Si hay algo que está quedando claro de los enormes charcos en los que los principales partidos políticos se están metiendo últimamente es la múltiple vara de medir que tiene la clase política de este país y la falta general de asunción de responsabilidades en un sistema que parece creado para que unos gobiernen a toda costa y otros sean gobernados a costa de los intereses de los primeros.
El último escándalo, el protagonizado por la diputada del Partido Popular Noelia Núñez, no es sino otro escalafón en la escalera que conduce a la nada, porque es nada lo que se hace para que el engaño y la falsedad instaurada en partidos y, por ende, en las propias instituciones que dependen de ellos, se arregle. En el caso de la popular, el que tenga o no concluidos unos estudios no debería ser motivo para obligarla a dimitir o esperar que lo haga, ya que no es condición, ni mucho menos, para ocupar los cargos que ha podido ostentar o para su elección democrática en las urnas. Sin embargo, el hecho de mentir para aparentar una formación que no tiene con el objeto de hacer creer una cualificación de la que carece sí es un hecho sangrante, no sólo para los demócratas, sino también para el propio partido que la ha respaldado hasta el momento y para el conjunto de la sociedad.
Que un partido político no tenga o imponga los filtros suficientes como para determinar con garantías la formación que pueda tener cualquiera de sus cargos, desde el más ínfimo hasta el de su secretario general, es sintomático de que en este país prima más el poder del dedo y el postureo, el compadreo y el coleguismo, la confianza dentro de la organización con respecto a la defensa, sin fisuras de las directrices impuestas desde la propia dirección, que de la valía y la seguridad y garantías que pueda ofrecer al conjunto de la ciudadanía un cargo público. La fidelidad es el gran valor de los partidos, que exigen en su mayor medida a su afiliación y cargos, por encima de otros verdaderos intereses para el país, para la ciudadanía y para una mayoría social que no representan ninguno de los partidos, según las encuestas. Nunca España estuvo más dividida.
Así se pueden entender mejor las razones de por qué un José Luis Ábalos o un Carlos Cerdán pudieron llegar a la cúspide del PSOE, aupados por un Pedro Sánchez que ha demostrado ser entre los suyos y entre los que no son de los suyos, como un auténtico tirano que prioriza su ego y sus intereses dentro del partido por encima de cualquier otra cosa, a lo más clásico Luis XIV, mirándose en el espejo de su vanidad y cargando con las armas del desprecio a los que no puede comprar y, además, reniegan de su populismo.
Llegan momentos para recordar puestos de confianza como el del que fue presidente de CORREOS, Juan Manuel Serrano, amigo personal de Sánchez y causante de auténticos destrozos en la empresa, de venta de activos y de demolición de la estructura y plantilla, que no dejó de mostrar en todo momento su más enérgico rechazo a sus decisiones. Y no sólo lo digo por la formación que este pudiera tener y la responsabilidad que le fue depositada, sino de las consecuencias a todos los niveles que esta gestión pudo traer, y los posibles procesos que en un plazo más o menos corto se pudieran abrir. Ahí lo dejo porque no quiero profundizar más en ello. Que lo haga la UCO, si la dejan. Tampoco quiero dejar la sospecha, sino más bien la deducción apropiada a gestiones opacas que dejan mucho que pensar sin sacar conclusiones definitivas. En palabras del sindicato UGT, la peor gestión de la historia de CORREOS. Hace tan solo una semana, un digital nacional sacaba un titular que decía que “El amigo de Sánchez adjudicó a la empresa de su hermano un contrato de renting en Correos un 40 % más caro de lo previsto”. Aldama también lo ha señalado.
Mucho se ha hablado del término de responsabilidad in vigilando, que debe corresponder a las formaciones políticas, y que debería de ir desde controlar la veracidad de las informaciones que los militantes de los partidos dan públicamente en representación de los mismos, hasta controlar que los propios no comentan actos impropios, como el caso por el que se acusa a Errejón u otros parecidos que terminaron con la carrera política de miembros de los partidos de Gobierno y sus socios y también de la oposición, o las corruptelas tan sonadas durante décadas de democracia que no han sido controladas, vigiladas y perseguidas y que llevan a las sospechas de su institucionalización en los partidos.
Llamativo es que, por ejemplo, un directivo de Hacienda tenga que dimitir por presuntos actos ilícitos y por su investigación judicial, como también lo sea que un ex ministro, Montoro, sea imputado o investigado por corrupción mientras imponía serias y rigurosas medidas fiscales a la sociedad de este país y aligeraba estas cargas o se las perdonaba a empresas afines. Eso es vergonzoso para cualquier país. Mucho me temo que el nivel de presunta corrupción que estamos descubriendo no tiene palancón en el resto de Europa. Y parece, a tenor de los escasos mea culpa y los nulos cambios en la legislación y en los procesos internos de los partidos, que no hay intención real de atajarlo y sí, como mucho, de disimularlo.
Acostumbrados a convivir con la corrupción, en este país parece que no somos capaces de decir basta hasta que nuestros bolsillos, los propios, se ven seriamente afectados y de salir en masa a la calle sólo cuando el partido de turno gana una liga o se convierte en campeón de la Copa de Europa. Parece que nada nos afecta, que todo se naturaliza y que las ideologías y su defensa lo soportan todo, absolutamente todo.
No, en este país no hace falta más presión fiscal, ni más control de la ciudadanía en torno a sus cuentas, en torno a sus ahorros o en torno a sus propiedades. Lo que realmente hace falta es que exista un austero control de aquellos que pretenden, con una tras otra reforma, de controlarnos. Hacen falta reformas profundas a nivel de fiscalización de todo lo público, desde el más mínimo ayuntamiento hasta el mismísimo Consejo de Ministros. Es necesario y urgente una transparencia cristalina en las instituciones pero también en el seno de los partidos porque no podemos olvidar que de ellos salen las propuestas de personas que, engrosando listas electorales o siendo designados a dedo, toman las decisiones que no sólo afectan a nuestros bolsillos y a nuestros derechos, sino también al precio real que al final pagamos por ellos. Desde conocer el auténtico curriculum de cada persona del ámbito político hasta gestionar con garantías el seguimiento de sus funciones y sus movimientos es responsabilidad del Estado, pero también lo es de cada partido político que deposita su confianza plena en estas personas.
Lo peor de esta lectura… que de la misa no es que no sepamos ni la mitad, sino que no sabemos ni entendemos el idioma en el que parece que nos obligan a esgrimir, encima, el mea culpa.
Periodista, Máster en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos por la Universidad de Granada, CAP por Universidad de Sevilla, Cursos de doctorado en Comunicación por la Universidad de Sevilla y Doctorando en Comunicación en la Universidad de Córdoba.
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