Sí, hoy toca hablar de esa famosa Ley cuyo proyecto ha sido aprobado recientemente en el Congreso de los Diputados, la ya conocida como Ley Celaá, de Educación. Y no decimos “famosa” por su clausulado modélico, sino que este término evoca su crítica.
Muchos son los sectores que se están quejando de su contenido, pero ¿Esta ley es tan mala como la pintan?
Por supuesto que no. Incluso, si atendemos únicamente a las finalidades de esta ley, nada de ello será criticable, (entre las que destacan la modernización de la labor docente, mejorar el nivel competencial del alumnado, recuperar la equidad, etc) pero no debemos fijarnos en las metas, sino en las acciones que está ley cree acertadas para llegar a esas metas. Evidentemente, hay cosas criticables, por lo que vamos a hacer un repaso de los más destacable con el fin de poder llegar a una opinión más objetiva:
Se desarrollan de forma más específica los fines, para garantizar igualdad y no discriminación por ninguna razón, así como mayor colaboración social. Se fomenta la atención a las diversidades del alumnado, tomando medidas organizativas, es decir, viene a ser una personalización de la enseñanza. El castellano deja de lengua vehicular.
La religión será de oferta obligatoria, pero no se obligará a cursar una asignatura alternativa en caso de no elección. Se incluye la enseñanza de valores cívicos y éticos, añadiendo en secundaría el papel fundamental de los impuestos y la justicia fiscal.
Los centros que reciban subvención pública no podrán segregar a los niños por sexos. El alumno solo podrá repetir curso durante dos años a lo largo de su vida escolar pudiendo pasar de curso cuando el equipo docente lo considere a pesar de tener una o dos asignaturas suspensas. Fomento de la educación afectivo-sexual, impulsa la igualdad de genero en todas las materias. Desarrollo de la competencia digital para los alumnos.
En cuanto a los docentes, los que muestren una falta de condiciones para ocupar el puesto serán removidos de su puesto. En cuanto a la educación especial, la Ley trata de fomentar el desarrollo de recursos en todos los centros para atender a los alumnos con discapacidad. (Esto no significa que vayan a cerrar los centros especializados, pues, cómo parece lógico, hay niños que por su grado de dependencia necesitarán este tipo de centros).
¿Y qué hay de los centros concertados? No podrán percibir cuotas de las familias por recibir la enseñanza de carácter gratuito, ni imponer aportaciones. Esta medida deja fuera las posibles clases extraescolares que ofrezca el centro. Por otro lado, se elimina como criterio para abrir nuevos centros o ampliar las plazas el de “demanda social”.
Si bien hay medidas que me parecen erróneas, como eliminar la lengua oficial del país como lengua vehicular, hay otras bastante acertadas.
Llegados a este punto, pasaré a exponer, en mi humilde opinión, las críticas a la misma. En primer lugar, la misma se ha vuelto a redactar sin contar con la comunidad educativa, únicamente basándose en estadísticas, por lo que se ha vuelto a perder la oportunidad de llevar a cabo una reforma más acomodada a la realidad social. Todo lo contrario, se vuelve a cometer el error de no llegar a un pacto, un consenso entre todas las fuerzas políticas que garanticen una estabilidad educativa muy necesaria. Por lo que veremos como se vuelve a cambiar en el momento que tengamos otro Gobierno.
Por otro lado, esta ley está llena de medidas que, si bien son, a primera lectura, buenas, vuelven a ser cantos de sirena nada realistas al contexto social vigente. Esta conclusión se puede ver con claridad en la medida que fomenta la personalización de la enseñanza, siendo hoy por hoy una misión imposible para un profesor o maestro con unas clases entre 20 y 35 alumnos por aula.
Con todo, un apunte personal, y es que me ha llamado mucho la atención una modificación y es que se añada el término “alumnas” para hacer referencia al conjunto de escolares.
Llegados a este punto, debemos recordar que esta Ley no es más que un proyecto, a la espera de enmiendas que se podrán presentar hasta el 9 de diciembre, si bien, mucho me temo, que volverán a cometer el error de no consensuar las posibles modificaciones, para garantizar una estabilidad.
Para concluir, recordemos que la educación es la base de todas sociedades, y como tal, merece que es le dé la importancia que tiene, y que se produzca un verdadero esfuerzo por los agentes políticos. Un pacto de estado en esta materia es fundamental para el desarrollo de la sociedad de forma constante.
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