La degradación institucional es una realidad incuestionable en nuestro país. Y la peor parte de ella nos la llevamos la ciudadanía que permitimos la impunidad, que nos arremolinamos en los sofás a ver por pantallas los escándalos mientras nos llevamos al terreno de las conversaciones de taberna con gente de confianza nuestros pensamientos sobre ella. Nada es por casualidad. Recuerdo hace muchos años, cuando empezaba a opinar de política, que mi madre no dejaba de decirme que no me metiera en esos menesteres, que me podía buscar un lío. Sí, es la mentalidad de mucha gente de avanzada edad que vivieron estas circunstancias en la dictadura. Hoy en día, de nuevo, expresar tus propias opiniones, un derecho reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, se ha vuelto a convertir en una profesión de riesgo. Y lo es porque desde ciertos sectores políticos comenzaron a usar sus púlpitos democráticos para expresar no sólo rechazo a las opiniones no compartidas o que pudieran afectarles, sino a tildar de fachas y de fango a aquellos que sólo usaron su derecho fundamental para expresar lo que realmente pensaban y piensan.
El derecho elemental a expresar una opinión no puede ni debe jamás ser cuestionado desde las instituciones democráticas porque eso supone un atentado a esos derechos sin los que no se entendería lo que es realmente una democracia. A la vez que hicieron esto, crearon y cultivaron el odio hacia aquellos que expresan desacuerdo con sus decisiones desde el poder, y lo hicieron utilizando el instrumento de la ideología y del frentismo, llegando a comparar la política actual y las corrientes ideológicas con aquellas que acabaron en una guerra civil en nuestro país ya cerca de hace un siglo. El maniqueísmo totalitario de estos tuvo más efectos cuando se proclamaron defensores de ciertos derechos fundamentales amparando a colectivos hacia los que, a la vez, dedicaron sendas partidas presupuestarias a costa de la enorme subida de los impuestos y de un ansia recaudatoria que contrasta con los bajos resultados que realmente han tenido sus reformas legales en la defensa de dichos colectivos. Eso, sí, el gasto en aparentar no dejó nunca de funcionar porque siempre fue la instrumentalización de estos colectivos con el fin de su uso electoralista y de imagen.
Una de las pruebas más fehacientes está en la defensa a ultranza de ciertos derechos y las prácticas de algunos de ellos que han evidenciado la falta de credibilidad de sus palabras y de sus intenciones reales con ello. Convertir al Gobierno en una especie de institución generadora de creencias laicas contrasta con el continuo desprecio de ésta hacia los representantes de la religión católica en nuestro país, a los que no dejaron de amenazar en ningún momento con acabar con los beneficios de los acuerdos firmados con el Estado en una especie de intento de mordaza, mientras beneficiaron continuamente a otras confesiones religiosas, alguna con ramificaciones extremistas que, precisamente, van directamente en contra de aquello que desde el mismo Gobierno se defiende en cuestiones relacionadas con la libertad y los derechos de los colectivos mencionados, especialmente el de mujeres y LGTBI.
La triste farsa representada desde los poderes políticos, en la que las decisiones y legislación aprobada en poco han beneficiado, sino profundizado en las diferencias, alejando la auténtica y verdadera igualdad, que pertenece al individuo sin distinción de ningún condicionante por género, raza, origen, religión o tendencia sexual, como bien defiende nuestra propia Constitución, se hace visible en una máxima que yo mismo defiendo desde la perspectiva de los estudios de paz y conflictos, el hecho de que no es posible aplicar con éxito políticas de igualdad partiendo de la diferencia. Estoy convencido de que si el colectivo LGTBI o el de mujeres hubiese sido crítico con este Gobierno o con sus socios, la relajación en la aprobación y publicidad de las políticas, y la aprobación de las mismas hubiese sido bien distinta, lo que demostraría una perversión más en el uso de las instituciones y del poder para beneficio político propio. Y ojo, no hablo de que no haya personas que crean fielmente en la defensa de estos colectivos, sino que las políticas llevadas a cabo, en su gran mayoría, o no han tenido efecto o, con el tiempo, están teniendo el efecto contrario, lo que determina su inutilidad y el nulo verdadero interés en resolver los problemas sino todo lo contrario, volverlos cíclicos, que nunca se resuelvan, para seguir abanderándolos a grito, puño y bandera, y así poder seguir sacando réditos políticos y electorales de los mismos. El verdadero éxito de estas políticas no se encuentra sino en la propia evolución social y la asimilación por gran parte de la ciudadanía de la necesidad de avanzar en libertades y en igualdad; pero sus efectos, a medio y largo plazo no se presentan excesivamente triunfalistas por el efecto rebote que plantea la presión acelerada e inconsciente de ir más allá de los derechos y fomentar el odio hacia el discrepante como instrumento que con el que combatir por sus propios intereses.
Volviendo al terreno del derecho de opinión y la instrumentalización del poder político en nuestro país, unido a la desidia con la que la población está demostrando su indignación ante la corrupción, creo que, más grave aún que el revuelo que esta está provocando es el uso de la posición de poder para modificar nuestro propio Estado de Derecho a la medida de los intereses de quiénes nos gobiernan y hasta de la propia corrupción que, diciendo combatir parece que protegen o tienen intención de hacerlo a toda costa. Pocos saben que muchos medios de comunicación que han sido críticos con el Gobierno y, muy especialmente, con los casos de corrupción descubiertos, han visto retiradas o reducidas considerablemente campañas publicitarias del Estado a favor de medios afines. Esto supone no sólo un atentado contra el derecho de información sino, además, una acción que denota castigo a la opinión contraria al Gobierno o a la propia corrupción, en un ejercicio más propio de una justicia paralela inmoral que a un Gobierno que, realmente, apuesta por los derechos fundamentales, por la libertad y por la lucha contra la propia corrupción.
Por otra parte, y en el terreno de la Justicia, resulta muy alarmante, no solo por su contenido sino también por la celeridad con la que el Gobierno quiere llevar a cabo la reforma, la Ley que cambiará el acceso al Ministerio Fiscal, permitiendo elegir fiscales a dedo, y hasta el cambio en que estos sean los que instruyan los casos, provocando un filtro en el acceso a los tribunales más que sospechoso de manipulación ideológica o de intercambio de favores con quiénes decidieron elegir a los que tienen en sus manos la evolución de cualquier caso judicial.
Pero, por si esto, unido al control del Tribunal Constitucional y el intento de control de todos las instancias judiciales como el Consejo General del Poder Judicial y, cuando puedan, del propio Tribunal Supremo, nos encontramos con un anteproyecto de Ley que dejaría como no admisibles como prueba grabaciones como las que han llevado al banquillo a los presuntos corruptos Cerdán, Ábalos o Koldo García. Me pregunto si un Gobierno que dice va a aumentar su control de la corrupción haría tal cosa. Pues no, una vez más parece instrumentalizar su poder, con el consentimiento de sus socios, para proteger a los presuntos corruptos; unos socios que no dejan de darse golpes de pecho ante la corrupción pero que, por interés, no quieren renunciar a seguir ocupando su espacio de poder al condicionar la continuidad del propio Gobierno. Justo los socios que votaron contra Mariano Rajoy en la moción de censura que le dio el poder a Sánchez. Un despropósito tras otro.
Hace un par de días se me heló la sangre al ver una noticia que venía de Venezuela. Sí, Venezuela, que ahora seguirán diciendo que siempre se habla de Venezuela, y con más razón debemos hacerlo ahora a tenor de las informaciones que nos llegan que la relacionan con la corrupción en nuestro país. Pues bien, la noticia anunciaba que un tiktoker de este país, de 24 años, fue asesinado mientras hacía un directo. Estaba amenazado porque en sesiones anteriores había sido crítico con el Gobierno. Un par de pistoleros, en presencia de su madre, ingresaron a la fuerza en su casa y le asestaron, con la emisión en directo, nueve tiros mientras su madre no dejaba de gritar de dolor por lo que estaba ocurriendo, acabando con su vida. Este es el país de las extraordinarias relaciones y que tanto defiende este Gobierno y también Zapatero, íntimo de su Presidente y de toda una estructura de poder que comenzó cambiando las leyes y adaptándolas a sus intereses en cada momento. El país del que ya han huido más de 8 millones de personas; el país que ha asesinado a tantos ciudadanos por sus discrepancias, que los ha metido en la cárcel, que tiene multitud de presos políticos de la oposición, que ha amañando elecciones y que mantiene en la miseria a la mayoría de su población si no es fiel al régimen.
Una de las partes más dramáticas de leer esta noticia, más allá del terrible asesinato, del atentado contra la libertad de expresión y la propia expresión de odio dentro de un pueblo hermano, fue observar los comentarios de muchos venezolanos alentando este tipo de acciones o aplaudiendo la muerte del joven.
Si hay muchas cosas que no quiero y que tengo claras en mi vida es que yo no quiero que España, mi país, se convierta en una Venezuela. No lo permitamos y digamos basta.
Estos días he percibido asombrado, como muchos, la actitud de Sánchez en la OTAN o su desprecio a otros países de la Unión Europea, que cada día se presenta más crítica con su Gobierno, con la corrupción que se judicializa, con su respuesta a estos casos y con sus políticas que amenazan seriamente a la democracia en nuestro país. Lo más terrible de todo esto es pensar que a Sánchez, en estos momentos, le sobra y le molesta Europa, que se está convirtiendo en una amenaza para su libertad de hacer y deshacer en nuestro país, así como le molesta el Rey que, no lo olvidemos, es Jefe de todos los ejércitos, precisamente aquellos que no quiere reforzar con un 5 % del PIB, como le obligan a hacer sus socios de Gobierno. Hasta aquí por hoy, porque, lamentablemente, seguir es profundizar aún más en lo que aquellos que verdaderamente somos libres y demócratas estamos percibiendo con total impotencia.
Sólo quiero acabar con una grase que he usado mucho en mi vida, especialmente cuando hablo de política, y que pertenece al cordobés Séneca: “Lo que no prohíban las leyes debe prohibirlo la honestidad”. ¿Y si el verdadero enemigo de la democracia es un Caballo de Troya instalado en el seno del poder político de nuestro país para acabar con la primera y elemental fórmula de convivencia, nuestra propia democracia? No todo vale.
Periodista, Máster en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos por la Universidad de Granada, CAP por Universidad de Sevilla, Cursos de doctorado en Comunicación por la Universidad de Sevilla y Doctorando en Comunicación en la Universidad de Córdoba.
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