La España ideológica

La democracia en España comenzó sobrevenida en una transición dicen que modélica, pactada, fruto de consensos con la intención de cerrar heridas, de abandonar el rencor y el odio, de unos y de otros, que víctimas inocentes las hubo por todas las partes y rincones de nuestro país y de todas las ideologías, creencias, sexos, edades, razas y condiciones sexuales. Sinceramente, y aunque suene hoy en día tan políticamente incorrecto, yo apuesto por una reivindicación no ideológica de las víctimas de la Guerra Civil española, de la que nos aproximamos cada día más a rememorar el centenario de su comienzo. Casi nada.

Por supuesto que hay que reconocer indignidades como las ejecuciones sumarias o los enterramientos en zanjas, sin registros y haciendo de estas prácticas un olvido de la dignidad de las víctimas y de los derechos de sus familiares. Hoy en día nos parece terrible descubrir cómo en la guerra de Ucrania se siguen produciendo este tipo de enterramientos. O también, en otro contexto, se produce en las guerras de narcotraficantes en México y sus ajustes de cuenta, o en tantos y tantos conflictos y guerras. Pero no es por su forma de ejecución o su forma de enterramiento, o la ocultación de esas muertes o cadáveres por lo que se debe hacer una reivindicación histórica e ideológica. ¿Cuántas de esas personas no sabían, incluso, lo que estaban defendiendo, de uno u otro bando, o incluso podían tener una visión distorsionada o tergiversada fruto de lo que les contaban o lo que les hicieron creer más que de la realidad?

Y sí, eso forma precisamente parte de la perversión democrática que estima a partir de una edad la suficiencia necesaria para poder ejercer el derecho al voto al considerar que ese derecho es inalienable y está estrechamente ligado a la condición de ciudadanía. Sin embargo, ¿No sería algo así como dar un arma cargada para que dispare a alguien que no sabe de qué va eso de pegar tiros y sólo apunta por lo que dicen unos u otros, carente del sentido crítico y los conocimientos políticos mínimos necesarios para evaluar tanto las acciones de unos como las intenciones de otros? Miren ustedes, el conocimiento en materia democrática y en cómo funcionan y cuáles son las competencias de las distintas instituciones del Estado debería ser materia preferente en las escuelas antes del cumplimiento de esa mayoría de edad.

Establecer instrumentos que posibiliten esos conocimientos es absolutamente necesario para que el ejercicio democrático se realice con la mayor calidad en la decisión de los votos. Sin embargo, de las múltiples y a veces atropelladas leyes educativas firmadas hasta el momento, no conozco ninguna que haya puesto especial empeño en resolver esta enorme tara de nuestro sistema. A lo sumo, interesa más a los partidos de turno establecer referencias y temas en asignaturas y en objetivos, que vayan más en la dirección de un adoctrinamiento más o menos evidente de aquello que se acerca más a la implantación ideológica de lo que unos u otros persiguen. O lo que es lo mismo, que el alumnado siga sin poder pensar por sí mismo y que den por ciertas y absolutas aquellas referencias ideológicas con las que se identificarán con el partido de turno en las elecciones cuando adquieran el derecho del voto. Seguimos sin educar para la libertad, por mucho que haya unos u otros que defiendan esa máxima entre sus argumentos políticos, la libertad. Pero claro, preferible es una sociedad manipulable a otra que sepa defender realmente sus intereses.

Y hablando de libertad, de ideologías, de política y de objetivos nos encontramos en un momento de nuestra historia democrática en la que nunca como ahora ha habido tal enfrentamiento ideológico. Todo parece radicar en el enfrentamiento sobre la visión de país, la visión económica y la visión social que tienen los mal llamados bandos de la derecha y de la izquierda. Y digo mal llamados porque en muchas ocasiones enfrentan cuestiones que no pertenecen a la propia ideología sino, más bien, a evoluciones de pensamiento o, incluso, a conveniencias electoralistas, como es el caso de la homosexualidad, tan perseguida históricamente por regímenes de izquierdas, o incluso el de la mujer, que más que reivindicada ha sido utilizada por la izquierda como la tonta útil y necesaria para poder usar su imagen y su voluntad pero sin el necesario protagonismo que ahora sí, interesa, se pretende imponer a base de cuotas, y con un discurso que aborda la dignidad, que no tanto las sobradas capacidades que tienen, al igual que los hombres, para desarrollar cargos de responsabilidad.

Más allá de que puedan vender lo necesarias que son esas cuotas para la integración de la mujer, la medida, desde un punto de vista objetivo, es una escandalosa imposición contraria a los criterios de evaluación en igualdad de los verdaderos requisitos que deben llevar a cualquier persona, independientemente de su sexo, edad, ideología, religión, raza u orientación sexual, a ocupar cualquier puesto de responsabilidad o no. Y estos criterios deben ser y estar relacionados con sus conocimientos, experiencia, y capacidades. Cierto es, también, que hasta hace bien poco que una mujer tuviese esos conocimientos y sobradas capacidades por encima de cualquier otro candidato masculino no le garantizaba conseguir el puesto. Pero este abuso continuo de la discriminación positiva nos está llevando a una sociedad más condicionada por sus defectos que por sus virtudes y, en consecuencia, más injusta en términos globales y dónde el esfuerzo y las capacidades se ven secuestradas por la prevalencia del sexo sobre dichas cualidades, algo que considero sumamente peligroso en muchos aspectos.

De cualquier manera, de haberse impuesto como lo está haciendo, debería de haberse establecido como algo transitorio, por un tiempo determinado y con el objetivo de la normalización de la incorporación efectiva de la mujer a puestos de responsabilidad, pero nunca como una medida perpetua como parece que se está vendiendo.

Tampoco estoy de acuerdo con las críticas, al otro lado del espectro ideológico, que niegan la evidencia del machismo social del poder, que ha relegado a la mujer a esos estadios. No obstante, no podemos negar, hoy en día, que algunas de las personas más poderosas de nuestro país, no sólo a nivel político e institucional, sino incluso empresarial, son mujeres, como son los casos de Ana Botín o Marta Ortega. De cualquier manera, es incuestionable que la izquierda ha sido capaz, como es más habitual de lo deseable, de adelantarse y defender una situación que, evidentemente, era injusta por encima de la evolución de los tiempos y de la propia sociedad. Ha conseguido instrumentalizar al feminismo para sus propios intereses aunque, a tenor de los últimos desaciertos del Ministerio de Montero, gran parte del feminismo no casa, en absoluto, con las incoherencias en el discurso global que, en materia de género, manejan los morados.

Y es que, como empezaba comentando en un principio, este país tiene un gran problema desde el momento del surgimiento y despegue de los partidos extremos, y es el enfrentamiento ideológico per se y la carencia de unas actitudes en las que, por delante de esas ideologías, se ponga el interés general en una visión de Estado que nos permita seguir avanzando como sociedad y progresando en lo económico, un progreso que sí permitiría una distribución de la riqueza que consiguiese evitar cuotas de pobreza de la que no podemos sentirnos orgullosos. Si el objetivo es la distribución de la riqueza existente, el resultado, por razones obvias de índole económica, sería una redistribución y ampliación de la pobreza a medio y largo plazo. Tenemos unos recursos ante un sistema en el que cada vez más prevalece la fuerza de las multinacionales y el globalismo, es cierto. Pero quizás la salida más inteligente sea el cooperativismo económico.

Y si en un país como España hablamos de cooperativismo económico y de maximización de recursos, debemos de llevar a ese rincón de la Historia, de la que mejor no acordarse, todos los enfrentamientos, disputas territorialistas y económicas, fiscales, así como de marca, de esa visión competitiva entre territorios, entre comunidades autónomas. Porque, no sé si se habrán dado cuenta pero esa competitividad interna en lo económico es uno de los mejores aliados de los nacionalistas y de aquellos que quieren destruir nuestro país. Nuestros competidores económicos son otros países, como Marruecos en agricultura, pesca y mano de obra, o China en la competencia de precios o en la exteriorización de la producción, como también lo son otros países asiáticos en los que la mano de obra es sumamente más barata.

El turismo, una de nuestras mejores bazas, no puede sustentarse en una continua guerra en la venta al exterior de los distintos emplazamientos dependientes de las distintas comunidades autónomas y deberíamos recuperar la marca España como un todo que incluye un sinfín de diversidad cultural y de ocio para el turismo.

Quizás, y no quizás, nos estamos, una vez más, equivocando. Quizás no sea una cuestión ideológica sino más bien una cuestión de sentido común, de dejar de ver a las personas y a las cosas con el instrumento fotográfico del filtro, rojo o azul, dependiendo de quién nos esté describiendo la realidad. Quizás, y no quizás, la realidad es más compleja pero más auténtica si se mira cara a cara y se analiza desde todos los ángulos y bajo criterios de justicia, igualdad y eficacia. Claro que, para eso, lo primero que deberíamos tener claros son los objetivos que, como país, deberíamos plantearnos y, como ya he indicado, mucho me temo que no estamos, ni de lejos, cerca del mejor escenario.

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