‘El traje del emperador’ y las ambulancias de Córdoba

Dicen que no es agua todo lo que reluce, olvidándose de que hay aguas que tampoco lo hacen. O quizás sea que no son todo agua, que la contaminación ha llegado a transformar en una especie de fango de diversas calidades esos estratos más o menos líquidos en los que a veces nos queremos reflejar sin éxito. De ahí el gran dolor para muchos, por ejemplo, que supuso el conocimiento público de ciertas formas de actuar del anterior monarca de España. La Corona, la Familia Real como institución, es una imagen que debe ser cristalina, traslúcida. Y debe serlo, entre otras cosas, porque está basada en la ejemplaridad. Cualquier turbiedad hace desestabilizar a la institución y puede poner en jaque su permanencia y, en un país como el nuestro de pensamientos tan viscerales y de tanta ignominia ante cualquier motivación ideológica, la amenaza siempre está presente.

Bueno, curiosamente, esto sucede con la Corona pero no, ni mucho menos, con los partidos o los propios políticos que no dejan de justificar y justificar aferrándose a presunciones de inocencia hasta que un juez dicta sentencia. En el caso de que les sea favorable enarbolan la bandera de ser víctimas de confabulaciones y si la sentencia es condenatoria la última moda tan poco democrática, más viniendo de representantes de la ciudadanía, es señalar a los jueces.

Lo cierto es que no existe la perfección, cierto. Sin embargo, la percepción de un sentimiento extremo, el fanatismo a veces, de defensa de unos o de otros nos puede llevar a no querer ver la viga en nuestro propio ojo. Les comento el por qué de toda esta argumentación. Hace seis meses que el servicio provincial de transporte sanitario en Córdoba fue licitado haciéndose cargo de este servicio público, de forma privada con cargo a los presupuestos de Sanidad de la Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Popular, una UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por las empresas SSGA y ambulancias Pasquali. Para que se hagan una idea, esta UTE recibirá de la administración andaluza la cantidad de algo más de 62 millones de euros por cuatro años de este servicio.

Pues bien, desde el 17 de septiembre del pasado año que asumió el transporte sanitario provincial sus trabajadores, de los cuáles más de una treintena no fueron subrogados en el proceso tal y como esperaban sin que hasta el momento la empresa haya dado los motivos por los que no lo ha hecho, según denuncian, no han cobrado horas extra ni ningún complemento de los reflejados en el convenio del sector. Vamos, en cifras podría suponer para cada trabajador en torno a unos 800 euros menos en sus nóminas. Imagínense que tienen hipoteca, hijos estudiando en la universidad fuera de sus ciudades, que tienen a personas que dependen de usted o, incluso, que tienen deudas que deben que pagar lo mismo que tienen que pagar la alimentación y las facturas de suministros de sus hogares con esa cantidad mensual menos en sus bolsillos.

Pero no queda ahí la cosa. Ya que, denuncian estos trabajadores, se ven obligados a sumir jornadas de trabajo por encima de lo estipulado (les recuerdo que esas horas extra no las están cobrando) y no disponen siquiera de una sala de descanso para ello como el convenio refleja. Por lo visto, la responsable de disponer de esta sala de descanso debería ser la Administración. Sin embargo, la delegada de Salud de la Junta de Andalucía en Córdoba, responsable de la adjudicación de la licitación y encabezada por María Jesús Botella, hermana de la ex alcaldesa de Madrid y esposa del ex Presidente José María Aznar, o bien mira para otro lado o bien no deja de tirar balones fuera mientras más de 330 familias están pasando necesidades y se encuentran en una situación límite. De hecho, hoy denunciaba UGT que se estima que un 30 por ciento de la plantilla se encuentra de baja, un 70 por ciento de los cuáles es por depresión. Y digo se estima porque la propia empresa se niega a dar las cifras, ni de esta situación ni de ninguna a los agentes sociales como es su obligación.

Pero el desfase es tal que, según denuncian, la dejación de empresa y Administración está trayendo consecuencias nefastas para la calidad de este servicio público. Tanto es así, que personas que han sufrido las consecuencias de sus tratamientos de diálisis, por ejemplo, se ven obligadas a esperar hasta seis horas, indican los trabajadores, para ser recogidas y llevadas a sus domicilios. Y esto, oigan, es porque la empresa, para ahorrar costes de esos más de 62 millones de euros que nos está costando este servicio, considera que deben ser el máximo de usuarios que quepan en una ambulancia los que sean trasladados desde los centros de diálisis, aún cuando esto supone que deberán, además, esperar a que vayan soltando a aquellos que se encuentran en el camino, la mayoría de ocasiones hasta en otras localidades, provocando no sólo nuevos retrasos sino, además, recorridos maratonianos que los conductores deben realizar en estos traslados. El objetivo, rentabilizar al máximo y aumentar los beneficios.

Pero es más, aún. Imagínese que usted, o un familiar, su propia madre o hermana, ha sufrido en su pueblo una fractura de cadera. ¿Les gustaría que, por ahorrar en este servicio que nos cuesta más de 62 millones de euros en cuatro años, la recogiera una ambulancia de tipo A? Pues les cuento. Este tipo de ambulancias sólo lleva a una persona, el conductor que, aunque siendo Técnico de Emergencias Sanitarias como regula la Ley, va solo. Es decir, usted, o su familiar, o incluso su madre o su hermana, estaría siendo trasladada desde un pueblo hasta el hospital de la capital absolutamente sola, con una rotura de cadera, con los movimientos propios de la conducción y sin nadie a quién contarle siquiera cómo se encuentra, “atada” a una camilla, como indican que está ocurriendo en la provincia de Córdoba.

Por cierto, ¿les gustaría que la persona que les atendiera y tuviera que conducir la ambulancia que les transportara se encontrara en una situación de estrés, cansancio y desánimo? Pues eso podría ocurrirles si necesitaran este servicio en la provincia de Córdoba. Imagínense si en vez de una fractura de cadera fuese un infarto. Una persona infartada y sola, absolutamente sola, trasladada en la parte trasera de una ambulancia al hospital. Un servicio estupendo, magnífico, por el módico precio a nuestras arcas públicas de más de 62 millones de euros, cinco millones de euros más que la anterior empresa adjudicataria, y con la Administración andaluza mirando para otro lado.

Miren ustedes, cuando las cosas van bien y la teoría ideológica funciona no hay sino que aplaudir venga de donde venga. Pero en casos como este no hay más remedio que levantar el grito al cielo y denunciar a los cuatro vientos que no sólo nos están tomando el pelo, sino que hay trabajadores de lo público que realizan su labor a través de una empresa privada, que están siendo sometidos a un varapalo laboral, económico y emocional que no hay presupuesto que lo justifique. Hay quién dice que la empresa podría excusarse en que cuando firmó la licitación los costes eran menores, especialmente los de material y carburantes… Claro, pero a pesar de que esto ya estaba sucediendo el 17 de septiembre fecha en la que asumieron el servicio, no renunciaron al mismo, prefirieron embolsarse tal suma y castigar a los trabajadores con estas condiciones. Porque claro, la vida sólo ha subido para esta empresa. A los empleados no les ha subido la luz, la gasolina o los alimentos a los que tendrán que hacer frente con 800 euros menos en sus nóminas.

Miren ustedes. Yo soy un arduo defensor de lo público. Y lo soy porque una de las circunstancias que rodean a la existencia de lo público es la garantía de cubrir derechos fundamentales entre la población, como en este caso es el derecho a una Sanidad. También entiendo que en momentos muy concretos y justificados, también acordados con los agentes sociales, se hagan conciertos privados para cubrir necesidades específicas que no son amparables por los recursos públicos de ese momento. Otra cosa bien distinta es la gestión que de lo público hagan o deban hacer aquellos que, de turno, gobiernen, por lo que también soy muy partidario de la despolitización de las empresas públicas y de la exigencia de un control de resultados que garanticen que nuestro dinero, nuestra inversión, no está siendo usada de mal modo o derrochada.

Pero quiero ponerme, por un momento, en la piel del más exigente y convencido defensor de lo privado. ¿Quién puede justificar que con más de 62 millones de dinero público una empresa privada haga tal desalmado uso de esos nuestros recursos para negarle a los trabajadores derechos adquiridos por convenio y a los usuarios la calidad asistencial mínima concebible que garantice su salud y su bienestar pagado con los impuestos de todos? Situaciones como esta son injustificables y, sinceramente, considero que son el talón de Aquiles de una alternativa que, de extremo a extremo, puede convertirse en la bomba de relojería que haga estallar cualquier otro proyecto que, dentro de una democrática alternancia política en las urnas, se nos presente como solución a cualquier situación que podamos denunciar que atraviesa el país. Ni ninguna empresa debería hacer algo así impunemente ni ninguna Administración que haya firmado una licitación con dinero público debería consentirlo porque, de hacerlo, bien podríamos decir que de sus buenas intenciones nos estaría engañando.

No es oro todo lo que pretende relucir, ni son claras, como indicaba al principio, todas las aguas. Lo cierto es que en Andalucía, les advierto, ya hay demasiada gente que está echando de menos en el Gobierno de la Junta a Ciudadanos. El partido que podría haber evitado un Gobierno que terminó pactando con nacionalistas independentistas y otros radicales, y el partido que consiguió una moderación del PP en Andalucía que ahora tanto se echa de menos. Aún no sabemos si Ciudadanos hubiese sido un partido idóneo para liderar un Gobierno, pero sí muchos tenemos completamente claro que como disolvente de la suciedad propia de los extremos sobre un agua más o menos cristalina sí ha cumplido su función a la perfección. Y si no, ahora, en estas lides, que se lo cuenten a Madueño.

Traducido del cuento de «El traje del Emperador», aún hay quiénes, por ideología o fanatismo, son capaces de justificar asuntos como ya que estos «se vuelven invisibles a ojos de los necios y de quienes no merecen su cargo»… y sin embargo los ostentan.

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4 Comments

    • No, los demás no trabajan el triple porque ya trabajaban el cuádruple sin que les pagaran más allá del salario base. Y no, el empresario, ante una baja laboral, debe contratar si es necesario para cubrir los servicios.

    • No, pensar de personas que están en esa situación que estuvieran saboteando el servicio con la complicidad de los médicos creo que es poco, como mínimo, coherente. Se estarán, en todo caso, saboteando a sí mismos ya que estando de baja cobran menos aún que ese salario mínimo. Lo que es de pensar hasta qué punto habrán llegado de no soportar la situación para encontrarse de esta manera. Seis meses en estas condiciones es algo muy duro.

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