Quizás sea por aquello de que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. O quizás sea una cuestión relacionada con la ausencia de moral, algo que los académicos definirían como amoralidad, aquello que tan bien definió en su frase Groucho Marx de “estos son mis principios pero, si no les gustan, tengo otros”. Lo cierto es que los principios éticos se han convertido en nuestra política actual en finales y la desfachatez y el desprecio a esos principios se ha impuesto como norma a la hora de decidir en nombre de una más que denostada democracia desde aquello que se propone, aquello que se negocia y aquello que se aprueba. El cordobés Séneca bien lo sentenció cuando dijo aquello de que “lo que no prohíban las leyes debe prohibirlo la honestidad”. ¿Estamos ante una serie crisis del sistema?
Partamos de la base de que hay conceptos, instrumentos de derecho y planteamientos universales que no son ni pertenecen a ninguna ideología o discurso político concreto. Hablar de democracia no es hablar de izquierdas ni de derechas. En el mundo, de hecho, hemos sufrido a lo largo del último siglo, sin ir más lejos, dictaduras y gobiernos populistas y autoritaristas de uno y de otro extremo. Y lo más lamentable de todo es cuando te encuentras con aquellos que plantean discursos de uno u otro ámbito defendiendo a esos gobiernos denunciando a los de signo contrario. Hablar bien de regímenes como el venezolano o el castrista cubano, o de la Unión Soviética, planteando homenajes a dictadores como Stalin o Lenin y a la vez criticar la dictadura franquista es de un cinismo absoluto, tanto como lo contrario.
Hablando de democracia, ese instrumento de igualdad y de definición de un sistema de representación en los gobiernos, y dirigido a aquellos que hoy cuestionan, desde el Gobierno y sus aliados políticos, o desde ciudadanos de calle que siguen fieles las consignas de estos partidos, poco puede haber menos democrático, por definición y por concepto, que plantear ante unas elecciones que jamás se pactaría con unos partidos concretos y, una vez pasadas las elecciones, hacerlo. Entre otras cosas porque, de hacerse, se han roto por completo los planteamientos por los que aquellos que gobiernan han recibido sus votos. Es antidemocrático defender y apoyar un artículo 155 en las instituciones y, cuando se llega al Gobierno, por necesidad de apoyo de esas corrientes políticas, pactar con las mismas despenalizar aquello que se apoyó como un pulso al Estado de Derecho y a la propia democracia que debe garantizar la igualdad de derechos sobre un territorio común que es el Estado.
Y, esto, queridas y queridos lectores, no es una cuestión baladí. Si yo voto a un partido político que hace justo lo contrario a lo que prometió que iba a hacer ha roto democráticamente el fundamento de derecho por el que recibió mi voto. Si nos encontramos con una formación política que apoyó contundentemente a un personaje como Chávez en Venezuela y que, a cambio, recibió el apoyo de este en su construcción política debemos de entender que se ha apoyado y se apoya a un señor que dio un golpe de Estado en su país, algo que sucedió el 4 de febrero de 1994, al más puro estilo del general Tejero, hablamos de una formación con unos principios antidemocráticos. ¿Es que no vamos a tener memoria para eso? ¿Es que hay una minúscula razón para entender que aquellos que apoyan regímenes dictatoriales como el de Cuba no pueden mostrarse como instructores del concepto de democracia? ¿Hasta cuándo no vamos a entender que aquellos que justifican entre los suyos a criminales condenados por la Justicia no tienen autoridad moral para dar lecciones ni de justicia ni de derechos sociales? Porque quién delinque en una sociedad y es condenado es una amenaza para la propia sociedad, especialmente si no muestra arrepentimiento.
Así, no es de extrañar el apoyo de los socios de Gobierno de Sánchez a los delincuentes condenados del 1-O, como tampoco es de extrañar que aquellos que han justificado la existencia de ETA lleven entre sus diputados a quién perteneció a la banda terrorista o que entre sus cargos políticos nacionales haya tantos condenados por causas que van desde la pederastia hasta la malversación. Y que sea este partido político el que condicione la política nacional y el Gobierno de España después de que el propio Presidente, Pedro Sánchez, en la campaña electoral en la que ganó las elecciones, dijera que no pactaría con ellos, ni con los nacionalistas, ni con Bildu, es sumamente, absolutamente antidemocrático, porque no respeta los motivos que pudieron llevar a muchos ciudadanos a votarlos.
Bueno, más allá de la indecencia y antidemocracia que rebozan estas acciones, habría que hablar de credibilidad. Y es que, después de aprobar en el Congreso, por la vía exprés, una Ley que rebajaría las condenas de los golpistas catalanes y que permitiría el control del Tribunal Constitucional, Sánchez se permite el lujo de asegurar que no habrá referéndum en Cataluña. ¿Pero hay alguien que aún cree a este señor?
Miren ustedes, lo sucedido este jueves en el Congreso de los Diputados no es ya, únicamente, una bofetada a nuestro Estado de Derecho, a la separación de poderes o a la independencia de un Tribunal crucial en la Transición española y en las décadas de democracia, sino que es un paso crucial para conseguir el control de la impunidad a la hora de redactar, presentar y aprobar leyes. Es la carta blanca con la que soñaría cualquier golpista antes de dar el palo final al propio sistema.
Hacía al comienzo de este artículo una reflexión sobre si el sistema está en crisis. La respuesta, mi respuesta, es clara y contundente. No, no es el sistema el que ha entrado en crisis, sino que está siendo la degeneración global en materia moral y ética de los dirigentes políticos, de los partidos de siempre, los que están llevando al sistema al colapso. Ya todos hemos aprendido, especialmente en los últimos años, de qué manera los políticos pueden llegar a tener el control de la población, de sus libertades básicas, bien por la excusa de un virus como de una crisis que los propios ciudadanos no han creado pero que sí sufren por la pura incompetencia de aquellos que, dirigiendo los designios sociales y económicos, no dejan, eso sí, de enriquecerse, y casi nunca lícitamente.
Hay un término en derecho que determina en muchos casos la gravedad de un delito y que se denomina “alevosía”. La alevosía viene a ser cometer un delito sabiendo que no va tener una respuesta por parte de la víctima que pueda defenderse ante el ataque. Hoy al Gobierno le molesta enormemente que la oposición haya presentado un recurso a las reformas que dejarían al propio órgano indefenso y, con él, toda la ciudadanía de este país. Por hacerlo han calificado a la oposición de antidemocráticos y han hecho referencias al golpe de Estado de Tejero. Sin embargo, el verdadero golpe a la democracia, como ya indiqué, ya se produjo tras las elecciones y la maniobra de la reforma de la elección del Constitución no es sino un paso más para que el propio Gobierno pueda legislar con alevosía, un enorme riesgo, visto lo visto, al propio Estado de Derecho y a la integridad de nuestra propia democracia.
Y dirán algunos que no piensan que este Gobierno, que el Gobierno de Sánchez, pueda cometer ninguna atrocidad contra el Estado. Espero que no lo piensen aquellos que sean capaces de entender las consecuencias que tiene ni la aprobación esa reforma ni la eliminación de la sedición como delito ni la rebaja de las condenas por malversación. Espero que no lo piensen aquellos que aún creen que Sánchez cumple su palabra y representa realmente la voluntad de aquellos que lo votaron.
Periodista, Máster en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos por la Universidad de Granada, CAP por Universidad de Sevilla, Cursos de doctorado en Comunicación por la Universidad de Sevilla y Doctorando en Comunicación en la Universidad de Córdoba.
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