«Encuentran un pueblo en una parte despoblada de España y ponen 4.000, 5.000, o 10.000 cabezas de ganado. Contaminan el suelo, contaminan el agua y luego exportan esta carne de mala calidad de animales maltratados». Estas fueron las declaraciones internacionales a la revista inglesa “The Guardian”, del ministro de Consumo español Alberto Garzón el pasado 4 de enero. Sí, un ministro español, contra la imagen exterior de España. No es ninguna novedad la revelación de que el líder de Izquierda Unida y militante del PCE posea menos luces que una patera. Lo que sí que es flamante es que cualquier tipo de analfabeto funcional juegue internacionalmente con las exportaciones y la calidad de la carne española que directamente tantos empleos genera, y más si ocupa determinado ministerio sin tener ni puñetera idea del tema.
España es referente mundial en producción cárnica de calidad, contribuyendo al 12% del PIB nacional y exportando productos por valor de 9.000 millones de euros a más de 130 países diferentes. Esto genera directamente 2,5 millones de puestos de trabajo. Difícil de comprender para alguien que no ha pegado un palo al agua en su vida y su única labor ha consistido en hacer apología de la mayor ideología genocida global que ha existido. Pero vayamos más allá. Es de sobra conocida la nula relevancia que tiene el Ministerio de Consumo actualmente. Aparte de servir como agencia de colocación de vagos y maleantes, también promueve campañas de ataque al turismo, al sector del azúcar, al etiquetado de los productos o impulsa huelgas de juguetes por valor de centenares de miles de euros. Chorradas a domicilio que suponen un despilfarro de dinero tremendo para que trastornados con traumas y complejos se desfoguen con nuestros impuestos públicamente.
Es de bien sabido que cuando el diablo no tiene nada que hacer, con el rabo mata moscas. El último ataque a la ganadería extensiva y a las macrogranjas no tiene otro incentivo que demostrar el odio de los ministros comunistas por el mundo rural al no obtener nunca representación en estas zonas. Odian España, sus tradiciones, su gastronomía, su cultura, sus costumbres, y como consecuencia España los odiará a ellos. Basta con comprobar los futuros resultados electorales que obtendrán estas formaciones en estas zonas el próximo 13 de febrero. En Castilla y León hay 37.000 explotaciones ganaderas que dan directamente 70.000 puestos de trabajo en el mundo rural. Tanto de Garzón como del PSOE, no van a quedar ni los despojos. Independientemente del color que defina al Gobierno de turno, tales declaraciones deben de suponer el cese inmediato de la persona que internacionalmente haya soltado dichas afirmaciones. La ideología en esto no juega ningún papel relevante.
Un Gobierno tiene el deber de mirar por el bienestar de sus ciudadanos mediante las políticas específicas que considere que sean las más adecuadas para ello, con las que se puede estar más o menos de acuerdo. Dañar la imagen exterior de la nación que representa, no está en sus planes. Garzón debe de ser destituido inmediatamente, se deriven las consecuencias que se deriven.
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