Dice la RAE, sobre el término Justicia, que se trata de un «principio moral que lleva a determinar que todos deben vivir honestamente», mientras que «administrar justicia» tendría el sentido de «aplicar las leyes en los juicios civiles o criminales, y hacer cumplir las sentencias». Cuando la pregunta es sobre el término «política», las acepciones son muchas, pero quizás la más ajustada sería la de «actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos». Si, finalmente, buscamos la palabra «periodismo», la respuesta de la RAE será la de «actividad profesional que consiste en la obtención, tratamiento, interpretación y difusión de información a través de cualquier medio escrito, oral, visual o gráfico».
Este aparente galimatías de definiciones viene al caso de ajustar unas más que aparentes consecuencias de la exactitud de la práctica política, de la administración de la Justicia y del ejercicio periodístico. Por todo ello, cabe determinar que la Justicia no está para opinar sino para aplicar las leyes en torno a pruebas que determinen la comisión de delitos, que la interpretación de las leyes debe hacerse en torno al principio moral de una convivencia honesta, principio del que emanarían otros primordiales como la igualdad y la equidad.
Respecto a la política hablamos de una actividad en el que se rigen los asuntos públicos. Esta tarea se desprende de la elección democrática por la que los políticos adquieren ese compromiso y juran la Constitución que prometen defender como marco de convivencia. Además, conlleva máximas excluyentes, recogidas en la propia Carta Magna y en las leyes respecto al enriquecimiento ilícito, a cargo de lo público o en función del cargo público, que incluye el tráfico de influencias. Que sepamos, no hay ningún partido político que haya estado en el Gobierno de España que no haya tenido algún representante condenado por estos términos, por lo que en nada nos debería asustar este comportamiento y la derivación de la ostentación del poder en beneficio propio o de los propios. Sin embargo, se trata de algo que hay que perseguir, estudiar, investigar y condenar cuando las pruebas así lo dictaminen.
Por otra parte, se despierta, dentro de la propia concepción de “regir” los asuntos públicos y la propuesta y aprobación de las leyes que nunca estas deberían de aprobarse en base a la conveniencia de las propias fuerzas políticas que representan la voluntad popular. El concepto de mayorías y de acuerdos políticos es contraria al interés general cuando entre esos acuerdos políticos se ejercen acciones legislativas que tienen como fin el intercambio de acciones que no tengan como objetivo el bien común, la convivencia en honestidad. Este método de comportamiento político es más propio de regímenes totalitarios que de regímenes democráticos y es una fórmula que hay que perseguir y que, si la honestidad germinara en nuestros representantes, debería estar perseguida por las propias leyes que emanan de nuestro Congreso y nuestros Parlamentos.
Finalmente, por no hacerme muy extenso, el ejercicio periodístico, por definición, no entiende conceptos de pseudomedios, que sería una fórmula para condenar a aquellos que no piensen contra nosotros y un ataque absolutamente directo a la libertad de expresión. De hecho, una de las características que se adhieren a la profesión periodística es, precisamente, la interpretación de las informaciones, proceso absolutamente necesario para poder escribir una noticia e indispensable en el caso de que se trate de un artículo, opinión, en cualquier medio. Distinta cosa son las injurias o la falta a la verdad que pueda producirse en algún medio o en el trabajo de algún profesional de la información, para lo que ya existen mecanismos jurídicos para la defensa de los intereses de aquellas personas que piensen que se hayan podido ver ultrajados sus derechos.
Teniendo esta serie de cosas claras y no permitiendo otras interpretaciones de quiénes no están llamados a realizar esta tarea sino a solucionar los problemas y los grandes retos que pueda afrontar nuestro país, cómo cambiaría la cosa si, como ciudadanía, no permitiéramos que nuestra honesta convivencia se contagiara de tanto odio y tanta manipulación intencionada e interesada. Por algo Montesquieu habló de forma tan nítida de la necesaria separación de poderes dentro del Estado. Saltarse esta norma elemental es destruir los cimientos de cualquier democracia, algo sumamente no sólo para la convivencia, sino también para la honestidad que hemos pactado defender.
Periodista, Máster en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos por la Universidad de Granada, CAP por Universidad de Sevilla, Cursos de doctorado en Comunicación por la Universidad de Sevilla y Doctorando en Comunicación en la Universidad de Córdoba.
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