Hacia la ilegalización de Podemos

Velar por la independencia de los jueces, vigilar y fiscalizar la legalidad de todo procedimiento judicial, así como tutelar ciertos bienes especialmente protegidos son algunas de las funciones que vertebran el estatuto y naturaleza de ese ministerio público al que se conoce como Ministerio Fiscal. Todo muy bonito sí, sino fuera porque este ministerio público del cual depende el inicio de la investigación e instrucción judicial en una ingente cantidad de vertientes sociales es elegido a propuesta del propio Gobierno. ¿Supone esto una inadmisible injerencia del poder ejecutivo sobre el judicial? Por supuesto que sí, y he de decir, para que al lector no le quepa duda, que esta importante grieta en la división de poderes cuyo vértice se sitúa prácticamente en el proceso constituyente del 78, aunque bienintencionada, extiende sus consecuencias a nuestro presente.

En nuestra hecha ya jirones «era del confort», se nos ha ilustrado una concepción de la democracia como división enfrentada de tres vértices de poder que, al menos en su formulación original, se inquieren y vigilan entre sí. De la altitud moral y filosófica en su construcción primitiva, no me cabe duda. Claro que, quizás a esta atalaya de tres dimensiones sobre la que se sustenta el equilibrio y paz de cualquier nación le falte el cuarto bastión, un cuarto poder que fiscalice la acción, transparencia y legalidad de los tres restantes, de tal forma que sea absolutamente imposible escapar a la legalidad vigente y por ende a la expresión efectiva de la justicia. Y este cuarto poder no sería otro que el ministerio público, ese conocido Ministerio Fiscal erguido, erigido y transformado en inspector de la división de poderes. Dicho de otra forma, un ministerio público segregado del propio poder judicial, liberado de las fauces del poder ejecutivo, y convertido en un cuarto poder fiscalizador de la legalidad de los tres restantes, y responsable de que absolutamente ninguna ilegalidad escape al control togado. 

Si quienes profiriendo y balando a pedradas y adoquines desde una profunda ignorancia el memorizado e interiorizado mantra de que los demás son los fachas y los fascistas (todos menos ellos, claro), se diesen un paseo por las líneas del texto que regula los partidos políticos, se estremecerían ante un demoledor artículo 9 de ésta ley 6/20202, en cuyo seno se advierten y dibujan una serie de conductas en las que el partido de Pablo Iglesias puede haber estado incurriendo desde tiempos pretéritos y a cuya merced sus secuaces se quedarían ojipláticos. O eso quizás sea pensar con excesiva benevolencia de sus esbirros. No digamos ya un juez, que, con pruebas objetivas y notorias sobre la mesa, y en virtud del artículo 10 del mismo cuerpo legal (artículo que faculta al juez para disolver a un partido político) no dudaría en ilegalizar a la formación chepada que espera a las adolescentes en el baño. Podemos pasaría entonces de asaltar los cielos a coronarse en los titulares de nuestro solar patrio por su inminente y definitiva desaparición del escaparate nacional de partidos. 

¿A qué esperan pues los jueces para disolver Podemos si la propia ley de partidos se lo permite?, se estará preguntando en estos momentos el lector. Qué fácil verdad, le puede resultar a un magistrado disolver un partido político, si con pruebas más que evidentes y palmarias, hubiere motivos para ello…

Aparentemente sencillo, nos encontramos con un gran primer escollo en la propia Ley Orgánica 6/ 2002 de partidos políticos, en cuyo artículo 11 se imprime la exclusiva competencia para iniciar este procedimiento de ilegalización al Gobierno y al Ministerio Fiscal. ¡Vaya por Dios, tenía que aparecer el Gobierno! ¿Alguien se imagina al ejecutivo de Sánchez instando deliberación del Consejo de Ministros mediante, la disolución judicial del partido político del que precisamente depende para gobernar?

Se preguntará ahora mismo el lector, con razón, ¿Que tal entonces el Ministerio Fiscal?, ¿Acaso no puede este, según el mismo artículo 11 exhortar el procedimiento para que judicialmente se disuelva al partido de Iglesias? Y la respuesta es que sí, rotundamente sí. Pero aquí viene el nada desdeñable segundo obstáculo. Este ministerio público, que para desventura de una democracia viciada desde sus inicios en la que el Ministerio Fiscal (el cual en mi opinión debería ser un cuarto poder) es nombrado a propuesta del propio Gobierno (y por tanto, aunque no oficialmente, se debe a él), ¿va a iniciar un procedimiento judicial para la ulterior y terminante eliminación del ajedrez político de precisamente el partido político que sostiene al Gobierno que le ha nombrado? Ya se puede uno imaginar la contundente respuesta.

Como puede observar el ávido lector, el panorama no puede ser más desolador. Nos encontramos ante el peor Gobierno de la reciente historia de España, escoltado tanto en el Congreso de los Diputados como en su formación como ejecutivo, precisamente por esos dudosos partidos políticos cuya radiografía en el seno del artículo 9 de la ley de partidos, arrojaría sobrecogedores resultados. Y estos tipos, esta impresentable ralea de enemigos de España, tienen en sus manos en éste ahora que no cesa, no sólo el báculo del poder ejecutivo, sino además gran parte del legislativo, y una nada baladí parte del poder judicial. Y es que, si bien es verdad que, aunque el Poder Judicial se mantiene todavía indemne en su independencia, no puede sin embargo actuar so pretexto de la ley de partidos, si el propio Gobierno o ministerio fiscal no instan el procedimiento. 

Sé que esto no es lo que le gustaría oír a mis compatriotas y gentes de bien, pero salvo que el ministerio fiscal lleve a cabo un acto de valentía y patriotismo en el que se pase por el forro las órdenes del propio Gobierno que le ha nombrado, me temo que no se iniciará procedimiento alguno que constriña a la justicia a hacer un favor al futuro de España y de los españoles. Salvo eso sí, que fruto de las próximas elecciones generales se yerga un ejecutivo patriótico que inste al Ministerio Fiscal a no dejar piedra sobre piedra.

De disfrutar de un ministerio fiscal independiente (incluso como cuarto poder democrático distinto al Poder Judicial) y ajeno a toda injerencia del Gobierno en su nombramiento, hoy la formación política Podemos estaría probablemente en la antesala de su definitiva ilegalización. 

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