El fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas es, quizás, el más gravoso riesgo al que se puede enfrentar absolutamente cualquier español propietario, amén de un ataque directo al derecho a la propiedad privada, pilar fundamental en cualquier Estado de Derecho liberal y, por lo tanto, en España. No me importa en absoluto el tipo de ocupación ilegal de que se trate puesto que no existe justificación alguna que permita arrancar de las manos de un ciudadano un bien tan preciado como es la posesión de una vivienda. Los españoles somos libres para gastar el dinero ganado con el sudor de nuestra frente como nos dé la gana y eso incluye el derecho a tener una, dos o diecisiete viviendas. Faltaría más. Yo, por responsabilidad personal y política, defenderé siempre a la víctima de la ocupación y nunca, nunca, al usurpador. Es de primero de democracia.
Los principales medios de comunicación, cuando abordan casos de flagrante ocupación ilegal, tienden a dar siempre la última palabra al okupa para poder exponer las supuestas causas que le han llevado a dar una patada a la puerta y colarse en territorio ajeno sin permiso y con vocación -a todas luces- de permanencia indefinida. Como es lógico, la necesidad juega un papel muy importante en todo esto. Necesidad de un techo, necesidad de una seguridad y de un cierto nivel de bienestar. Pero para eso están los servicios sociales, ¿no? Es decir, el Gobierno con su política de redistribución equitativa de la miseria genera profundas crisis económicas pero las consecuencias las pagan los ciudadanos de a pie. Ellos generan el problema. Tú lo pagas. Así de simple. Eso sí, la inmensa maquinaria propagandística del “rescatamos personas” en la que se invierten ingentes cantidades de dinero público que jamás llegarán al verdadero español necesitado, que no cese. También eso lo pagas tú cada vez que pasas por caja. La balanza social y política es muy simple. A la ciudadanía se le carga con las culpas y las consecuencias de la pobreza, pero ellos se cuelgan la medalla.
Que nadie nos intente engañar ni un minuto más: la ocupación ilegal no la sufren los grandes tenedores ni especuladores de vivienda -aunque sería igual de antijurídico e inmoral-. La ocupación ilegal la sufre cualquier persona que haya decidido invertir los ahorros de su trabajo en una segunda residencia en el pueblo o en la playa para poder disfrutar de su mes de merecidísimas vacaciones y, lo que es -si cabe- más hiriente, es que la ocupación la llega a sufrir la persona que se ha trasladado temporalmente a la residencia de un familiar o amigo durante unos días y cuando retorna se ve en la calle. Porque este fenómeno ha crecido tanto en número como en métodos cada vez más hirientes para el derecho individual de todos y cada uno de los residentes legales en nuestra Patria.
Pero no se vayan a creer que la falta de respuesta de la Administración Pública a esta problemática viene dada por el buenismo ni por la supuesta crisis de vivienda. El globalismo, que tiene tantos sirvientes como armas arrojadizas contra los ciudadanos, tiene toda la intención de convertir España en una suerte de corral donde igualar a todos los españoles en la miseria con el único fin de pasar a ser un mero número, una masa de mano de obra barata y, principalmente sin derechos, sin posesiones y sin futuro. Ya lo dice el FMI: “no tendrás nada, pero serás feliz”. Os lo traduzco: no serás nadie, pero tendrás que conformarte.
La ocupación ilegal es el instrumento para la aplicación de la malévola Agenda 2030 que busca arrebatarnos el derecho constitucional a la propiedad privada al ser uno de los límites que tenemos los individuos frente al Estado. ¿Para qué vas a comprarte una vivienda si te la pueden ocupar y no vas a poder defenderte? Qué pereza, ¿verdad? La promoción de vivienda pública amparándose en la “emergencia habitacional” busca, en último lugar, crear un monopolio público para que en unos años todos vivamos en casas propiedad del Estado. No tendrás nada, pero serás feliz -a no ser que el Estado decida quitarte la casa y echarte a la calle-.
La paz en el hogar, antaño base fundamental del auténtico bienestar de las familias, es hoy un cristal quebradizo que no está en absoluto garantizado por la legislación vigente. En la escritura de tu casa figuras tú, pero si alguien la necesita más, deberás hacer de la solidaridad tu estandarte y resignarte. Tu casa es tuya, pero no. Y la paz social es otra víctima de la ocupación ilegal. Hay barrios en España donde ya hay más viviendas ocupadas ilegalmente que propietarios legales. Y ello nos lleva de forma insalvable a serios problemas de convivencia, delincuencia e insalubridad en áreas enteras de ciudades donde las familias ya no pueden pasear -ni residir- con la tranquilidad que se merecen y a la que tienen derecho.
Es esencial situar en el poder a partidos que defiendan sin titubeos la propiedad privada y que cuya obsesión -en clara vertiente positiva- sea tumbar la Agenda 2030 que el globalismo nos está imponiendo a pasos agigantados por incomparecencia de los partidos tradicionales.
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