La ministra de Sanidad, Mónica García, ha convertido la gestión del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius en un nuevo episodio de subordinación acrítica a la Organización Mundial de la Salud (OMS). Recién incorporada al Consejo Ejecutivo de este organismo en mayo de 2025, García no ha dudado en ofrecer territorio español como solución logística para un problema que podría y debería haberse resuelto en Cabo Verde o en otro punto más cercano. España se limita, en teoría, a facilitar el traslado de viajeros a sus países de origen, operación que perfectamente podía coordinarse desde las instalaciones de Praia sin exponer a Canarias ni al sistema sanitario nacional.
El crucero, con unos 140 pasajeros y tripulantes de múltiples nacionalidades, quedó retenido frente a Cabo Verde tras confirmarse tres muertes y varios casos de hantavirus. Cabo Verde, con recursos limitados, se negó a permitir desembarcos masivos, una decisión comprensible desde el punto de vista de la soberanía sanitaria. Sin embargo, en lugar de presionar para que la gestión se mantuviera en origen o se distribuyera entre los países con mayor capacidad de los afectados, España aceptó acoger el buque en el puerto de Granadilla de Abona (Tenerife). La ministra justificó la decisión como “coordinación internacional” bajo directrices de la OMS, ignorando que esta participación va más allá de una simple escala humanitaria.
Aquí surge la pregunta incómoda: ¿qué intereses ocultos mueven al Gobierno y a la ministra para agradar y obedecer tan diligentemente a la OMS? García, conocida por su feroz oposición a Isabel Díaz Ayuso durante y después de la pandemia de coronavirus, cuando la acusó reiteradamente de mentir sobre recursos y gestión, parece aplicar ahora un doble rasero. Mientras criticaba cualquier autonomía en la gestión de la COVID, en esta crisis se pliega sin fisuras a las recomendaciones de un organismo supranacional que, en otras latitudes, genera legítimas suspicacias por su opacidad y agenda de centralización sanitaria global. Su puesto en el Consejo Ejecutivo no es casual: España regresa tras 20 años y García lo presenta como un logro, pero huele más a peaje político que a defensa del interés nacional. Y a prepararse un futuro después de las previsibles derrotas electoral de la izquierda en 2027.
La hipocresía se agrava con la actitud de Marruecos, también miembro de la OMS. Las autoridades marroquíes denegaron el aterrizaje y repostaje a un avión medicalizado que trasladaba pacientes graves desde Cabo Verde hacia Países Bajos. Este rechazo, pese a las supuestas obligaciones del Reglamento Sanitario Internacional, no generó la misma presión diplomática ni mediática que se ejerce sobre España. Mientras Marruecos protege su territorio sin complejos, el Gobierno español abre sus puertas y puertos, asumiendo costes logísticos, sanitarios y de imagen. Los españoles a bordo unos 14, harán cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid. La actuación es correcta pero la información a la Consejería de Sanidad de Madrid ha sido nula. El resto de pasajeros serán repatriados desde Tenerife bajo un dispositivo costoso coordinado con la OMS y Tedros Adhanom, su Director General.
Esta crisis revela un patrón preocupante: priorizar el multilateralismo y la “salud global” por encima de la prudencia nacional. Facilitar el traslado desde Cabo Verde era viable. Elegir Canarias expone innecesariamente a un archipiélago vulnerable y dependiente del turismo y genera alarma social. La ministra, lejos de defender una gestión soberana y proporcional, actúa como avanzadilla de la OMS en Europa, ofreciendo incluso a España como intermediaria en acuerdos pandémicos.
En definitiva, la actuación de Mónica García no responde a una emergencia insalvable, sino a una voluntad política de alineamiento que cuestiona su independencia. En tiempos de desconfianza hacia las instituciones globales, someterse sin condiciones solo erosiona la credibilidad nacional y pone en riesgo la salud pública española por complacer a Ginebra. ¿Por qué?
España está vendida a la onu