Los españoles no nos sorprendemos ante los insultos a la democracia que, diariamente, comete el Gobierno de España y sus cómplices. Sentimos mucha vergüenza democrática. Desde que Pedro Sánchez accediera al poder, los derechos de las víctimas del terrorismo y de sus familiares se han visto pisoteados de la manera más vil posible.
La última infamia del presidente Sánchez se ha visto materializada en el acercamiento de once presos pertenecientes a la banda terrorista ETA, a las cárceles del País Vasco entre ellos, Henri Parot y Francisco Javier García Gaztelu, más conocido como “Txapote”. Mientras estos asesinos están durmiendo más cerca de su casa, las cincuenta y tres personas a las que les arrebataron injustamente la vida no volverán nunca más a reencontrarse con sus familias y amigos. La lucha de quiénes padecieron el dolor más absoluto se revive de la peor forma.
Pero, ¿qué podemos esperar de alguien que se ha dejado chantajear por un puñado de votos? Aunque lo más sorprendente de toda esta historia es el papel que juega el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, un magistrado que luchó contra ETA y la izquierda abertzale que prefiere culminar su ambición personal antes que ser valedor de los derechos de los más de ochocientos asesinados. Resulta ingrato afirmar que quien envió a Arnaldo Otegui a prisión y se hizo cargo de asuntos muy dolorosos en la historia reciente de nuestro país como es el accidente del Yak-42 se ha tornado en un viraje tan explosivo.
De ser propuesto por el Partido Popular como vocal en el Consejo General del Poder Judicial, esta persona de ideas conservadoras se transformó, el día que optó por la ambición traicionando así, a todo el trabajo realizado, sufrimiento, amenazas y coacciones perecidas. ¿Realmente se pueden enfrentar las ideas por un ministerio en el peor Gobierno de la historia de España? Cuando el partido político heredero del terrorismo, EH Bildu, actual socio preferente de nuestro decadente Gobierno, dijo que con Pedro Sánchez vendría su gran oportunidad, estaban en lo cierto.
En este mismo momento, el setenta por ciento de los condenados por terrorismo se encuentran en las cárceles del País Vasco y Navarra. Resulta muy importante señalar que para efectuar un traslado de un centro penitenciario a otro se deben cumplir una serie de requisitos por parte de los presos que, evidentemente, se han vulnerado. Se ha preferido mantener a un Gobierno en vez de acatar los artículos de nuestra Constitución. Los cimientos del Estado están siendo tambaleados por el Partido Socialista y Unidas Podemos. Por no hablar del traslado de competencias en materia penitenciaria del Gobierno de España al Gobierno vasco.
Cabe destacar que, aunque no salga en los grandes medios de comunicación, la situación que se vive en las cárceles vascas es realmente desoladora. Motines, peleas, falta de módulos, graves dimisiones y un goteo incesante de motivos por los que una vez más queda demostrado que el nacionalismo es incapaz de gestionar la política penitenciaria de una comunidad autónoma que presenta una gran complejidad en este asunto. Los tres penales existentes en el País Vasco, Zaballa, Basauri y Martutene no cuentan con módulos de tercer grado para los presos, es decir, que una vez que alcancen el ya mencionado grado harán vida normal en sus casas salvo por el casual detalle de que en su tobillo, llevarán atada una pulsera.
Por si no fuera menos sorprendente, dirigentes de EH Bildu se reúnen con los dirigentes de las prisiones vascas y navarras con el fin de que los etarras vivan una vida lo más acomodada posible con exigencias tales como una celda unipersonal. ¿Van a cumplir condena o a alojarse en un lujoso hotel cinco estrellas pagado por todos los españoles? La consejera de Justicia del Gobierno Vasco lo consiente, al igual que su homólogo en Navarra, Eduardo Santos, que llega incluso a decir que debería eliminarse de nuestro Código Penal el delito de enaltecimiento del terrorismo. ¿Estas personas nos gobiernan? ¿O tambalean la democracia que tanto costó conseguir?
Para finalizar, me gustaría recordar que Miguel Ángel Blanco fue asesinado debido a que el Gobierno de José María Aznar no aceptó el chantaje de ETA y, sin embargo, actualmente, Pedro Sánchez sigue siendo el inquilino de la Moncloa porque acepta los sistemáticos chantajes de los terroristas. Saquen sus propias conclusiones.
No tienen justificación alguna. Un saludo