueba una mayoría parlamentaria, entonces no existen derechos humanos, sino simples concesiones administrativas revocables. Entonces la dignidad humana deja de ser inviolable y se convierte en una licencia otorgada por el Estado. Esa no es la filosofía de una sociedad libre. Es la filosofía de quien ha sustituido la verdad por el poder. Y cuando el poder ocupa el lugar de la verdad, la barbarie siempre termina llamando a la puerta.
Pero quizás lo más revelador no es lo que dicen, sino cómo lo dicen. Feijóo no habló de aborto. Habló de «interrupción voluntaria del embarazo». El lenguaje político contemporáneo se ha convertido en una gigantesca fábrica de eufemismos. Ya no se elimina una vida humana. Se interrumpe un proceso. Ya no se mata al inocente. Se garantiza un derecho. Ya no se habla del hijo. Se habla del embarazo. El objetivo es evidente: desplazar la atención desde la realidad hacia una construcción lingüística emocionalmente neutra.
George Orwell comprendió mejor que nadie este mecanismo. Cuando el lenguaje se degrada, el pensamiento termina degradándose con él. Quien controla las palabras acaba controlando las categorías mentales con las que las personas interpretan el mundo. Por eso los eufemismos son tan importantes para las ideologías. Porque permiten que una sociedad acepte aquello que probablemente rechazaría si fuera nombrado con claridad.
Durante años quise creer que dentro del Partido Popular existía espacio para la defensa de principios morales irrenunciables, algo que expuse en este mismo medio. Antes de darme de baja, defendí la pluralidad interna y pensé que muchas de sus renuncias respondían a cálculos tácticos temporales. Hoy reconozco que me equivocaba. No estaba viendo prudencia, sino claudicación. No estaba viendo estrategia, sino una rendición progresiva ante los dogmas culturales dominantes. Creí que la batalla cultural seguía abierta, cuando en realidad muchos ya habían decidido abandonarla sin admitirlo públicamente.
Con el tiempo comprendí que la pluralidad terminaba exactamente donde comenzaban las cuestiones fundamentales: la vida, la familia, la ley natural o la crítica del relativismo. Sobre todo, eso no había verdadero debate, porque la prioridad ya no era defender la verdad, sino evitar el conflicto. El problema del Partido Popular no es que haya perdido algunas batallas culturales; es que hace años dejó de querer librarlas. Cuando la respetabilidad mediática vale más que las convicciones, los principios terminan convirtiéndose en simple atrezo electoral, exhibido cuando conviene y escondido cuando incomoda.
Por eso produce una amarga ironía escuchar todavía la etiqueta de «democristianos». La democracia cristiana histórica nació precisamente de la convicción de que existen verdades morales objetivas que ningún Estado puede vulnerar legítimamente. La defensa de la vida no era un complemento decorativo de esa tradición política. Era uno de sus pilares fundamentales. Vaciarla de contenido y conservar únicamente la etiqueta es una forma de impostura intelectual.
La realidad es mucho más simple y mucho más brutal. El Partido Popular lleva años intentando sostener simultáneamente dos discursos incompatibles. Quiere recibir el voto de quienes creen que la vida humana posee una dignidad inviolable y al mismo tiempo tranquilizar a quienes consideran el aborto un derecho intocable. Quiere aparecer como heredero de una tradición humanista cristiana mientras acepta como líneas rojas los dogmas antropológicos de la revolución cultural contemporánea. Quiere agradar a todos. Y quien pretende agradar a todos acaba defendiendo nada.
La incoherencia alcanza niveles casi grotescos cuando se afirma que toda vida humana posee dignidad intrínseca y, acto seguido, se acepta que algunas vidas pueden ser eliminadas legalmente porque así lo establece la ley. Eso no es moderación. No es centrismo. No es pragmatismo. Es relativismo. Y además un relativismo particularmente elegante, revestido de palabras amables y gestos institucionales, pero relativismo, al fin y al cabo.
Quizá por eso tantos jóvenes observan la política con creciente desprecio. No porque rechacen la democracia, sino porque perciben la falta de autenticidad de quienes la representan. Ven dirigentes capaces de sostener una cosa y su contraria en la misma intervención. Escuchan discursos diseñados para satisfacer simultáneamente a públicos incompatibles. Perciben que la verdad ocupa un lugar secundario frente a las encuestas, los intereses económicos y los cálculos electorales. Y concluyen, con razón, que demasiadas veces la política se ha convertido en un ejercicio de representación teatral.
Sin embargo, existe algo que ni las leyes, ni los partidos, ni los medios de comunicación pueden alterar. Existe una verdad sobre el ser humano que no depende de sondeos ni de parlamentos. Existe una ley moral anterior a cualquier constitución y superior a cualquier mayoría. Y existe un juicio sobre nuestras acciones que ningún departamento de comunicación podrá manipular.
Porque no olvidemos nunca que, por encima de sus leyes oscuras, de sus eufemismos cuidadosamente diseñados y de sus ideologías huecas hay un Dios. Y ninguna ley humana puede convertir el mal en bien, ni la injusticia en derecho. Podrán maquillar las palabras. Podrán anestesiar las conciencias. Podrán repetir hasta el cansancio que matar es elegir y que eliminar una vida inocente es un progreso. Podrán construir relatos, fabricar consensos y perseguir la verdad en los espacios públicos.
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