El agujero del donut

Si España fuera un donut, Madrid no existiría. Esa frase taaaaaaaan ingeniosa la hemos oído desde siempre a periféricos más o menos achispados. A personas que cargan contra “Madriz” o “Madrit” con una falsa superioridad que, en realidad, responde a envidias o complejos que sus psicólogos no han sabido tratar. Ser la capital desde 1561 no es gratis y escuchar estas idioteces forman parte del precio que los madrileños pagamos por ese pecado. Eso y ser el manifestódromo de todos los ofendiditos nacionales e importados.holroydtileandstone.com onlinebijuta.com Mens VANS 2020 greensandseeds.com justineanweiler.com lepetitartichaut.com lepetitartichaut.com maison-metal.com blutuszos mennyezeti lámpa lepetitartichaut.com שולחנות מתקפלים automatický dávkovač mýdla lidl mindfulmusclellc.com automatický dávkovač mýdla lidl maison-metal.com

Los escasos y cortos periodos en los que, desde entonces, estuvo fuera la capitalidad fueron bien por los intereses especulativos del Duque de Lerma, bien por la guerra contra el francés de 1808, con las Cortes de Cádiz, o durante la Guerra Civil, cuando el gobierno republicano se trasladó a Valencia como paso previo a su obligado exilio. Fuera de esos 3 breves periodos, en Madrid se ha concentrado siempre la administración del Estado. Una decisión racional motivada sobre todo por la situación geográfica dentro de la península ibérica y que buscaba, precisamente, servir de unión y contrapeso necesario entre diversas partes de España.

Pues bien: hete aquí que, en lo que muchos consideran el estado más descentralizado de Europa, el Gobierno actual considera necesario el traslado físico de organismos, instituciones o empresas públicas a otros lugares. Las razones que esgrimen son dos, a cual más torticera: Por un lado aseguran que es para que toda España se sienta partícipe del Estado y apoyar la concordia y, por otro, para combatir ese falso concepto tan “2030” que es el de la “España vaciada”.

Y ambas cosas son mentira. Por un lado, el que haya un menor sentimiento de españolidad no es culpa de que las instituciones estén en Madrid. Es culpa de una política errada (y también herrada)  de abandono de lo que nos une. El otorgar a los presidentes autonómicos la representación del Estado en sus territorios, como dice la Constitución, no ha servido más que para que desde sus cargos se pueda dinamitar el Estado mismo y sus fundamentos, como se ha visto en Cataluña y se ve cada día desde Asturias a Baleares y desde el País Vasco a la Comunidad Valenciana.  Por ejemplo, Urkullu, que no se siente español sino sólo vasco, o Aragonés, que no se siente español sino sólo catalán, no pueden ser los representantes del Estado en sus territorios. Que ya sólo esas declaraciones deberían bastar para inhabilitarlos.

Por otro lado, lo de combatir la despoblación de las zonas rurales no se hace llevando la Dirección General de Política Energética y Minas a León o la Secretaría General de Pesca a Sanlúcar de Barrameda. Entre otras cosas porque no lo van a hacer. Es una falacia pensar que, como si esto fuera la China de Mao, se puede trasladar a miles de funcionarios de un lugar a otro sin protesta alguna. Como si al señor que opositó y trabaja para el Museo de Arqueología de Madrid, le venga estupendo trasladarse a Fregenal de la Sierra, por otra parte, precioso pueblo pacense.

Nos quedaremos sin ver el Traslado de Ministerio de Defensa a Melilla;  el de Interior, al Barrio del Raval, antiguo “barrio chino”, en Barcelona; el de Universidades, a las 3000 viviendas de Sevilla; el de Trabajo, a Marinaleda; el de Justicia, a Hernani; el de Cultura, a Magaluf  o la Secretaría de Estado Turismo a Benidorm.  O a lo mejor es que van a obligar, por decreto, a trasladar las funciones de ‘El Rey León’ (diez años lleva ya) a otros lugares. Importantes ciudades en las que algunos otros musicales que han durado también años en Madrid, o incluso han estado varias veces, han aguantado sólo 2 semanas y sin llenar. ¿De eso también tenemos la culpa en Madrid?

Y no, tampoco es eso lo que quieren. Lo que van a hacer los mismos que lamentan la fuga de empresas  privadas de Cataluña es trasladar las públicas, o los organismos que deseen, a sus nichos de votos. No a pueblos o ciudades pequeñas para beneficiarlos, sino a lugares importantes y ya poblados  cuyo voto interesa fidelizar para beneficiarse ellos. Por ejemplo, a Valencia. Es prácticamente seguro que en el próximo Congreso del PSOE, a celebrar en esa ciudad, se anunciará algo en este sentido, así que no se rían de lo Benidorm que dije antes. No es la valenciana, precisamente, una comunidad con problemas de despoblación. Lo que si sucede es que las encuestas dan un empate técnico en las próximas elecciones, con grave riesgo de que una alianza PP-VOX acabe con el vergonzante pacto del Zoológico, digo… del Botánico. Es sólo ese interés electoral el que mueve todas y cada una de las decisiones de este Gobierno. El mismo interés que hace que haya ido su presidente cuatro veces a La Palma pero que no fuera ni una sola al Zendal, a los hospitales de Madrid en pandemia  o a inspeccionar los daños causados por Filomena.

No quieren descentralizar. Quieren comprar votos. Si quisieran ayudar a la España despoblada, fomentarían las comunicaciones en una Extremadura que aún tiene vías de tren del s. XIX y llevarían el AVE a Portugal, nuestro hermano atlántico. O fomentarían la extensión de nuevas tecnologías a zonas rurales, crearían semilleros de empresas de industria agropecuaria en Andalucía, Castilla y León o Aragón.  O fomentarían la creación de filiales de grandes empresas en territorios menos poblados, asegurando un mejor trato fiscal, excelentes comunicaciones y facilitando infraestructura y suelo gratis, que lo hay en abundancia, durante 40 o 70 años,  sin pasar por las miles de ventanillas locales, provinciales, autonómicas y nacionales que son necesarias para cualquier trámite. Hay muchas cosas que se pueden hacer y que no harán.

Nada queda hoy de aquel espíritu de la Generación del 98, la que, desde todas partes de España, buscó definir su identidad centrándose en Castilla, en sus gentes  austeras, en sus costumbres, en su tradición y en sus llanuras ya entonces despobladas. Ahora es un insulto común entre los independentistas catalanes, cuyos votos sostienen a este gobierno, llamarnos a los demás “castellanos”, con ese retintín que les sale del odio inoculado lentamente durante los últimos 40 años y permitido por gobiernos indolentes del PP y cómplices del PSOE.

Como dice Ayuso, a Madrid lo dan ya por perdido. Ya sólo les queda rentabilizar esa pérdida despedazándolo  y repartiendo sus miembros entre los secuaces, que esperan con las fauces abiertas, del Gobierno más antiespañol, más cobarde y más traidor que hemos tenido desde Fernando VII.

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