Tras diversos vaivenes políticos y judiciales -a falta de un eventual recurso ante el Tribunal Supremo- finalmente, el próximo 14 de febrero, los catalanes decidirán en las urnas qué camino escoger para el devenir de los próximo cuatro años. Unos comicios marcados por la peor crisis sanitaria en más de un siglo y en la peor situación económica desde la Guerra Civil. No es una cuestión baladí.
Los resultados marcarán también la evaluación del Partido Socialista y su gestión del gobierno central en una de las regiones más azotadas por el virus chino. Más aún cuando Pedro Sánchez ha enviado como candidato al hasta hace una semana ministro de Sanidad para intentar aprovecharse del tirón mediático de Salvador Illa, un hombre que ha acumulado cientos de horas en medios de comunicación pero que tras el márquetin solo se halla la marca de la muerte y la miseria. Illa nunca estuvo a la altura. Quién le iba a decir al filósofo de la cuota del PSC que tendría que gestionar realmente la Sanidad. Su respuesta ante la crisis: confinamientos, pobreza y uno de los índices más altas de ciudadanos contagiados y fallecidos por covid19 del mundo. El PSC, que forma parte del plan golpista por legitimador de las fuerzas antidemocráticas separatistas, quede en el lugar que quede, seguirá en su papel de aparente equidistancia, pero favorecerá en todo caso a sus socios tradicionales en Cataluña: ERC.
El independentismo, por su parte, también juega sus bazas. Ejerciendo su competencia en materia penitenciaria -algo exclusivo de Cataluña- y desobedeciendo al Supremo, ha sacado a la calle a los políticos presos condenados por el golpe de estado de 2017. Oriol Junqueras habló en el mitin de ERC y lo hizo como siempre: animando a los separatistas a seguir a lo suyo. La ruptura de España como único plan posible. Nunca una institución regional puso más en jaque a un Estado de Derecho. Si las instituciones catalanas vuelven a caer en manos de los golpistas volveremos a ser el hazmerreír de Europa y, lo peor de todo, Cataluña seguirá partida y su gobernabilidad volverá a pasar por los tribunales.
En el otro lado de la balanza y frente a los candidatos del odio y de la ruina, Vox se prepara para formar parte de una composición parlamentaria histórica por su fragmentación. Y lo hace siendo el principal adalid de la Ley. Ignacio Garriga se enfrentará desde su escaño a los mismos a los que Javier Ortega Smith consiguió descabezar como acusación popular en el juicio a los golpistas. El partido de Santiago Abascal se presenta a estas elecciones con la autoridad moral que te da el haber defendido en solitario y con la Ley en la mano la unidad y la soberanía nacional. Y lo hace siendo el único partido -de nuevo- que aborda un tema de los vetados por las fuerzas y medios de comunicación tradicionales.
La inmigración ilegal y la islamización de Cataluña suponen un riesgo igual o superior a la del golpismo, aunque van muy unidos y uno es causa del otro. Desde hace décadas el separatismo, en su hoja de ruta, ha favorecido una inmigración específicamente islámica para poder implantar en ella un sentimiento de pertenencia a la república catalana. La inmigración eminentemente hispanoamericana es culturalmente similar a la nacional -principalmente por el uso de la lengua común- y, por ende, mucho más difícil de manipular y adoctrinar. Pero este mismo hecho también crean un caldo de cultivo para la aparición de fenómenos delincuenciales dentro de la población inmigrante.
Las diferencias culturales y la consecuente dificultad para la integración generan un clima de inseguridad en las calles de Cataluña. De hecho, basta con escarbar en las redes sociales para ver los continuos robos y violencia relacionada con el control del tráfico de drogas y la prostitución en barrios como el Raval y otras zonas colindantes de Barcelona. Y todo ello afecta al ciudadano medio, con independencia de su nacionalidad o procedencia, que lo único que busca -como la mayoría de los seres humanos- es vivir en libertad y sin miedo en su día a día. Las instituciones catalanas se han visto desbordadas por la inmigración ilegal recibida y han perdido todo control. Ello, unido a lo que estamos viendo en Canarias, hacen necesario -quizá indispensable- el abordar este tema en los programas políticos de los partidos postulantes.
En la lucha por el voto constitucionalista, tanto Partido Popular como Ciudadanos parten con desventaja. Y me estoy refiriendo aquí también a la idea de autoridad moral. Inés Arrimadas logró una histórica victoria en Cataluña el 21-D (2017) y ella y su partido abandonaron a los catalanes para centrarse en Madrid. Arrimadas ni siquiera se presentó a la investidura y cedió todo protagonismo al golpismo, que aprovechó su oportunidad y volvió a liderar el falso relato del “pueblo oprimido”. El Partido Popular, por su parte, carente de mensaje, parece que tiene como único interés evitar el sorpasso de Vox. Y tanto un aspecto como otro son una mala noticia para el futuro próximo de Cataluña.
Be the first to comment