El Gobierno socialcomunista de España, en consonancia con su despreciable manera de actuar, no ha tenido ningún tipo de escrúpulos ni reparo en aprovechar con vil oportunismo la crisis que la COVID-19 ha provocado en nuestras vidas para perpetrar una imposición silenciosa pero efectiva de su agenda ideológica.
Si algo tiene la justicia es que es lenta, pero efectiva. Lo hemos escuchado muchas veces. Hemos tenido que dejar pasar un largo año para que la justicia avalase a aquellos españoles que se negaron a someterse al yugo totalitario del Gobierno de España. Un Gobierno que ha recibido un efervescente varapalo judicial al quedar desacreditado cuando el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el primer Estado de Alarma. Y es que, en España, nos hemos mal acostumbrado a tener unas tragaderas tan desmesuradas que incluso un fallo judicial que prueba que nuestro propio presidente del Gobierno, un embustero empedernido y un farsante nivel semidiós, se haya podido mear encima de todos los españoles, sometiéndonos a la ruina, arrebatándonos nuestra propia libertad y derechos constitucionales y aquí absolutamente nadie se escandalice. No habrá mayor repercusión que la de aquellos valientes que mantuvieron este litigio con el Ejecutivo, que no les dio tregua y que ahora tarde y mal podrán reclamar daños y perjuicios.
Ahora lo que debía haber sido un procedimiento sanitario bien organizado y orquestado, acabó convirtiéndose en una auténtica caza de brujas donde se llega incluso a proponer someter a la defunción civil a todo aquel disidente que ose rehusar de la verdad absoluta con la que nos están bombardeando constantemente a través de los canales controlados por la mafia terrorista informativa mantenida por el erario a golpe de subvención. Lo hemos visto en Francia y lo estamos viendo en España en comunidades autónomas como la de Canarias o Galicia. La exigencia del «pasaporte Covid», lejos de servir para facilitar el desplazamiento entre países, se ha convertido en una herramienta para estigmatizar y discriminar a la sociedad civil. Es preocupante en ese sentido ver la complicidad de algunos partidos, presuntamente conservadores, con las ambiciones totalitarias del progresismo.
El Gobierno socialcomunista ha exonerado a las compañías farmacéuticas de cualquier responsabilidad civil o penal como consecuencia de los daños que las vacunas puedan provocar en los ciudadanos. En realidad, parece que el escepticismo natural de cualquier ser humano a mensajes contradictorios, rumores o autoridades que se atrevan a cuestionar la versión oficial del comité de expertos fantasma capitaneados por el señor Simón (el mismo que dijo que en España serían unos casos puntuales de COVID en el 2019 o que la variante Delta sería anecdótica en el 2020) no causa demasiada simpatía entre aquellos políticos con alma dictatorial travestidos de socialdemócratas que, en el fondo y lejos de cualquier criterio sanitario, no se atreven a obligar a la población a vacunarse para no tener que asumir en un contexto jurídico responsabilidades, pero sin embargo van imponiendo restricciones a la libertad de movimiento y obligando a profesionales del sector privado a llevar a cabo una discriminación por cuestiones sanitarias, vulnerando en muchos casos incluso la Ley Orgánica de Protección de Datos, bajo amenazas de fuertes sanciones económicas o incluso la clausura de los establecimientos, con especial ensañamiento al sector de la hostelería, una vez más.
Llegados a este punto podría tener sentido; hay que vacunar a la población y hay que hacerlo para evitar los contagios. La realidad es que se ha demostrado y está probado que las vacunas que se están inoculando a la población ni previenen el contagio, ni reducen la capacidad de contagio ni tampoco garantizan que podamos desarrollar la enfermedad. Algo especialmente tangible con la variante india (Delta) que, en contra de lo que dijo el experto Simón, se ha convertido en la variante dominante en España. De esa manera llega a ser comprensible que alguien decida no vacunarse y continuar su vida con prevención y sentido común, como ha hecho desde el año pasado.
Nada de esto parece ser suficiente para, ya no digo compartir, sino respetar al menos a aquellos, entre los cuales, y a riesgo de ser linchado por la policía del pensamiento me incluyo, nos mostremos escépticos ante la posibilidad de vacunarse y hagamos ejercicio de nuestra libertad de decisión para escoger no vacunarnos, al menos por ahora, o tal vez porque tengamos contraindicación médica, o simplemente no nos haya llegado el turno. Es aberrante que en una democracia tengamos que soportar que se amenace ahora con decretar nuestra muerte civil. Sin derecho a movernos libremente o sin derecho a poder trabajar libremente. Se nos exige vacunarnos, pero nadie asume las consecuencias de esta vacuna, parece que la vacuna es la solución a todos los males y sin embargo es patente que no evita el contagio ¿Para qué vacunarse entonces?
Todo esto no es casual. Tras un varapalo judicial, el Gobierno no va a necesitar volver a mancharse las manos arrebatándonos libertades. Siempre existirán tontos útiles sometidos al bombardeo de los mass mierda que llevan realizando 24/7 desde hace más de un año para convertirlos en zombis hipocondríacos totalmente autoconvencidos de la necesidad de pedir al Papá Estado que nos arrebate derechos. Aquel que se encargará de estigmatizarnos y de presionar al poder judicial para darle un aura falaz de legitimidad totalmente convencidos de que están reclamando algo coherente. A este paso, nos va a tocar llevar bordada la estrella de David o que nos señalen los escaparates de nuestros negocios. Hemos tenido que soportar incluso que se nos llame «negacionistas». Un término que a mi entender es de bastante mal gusto y evoca épocas felizmente pasadas y reminiscencias de Zyklon B.
Debe saber que los «negacionistas» ni negamos la existencia de una pandemia, ni negamos la existencia de un virus y si de algo dudamos es de la cifra de muertos que nos está ofreciendo el Gobierno socialcomunista, porque sabemos que son muchos más y nos remitimos a las cifras publicadas por el INE. De aceptarlas oficialmente el Gobierno, por vergüenza torera, debería dimitir por su nefasta gestión. No lo harán. Pero nadie que en su legítimo derecho de elegir no vacunarse por cualesquiera que sean sus motivos debería ser sometido a una muerte civil y mucho menos ser linchado, perseguido, señalado y menospreciado por alguien que, igualmente y de forma libre o por presión de su entorno, ha decidido ser inoculado con una vacuna que, en base a su propio razonamiento, no le convence de su efectividad, pues cualquiera que hayamos pasado la varicela nos es indiferente compartir un autobús con un infectado, por ejemplo.
Cada vez que usted ataque a una persona por no vacunarse sepa que le estará haciendo el juego al Gobierno, usándonos como chivo expiatorio para escurrir su responsabilidad inherente al apostar haber impuesto su agenda ideológica y ocultando datos deliberadamente a la sociedad civil para acabar llevándonos directos a una crisis sin precedentes, con la alevosía de haberla estado utilizando con dolo para pisotear nuestros derechos civiles, tal y como avala la justicia y que ahora pretenden continuarlo empleando el Pasaporte COVID.
Para destruir una democracia sin mancharse las manos basta con hacer creer al ciudadano que debe renunciar a sus derechos por su bien y convencerlo para que se encargue de liquidar a la disidencia ¿De verdad quiere ser usted el tonto útil de Pedro Sánchez?
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