La picaresca fue un instrumento de supervivencia muy institucionalizado en nuestro país desde que un autor aún sin determinar escribiera en el siglo XVI “El Lazarillo de Tormes”. Y digo fue de supervivencia porque la cruda realidad es que cada vez más hemos podido observar cómo la astucia de este personaje y sus formas de engañar al ciego se han trasladado a cualquier orden construyendo una arquitectura de listillos y oportunistas sin escrúpulos que no tienen la más mínima consideración a la hora de manejar los intereses ajenos por cualquier medio con tal de satisfacer los propios.
Esta maldita actitud que ha convertido a los honrados en víctimas, por agravio comparativo con los pícaros, en personas con menor capacidad de éxito y objetivos de los segundos, se convirtió hace muchos años en un mal endémico que consiguió afectar a la médula ósea del esqueleto de cualquier país, nuestro sistema político.
Es más que habitual encontrarnos en conversaciones de calle con cometarios acerca de tal o cuál persona que haya sido contratada por alguna administración a dedo sin mayores méritos ni honores que haber servido algún partido político en el poder. Y esto sería entendible cuando los méritos y capacidades de estas personas se correspondieran con las exigencias propias de los puestos a cubrir. Pero esto no sucede en demasiadas ocasiones. Por mi experiencia profesional, por ejemplo, puedo hablar de las diputaciones provinciales que, para muchos, no se han convertido sino en un cementerio de elefantes políticos que perdieron en alguna ocasión la alcaldía de su municipio y que, muchas veces sin estudio alguno, acceden a puestos de relevancia dentro de esta institución cobrando tanto o más de lo que lo hicieron como regidor.
Pero bueno, destripar el funcionamiento y lo que en demasiadas ocasiones esconden estas instituciones tanto materia de colocación como de subvenciones daría para mucho más que un artículo y justificaría en demasía lo que desde hace muchos años muchos cuestionan, la necesidad de acabar con unas instituciones que tienen un sobrecoste enorme para el Estado y cuyas competencias bien podrían asumir otras administraciones, como los ayuntamientos y las comunidades autónomas.
Hay estudios que hablan de un ahorro anual de unos 60.000 millones de euros al eliminar diputaciones y unificar administrativamente ayuntamientos colindantes. Bueno, fíjense que es una propuesta que ahora lleva VOX pero que no es sino copiada de la que hizo hace años UPyD, del que parecen haber recuperado sus estudios sobre ello. Parece un copia y pega, vamos, y sin referencia a sus autores digno de los mejores plagios del libro publicado en 2010 por la formación magenta “El coste del Estado autonómico”. Pero bueno, del enorme trabajo de uno de los dos mejores proyectos políticos para nuestro país del presente siglo hicieron copia de sus propuestas no sólo VOX. También lo llegó a hacer PODEMOS del análisis general de la situación política e incluso de varias iniciativas, el PSOE, o el PP… Así demostraron no sólo destrozar este partido sino repartirse sus tripas como buitres para no dejar nada de ese conjunto que reunía la mejor visión general de nuestro país y de las medidas adecuadas para afrontar sus retos.
Volviendo al ahorro de realizar reformas estructurales necesarias en la configuración de la administraciones miren ustedes si habría para bajar impuestos y para invertir en políticas sociales, como la construcción de viviendas que garanticen ese derecho que algunos reclaman desde la ilegalidad de ocupar un bien ajeno; y si ese bien en vez de modesto puede ser una gran casa o chalé mucho mejor, porque la dignidad para algunos consiste en disfrutar sin dar un palo al agua de la grandeza que otros también han conseguido con su esfuerzo y sacrificio. En definitiva, y habiendo explicado lo explicado sobre cómo funcionan ciertas instituciones no hace falta que les explique por qué a la mayoría de los partidos, antiguos y nuevos, no les interesa afrontar ni exigir esos cambios.
Hablábamos de esa picaresca que se ha contagiado de forma extraordinaria en la clase política y en los propios partidos. Lo más llamativo, sin duda, es que, cada vez en mayor medida, se ha apoderado del Gobierno y del propio Presidente. Y es que pocas veces en la Historia de los países europeos tantas medidas tan bien vendidas desde un ejecutivo han resultado no sólo tan inútiles, sino tan contraproducentes. Y, sin embargo, el Gobierno sigue alardeando de un buen trabajo… a pesar de las cifras. Curiosamente, cuando no pueden ni disfrazarlas, la culpa siempre es de otros, o de las circunstancias, al mejor estilo Goebbels.
La última ocurrencia ha sido el descuento en 20 céntimos del precio de la gasolina. Y en esto dice la picaresca que la sobrevaloración de los precios es mucho mayor de 20 céntimos, que del precio de este descuento 5 céntimos lo deben afrontar las propias gasolineras y que esto parece ser inviable para los pequeños empresarios que se están viendo en la necesidad de cerrar sus negocios. Buen primer resultado éste, especialmente para un Gobierno formado por partidos de los que tantos golpes se dan de izquierda… mientras ocultan lo que hacen con la derecha, que la tienen, y si no miren sus cuentas corrientes aquí y en el extranjero.
Pero la broma va mucho más allá, ya que el cincuenta por ciento de lo que los ciudadanos pagamos por cada litro de carburante no son sino impuestos. Si el Gobierno decide reducir el precio final en 20 céntimos parte de ese dinero es también parte de ganancias de las gasolineras, perdiendo de los 15 céntimos que paga el Gobierno una cifra aún inferior porque el IVA va a seguir grabando el mismo 50 por ciento del precio.
La cuenta es bien sencilla. Si de los 1,90 euros que pudiera costar un litro el Gobierno se lleva 0,80 euros y la gasolinera otros 0,80 euros, y le descontamos 20 céntimos, 5 de los cuáles los ponen las empresas nos encontramos con que el precio será de 1,70. De estos 1,70 la mitad, 0,85, se llevarían tanto Gobierno como gasolineras. Si al 0,85 que les corresponden a éstas le quitamos 0,5 del coste que el Gobierno les obliga a asumir de lo que realmente paga el usuario la gasolinera obtendrá 0,80 y el Estado 0,85. Si al Estado le descontamos le descontamos los 15 céntimos que pondrá por litro finalmente de esta cuenta terminará ingresando en impuestos limpios 0,70 euros, unos 20 céntimos más de lo que ingresaba por este concepto hace un año. Calculen los litros que consumimos en este país por día y luego terminen perdonando a aquellos partidos políticos condenados por corrupción.
Lo que yo les diga, la clase política seguirá viviendo a todo tren, seguirán subiéndose los sueldos y trabajando su estructura de voto a través de puestos de confianza de los no siempre mejor preparados, de aquellos que realmente cumplen con los necesarios méritos y capacidades que garanticen la mejor gestión de lo público, eso que pagamos entre todos y todas con el esfuerzo de esos impuestos que cada día nos asfixian más mientras la Ministra de Hacienda luce su habitual sonrisa bucólica a la vez que irónica en cada rueda de prensa.
Y mejor que no hablemos de Marruecos o de Argelia y las consecuencias que tendrán para nuestra economía las decisiones unilaterales de nuestro particular Lazarillo de la Moncloa.
Periodista, Máster en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos por la Universidad de Granada, CAP por Universidad de Sevilla, Cursos de doctorado en Comunicación por la Universidad de Sevilla y Doctorando en Comunicación en la Universidad de Córdoba.
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