Cuando un político hable de “cuestión de Estado”, échese a temblar. Se trata de una expresión típica, tradicional de la política “de toda la vida” y, en la mayoría de las ocasiones, para lo único que ha servido es para imponer desde las instituciones un modelo de pensamiento único, en la mayoría de las ocasiones contrario a los intereses y necesidades reales de los ciudadanos.
Hemos afrontado numerosos asuntos los cuales, desde los inicios de la democracia, se han considerado como de vital importancia y que trascendían la ideología, dejando paso a un pragmatismo indiscutible bajo la amenaza de ser considerado como antisistema. Como tales se han abordado cuestiones como la educación, el terrorismo, la política energética, la adhesión -y desarrollo- de España en la Unión Europea, etc. Asuntos capitales que nunca debían analizarse demasiado y que todos debíamos acatar sin posibilidad alguna de disenso.
Pero lo cierto es que la tan manipulada expresión nos ha conducido a un estado de cosas muy distinto del que se pretendía en un inicio. Porque, usted y yo, cuando oímos que algo es “de Estado” nos echamos a temblar. Y no, querido amigo, no nos faltan los motivos. En absoluto. La izquierda, en cumplimiento del porqué de su existencia, ha retorcido lenguaje y contenido con tal de “arrimar la ascua a su sardina”. Y el centro-derecha correctito ha ensanchado sus tragaderas hasta límites insospechados con tal de no contradecir demasiado al stablishment político, social y mediático.
Y es que si cogemos algunos de los ejemplos más comunes podemos entender fácilmente como se ha manipulado la política para hacer comulgar con ruedas de molino a los españoles. Véase por ejemplo el terrorismo. Porque hemos pasado de mostrar una unidad inquebrantable -al menos en las formas- frente a los asesinatos de ETA a que nuestro ministro del interior oculte deliberadamente el atentado yihadista ocurrido hace unos días en Murcia. Porque el PSOE es experto en emplear el terrorismo como un arma política para intentar beneficiarse de una u otra forma. Las manifestaciones contra el Partido Popular tras el 11M en vísperas de las elecciones generales es una buena muestra de ello. Y todavía no han pedido perdón. Ni lo harán. Sin embargo, hoy es prácticamente imposible encontrar en los grandes medios de comunicación una noticia que alerte de la más que posible llegada de terroristas islámicos en las miles de pateras que desembarcan a diario en nuestras costas o escondidos entre la llegada masiva de refugiados tras la rendición estadounidense en Afganistán. Parece evidente que el terrorismo es “cuestión de estado” y, por ende, algo inopinable siempre que la izquierda ostente el poder.
La educación tampoco se queda atrás. La “Ley Celaá” ha sido uno de los mayores bochornos al que nos hemos tenido que enfrentar los ciudadanos. Una Ley Orgánica que afecta a los hijos de todos, pero únicamente aprobada con el voto de unos pocos regionalistas. ¿Se acuerdan de cuándo el PSOE montó en cólera cuando vio la luz la “Ley Wert”? Pues hoy la educación es cuestión de estado y en aquel momento – ¡oh, sorpresa! – un arma arrojadiza. Y en mi humilde opinión, no debemos menospreciar ni un minuto más la hegemonía izquierdista en los gran medios y lobbies de la Nación. Ellos han sabido implantar una ingeniería social cuasi perfecta de acuerdo con sus propios intereses electoralistas. Y creo firmemente que ya es hora de luchar para desenmascarar a esta recua de farsantes repartidores de carnés de demócratas.
Y es que la izquierda no quiere hablar de asuntos de verdadero interés general. Están demasiado cómodos imponiendo su agenda y tomando malignas decisiones a modo de ráfaga para que la última haga olvidar las anteriores y, con ello, acostumbrar al personal a asumir políticas absolutamente perniciosas para todos. Para ellos existe hoy una “emergencia feminista”, una “emergencia LGTBI” y una “emergencia climática” y, casualidad, todas ellas mostradas al público como cuestiones de estado. Y si algún inconsciente osa rebatir los disparatados argumentos esgrimidos desde los foros debidamente comprados para ello, será señalado y perseguido públicamente. Si la emergencia feminista genera una división artificiosa entre sexos y vulnera la igualdad ante y en la Ley, si la emergencia LGTBI genera contenido educativo que puede ir en contra de las propias familias y si la emergencia climática nos empobrece y hace que paguemos el recibo de la luz más caro de la Historia, son únicamente “daños colaterales” que deberemos asumir en pro de un objetivo superior: la Agenda 2030.
Pues, ¿saben qué? La dichosa Agenda 2030 también habla de reducir la pobreza, pero únicamente habla de la del resto del mundo. Si una familia española es víctima de las políticas liberticidas del Gobierno y se asoma al abismo de la miseria, será debidamente ignorado y dejado en la estacada. Porque las necesidades reales de los españoles, los problemas reales que nos quitan el sueño y que marcan fehacientemente nuestro día a día nunca serán una “cuestión de estado” para los que hoy mandan.
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