Estamos en un país en el que el Gobierno se congratula de que ha subido el salario mínimo interprofesional a los 1.080 euros, salario neto que cobraría cualquier trabajador por 14 pagas anuales, lo que equivaldría a 1.260 euros más impuestos que deberá de pagar el empresario como salario. Más allá de cualquier consideración al respecto, y comprobando cómo ha subido el nivel de vida, no parece nada descabellado, teniendo en cuenta que esa subida no la paga el Estado sino el empresario, para el que también le ha subido todo aquello en lo que tiene que invertir para poder seguir adelante con su negocio. Como pescadilla que se muerde la cola, es más que obvio esperar que también esa subida en los salarios tenga que repercutir, de alguna manera, en los precios.
El problema viene dado en el momento en el que se establecen las diferencias entre un empresario básico, que mantiene a duras penas su negocio a base de mucho trabajo y sacrificio con unos márgenes de beneficios mínimos, que son muchos en este país, o aquellos que poseen grandes negocios en los que los márgenes son mucho más amplios y les permiten poder seguir, no sólo aguantando el chaparrón, sino que también aumentando su ventaja con respecto a aquellos. Lo vergonzoso es que grandes empresarios con enormes beneficios pudieran tener a empleados contratados con el salario mínimo cuando, es obvio, el beneficio que va a sacar de su trabajo va a ser enormemente mayor.
Ahora llega la lectura surrealista de nuestro sistema en España y de la interpretación torticera de los sucesivos gobiernos de lo que es justo y de lo que es necesario. Y es que se ha procedido a una reforma del sistema de las cuotas de los trabajadores autónomos que nada tiene que ver con esa realidad; me refiero a la realidad de que el nivel de vida ha aumentado considerablemente y que los ingresos para poder vivir deben ser superiores, estableciendo como base mínima digna para un trabajador la cuantía de 1.260 euros al mes. Si el Gobierno considera que esa es la cuantía mínima que debe cobrar un trabajador, ¿por qué considera que un autónomo que no llega a tener unos beneficios de 670 euros debe pagar como cuota mínima 233,45 euros al mes?
Es decir, que a un trabajador por cuenta propia que tenga unos bajos beneficios por debajo de esa cifra el Estado considera que el dinero con el que debe vivir durante un mes, y con el que debe pagar sus facturas particulares, su hipoteca, su alquiler, su vehículo (que tampoco le va a permitir que lo incluya como gastos de empresa si no lo tiene dedicado exclusivamente al fin empresarial, aunque no tenga otra alternativa que usar el propio)… puede ser, en el caso de que tenga la suerte de estar en lo más alto de este tramo de ganancias, 670 euros, de 436,55 euros. Pero es que, no se lo pierdan. Si un autónomo tiene la enorme desgracia de tener un mes terrible y sólo tener beneficios por un importe de 300 euros, el Gobierno considera justo que pueda vivir con 66,55 euros. Si gana por debajo de esos 233,45 euros, directamente, estará perdiendo dinero trabajando. Queridos lectores, hablamos de cifras que estarían, en muchos casos, muy por debajo del Salario Mínimo Vital que muchos ciudadanos cobran sin trabajar ni cotizar absolutamente nada al Estado. Seguimos…
El despropósito es mucho mayor si nos fijamos en las cifras. Las últimas disponibles corresponden al ejercicio de 2019, y reflejan que más de dos millones de trabajadores autónomos en este país tienen ganancias del que en ese momento era el salario mínimo interprofesional. Es decir, que de tener personas contratadas éstas ganarían más que el propio trabajador por cuenta propia. Y eso, también, como indiqué en el caso del vehículo particular y su uso para el trabajo, como de otros muchos posibles gastos que se generan en el desarrollo del trabajo, no son deducibles, por lo que los ingresos reales suelen ser aún inferiores a estos datos oficiales.
Mi pregunta inicial y básica es que, si se considera que un trabajador por cuenta ajena debe cobrar, como mínimo, 1.260 euros al mes limpios, ¿por qué no se tiene el mismo planteamiento con los autónomos? ¿Por qué no se ajustan las cuotas de tal manera que se garantice que ganancias por debajo de esas cifras no tengan que pagar dichas cuotas?
La respuesta es evidente a tenor de, precisamente, las cifras de afiliación. Si dos tercios de los autónomos ganan por debajo del salario mínimo interprofesional y se aplicara esta norma el Estado dejaría de ingresar, como mínimo y con los datos de 2009, cerca de 500 millones de euros mensuales; eso si todos ellos pagaran la cuota mínima por ganancias inferiores a 670 euros, claro está. Si multiplicamos esta cantidad por los meses del año comprobaremos que el Estado ingresaría por encima, y posiblemente muy por encima de los 6.000 millones de euros al año sólo en cotizaciones de autónomos que ganan una cifra que estaría por debajo del salario mínimo interprofesional de 2019.
Cuando hablamos de autónomos en un sistema económico como el nuestro hablamos del motor de la economía. Hablamos de aquellas personas que mueven realmente el dinero, bien en transacciones comerciales o en prestación de servicios, y que pagan también impuestos como el IVA, otra jugosa partida que va a manos del Estado del trabajo realizado por ellos. Y este IVA aplicado, simplemente, por el hecho de que pasen por sus manos unos productos o bien por el impuesto dado a una profesionalidad aplicada a aumentar la rentabilidad de otros negocios. Si usted, por ejemplo, es periodista, y realiza un trabajo para una empresa, deberá pagar el 21 por ciento de ese trabajo como Impuesto sobre el Valor Añadido. ¿Querrán decir que yo añado un valor que no poseo, o que mi trabajo debe estar grabado con un impuesto ajeno a mis capacidades, además de asumir una cuota que me permita el ejercicio de una profesión a la que he dedicado toda una vida de estudios y aprendizaje?
Mientras tanto, los representantes de los autónomos en las diversas asociaciones, algunas de más renombre, parecen vivir de la indignación silenciosa incapaces de albergar una mayor presión social que la que experimenta un Gobierno cuando alguien se enfada para adentro. Acusados algunos de ellos de defender básica y únicamente los intereses de aquellos que tiene un mayor beneficio, las consecuencias no sólo se reflejan en la cifra de bajada de autónomos de enero, cerca de 21.000 menos, sino en un sistema que hace aguas y que no aporta ninguna garantía, seguridad ni confianza. Las nuevas altas de autónomos se gestan, en gran medida, al amor y al calor de los beneficios de los primeros dos años, que permiten un desahogo que, aunque mínimo, dan esperanza a pequeños inversores que, una vez pasado este periodo, son incapaces de soportar la presión fiscal y se ven abocados a cerrar sus negocios si estos no han tenido el despegue que todos desearían.
Si países como Reino Unido tienen una cuota mínima de 14 libras al mes, o los 20 euros al mes de Portugal, no es por capricho. Si hablamos de motor económico es por muchas razones. Un autónomo deja de ser un parado y genera riqueza, normalmente más para los demás que para sí mismo, y forma parte de una red económica fundamental para entender el funcionamiento de cualquier sistema económico capitalista como el nuestro. Proteger a los autónomos no es venderles calderilla sino considerarlos, como mínimo, ciudadanos de primera en un país donde no haya de segunda. Y esto, por ahora, sí que está sucediendo. Considerar que un trabajador autónomo tiene menor derecho a percibir unas ganancias mínimas por su trabajo es ir en contra de cualquier principio de igualdad y es socavar esos principios progresistas tan de escaparate que, a veces, sufren este tipo de contradicciones que los contradicen por completo.
Establecer una cuota mínima similar a la de otros países, a la vez que un IVA especial y progresivo hasta alcanzar el salario mínimo interprofesional podría haber sido una salida medianamente airosa a esta situación y podría haber salvado a muchos profesionales, a la vez que incentivado el riesgo y la inversión de muchos otros o el mantenimiento de sus negocios a muchos que ya no pudieron soportar más presión.
España necesita una desideologización de los conceptos, acabar con la hipócrita visión de los pequeños empresarios como monstruos devoradores de derechos laborales y establecer políticas no sólo que se ajusten a criterios de igualdad, sino que sean justas con las distintas realidades laborales. Los autónomos no cobran un sueldo de otros empresarios que paguen una nómina y unos impuestos por ellos, pero nunca, jamás podemos olvidar, que también son TRABAJADORES, aunque lo sean por cuenta propia. Y esta realidad, aunque distinta, se instaura en nuestro mismo sistema y en una sociedad en el que el coste de vida es el mismo para ellos que para los que trabajan por cuenta ajena.
Si un trabajador por cuenta propia no gana tampoco gasta; si no gasta el empresario no vende; si el empresario no vende, generará menos IVA y menos impuestos; si genera menos impuestos el Estado ingresará menos por ese lado. Si el Estado genera menos con el actual Gobierno, éste sólo entenderá que la solución es elevar la presión fiscal, a tenor de lo visto. Y mayor presión fiscal no la soportarán ni los pocos autónomos que vayan quedando, ni los que aumenten las filas del paro y, ni siquiera, aquellos a los que se les consuela de la mala gestión del Gobierno con un Ingreso Mínimo Vital que no debe ser nunca un fin sino un medio para conseguir por plazos un aumento de las contrataciones, de los trabajadores por cuenta ajena y una tan necesaria en nuestro país disminución de las cifras del paro y de la inflación.
Sólo la sindicación adecuada y medidas de presión social o el gran desastre definitivo de las cifras de afiliación conseguirán hacer espabilar a los sucesivos gobiernos que no han dejado de ningunear a este colectivo… formado por millones de ciudadanos y sus familias. Y esos, son muchos votos.
Periodista, Máster en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos por la Universidad de Granada, CAP por Universidad de Sevilla, Cursos de doctorado en Comunicación por la Universidad de Sevilla y Doctorando en Comunicación en la Universidad de Córdoba.
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