En César sólo manda César

Ya dijo la escritora norteamericana y premio Pulitzer Alice Walker que “La forma más común en que las personas renuncian a su poder es pensando que no tienen ninguno”. Y es que las luchas de poder no consisten en otra cosa que en asumir el poder natural del otro, bien por cesión del mismo, bien por cesión democrática de representación o bien a la fuerza. 

En el ámbito político, en una democracia representativa, hablamos de los poderes del Estado desde la perspectiva de la separación de los mismos, a pesar de que es inevitable la influencia de unos sobre otros. Esta separación en España ha tenido siempre escollos que han creado momentos de gran desconfianza en la ciudadanía al no entender ciertas decisiones judiciales, asumiendo una interpretación política de las mismas, o simplemente entendiendo que si es el poder legislativo el que impone a aquellos jueces que forman parte de sus órganos más destacados se impone, a su vez, la visión política o ideológica del partido que los ha propuesto.

Y es que en España los jueces del máximo órgano judicial, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), compuesto por 21 miembros, son nombrados diez por las tres quintas partes del Congreso y otros diez por las tres quintas partes del Senado. El Presidente de este Consejo, que a su vez será Presidente del Tribunal Supremo, es nombrado por una mayoría de estos 20 anteriores. La elección es por 5 años improrrogable, a excepción del Presidente, que puede ser reelegido por otros 5 años más.

Así tenemos un panorama en el que, si bien esa amplia mayoría de tres quintos de cada cámara debería establecer una pluralidad que evitaría una tendenciosidad imaginable, que no factible, en el CGPJ y evitaría esa politización del máximo órgano judicial hasta el extremo de que esa inevitable imposición del legislativo no suponga mayorías absolutas del órgano que controlarían ideológicamente la administración de Justicia. Lo más cercano que se nos puede ocurrir es qué hubiese ocurrido con el juicio por el 1-O de los independentistas catalanes que organizaron un referéndum ilegal y llegaron a proclamar la República catalana. Cabe hasta la posibilidad de que no se hubiese celebrado. O las causas pendientes de partidos en el poder…

De cualquier manera, hoy es un asunto polémico por la reforma de la Ley que establece cómo se eligen los jueces, ya que el actual ejecutivo de Sánchez e Iglesias, con el objeto de desbloquear el nombramiento de nuevos jueces ante un PP que no quiere intermediar en este asunto con Podemos, no es capaz de llegar a un acuerdo para su renovación. No se podrían alcanzar las tres quitas partes de la cámara sin el apoyo del partido de Casado. Básicamente consistiría en que, si tras una primera propuesta de jueces no se alcanzan las tres quintas partes de las cámaras dicha propuesta podría salir adelante en una segunda votación con una mayoría simple.

Ante este proyecto de reforma que plantea el Gobierno no cabe sino hacerse una serie de cuestionamientos importantes. El primero de ellos es cómo una mayoría simple del Congreso puede aprobar una reforma de Ley en la que se contemplan tres quintas partes de la misma Cámara para poder llevar a cabo esta aprobación. No sólo es absurdo sino extremadamente tendencioso. Pero, si a esto le sumamos la lógica de que daría al Gobierno manos libres para imponer sus listas, no importándole que no sean aprobadas en primera votación nos encontramos un golpe al sistema de primeras dimensiones.

Así, pues, no es de extrañar que nos encontremos tantas similitudes entre esta propuesta y la que se encuentra incluida en el proyecto de República Catalana de los independentistas, o que cuente con tal consenso entre aquellos que piden libertad pero imponen sus normas. Es decir, una libertad y un uso del poder que a quiénes más libertad da es a ellos para hacer y deshacer a su antojo en un sistema en el que el Poder Judicial quedaría a merced del mismísimo Gobierno y de sus socios, que de buen seguro no dudarían en usar esa influencia para negociar concesiones en el Congreso o fuera de él.

El control del poder judicial por parte del legislativo no es cualquier cosa. Cualquier político que sea acusado de corrupción debe pasar, por su aforamiento, por el Tribunal Supremo cuyo presidente lo es, asimismo, del CGPJ. Porque de los aforamientos en este país tampoco se ha vuelto a hablar. Ahora no interesa…

Y no interesa como ha dejado de interesar esa reclamada independencia del Poder Judicial, la misma independencia que el propio Sánchez defendió cuando no estaba en el Gobierno. Y no fue el único. Desde Podemos defendían un cambio en las políticas de elección de jueces para dar más independencia al Poder Judicial y pedían, entre otras cosas, la supresión de la Ley de Reforma del Poder Judicial de 2013 del Ministro popular Gallardón. Parece que esto ya no interesa tanto. Tampoco sus anteriores y posteriores propuestas. Ni las de unos ni las de otros.

Pero no es de extrañar, en 2016 Pedro Sánchez ya era consciente de lo que pretendía Iglesias y así lo hizo constar en una entrada de su twitter cuando dijo: “Me puedo entender con Podemos para aprobar un Ingreso Mínimo Vital pero no para que jueces y fiscales estén a sueldo de Iglesias y Monedero”. Ahora parece ser que está dispuesto a compartir el pagar ese sueldo con sus socios de Gobierno… a pesar de las advertencias de Europa.

El Poder Judicial necesita una reforma, pero la necesita para aumentar su autonomía, para servir de garante de esa separación de poderes, para convertirse en el órgano que siempre debió ser, independiente y sólo artífice de la interpretación más fidedigna de unas leyes que deben pasar el filtro, cuando sea necesario, de un Tribunal Constitucional al servicio de todos los ciudadanos y nunca de unas siglas políticas o unos intereses ideológicos.

En septiembre Ciudadanos presentó una Ley para la despolitización del CGPJ, algo que, como he demostrado, parecían apoyar tanto el PSOE como PODEMOS cuando estaban en la oposición. Ya en el Gobierno desestimaron esta propuesta que sí contó con el apoyo del PP y de VOX.

Los propios jueces se rebelan contra esta Ley y plantan cara a unas formas de hacer de un Gobierno que pide consenso pero que se ha convertido en un órgano de decisiones directas que no consulta ni crea el debate social necesario antes de aprobar leyes que condicionarán nuestro futuro como país y como Estado, no digamos como sociedad. Y es que ya lo dijo Julio César, “dile a tu amo que en César sólo manda César y nadie más”, que dirían los miembros del Poder Judicial. A lo que los partidos en el Gobierno contestarían… “donde dije digo, digo Diego. César sólo hay uno”.

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