Fiel amigo, gracias por leerlo. Entienda lo siguiente como una secuela de mi anterior artículo en este mismo digital titulado “Ley de demencia histórica o ley de memoria selectiva”. Intentaré ser más breve en esta ocasión para que usted no me mande a esparragar.
El pasado 7 de julio en el Boletín Oficial de las Cortes Generales se publicó el informe de la ponencia sobre el proyecto de Ley de Memoria Democrática. De acuerdo con este, el artículo 3 de esta futura ley define la condición de víctima como toda aquella persona ejecutada, agredida, encarcelada, vilipendiada y en general cuyos derechos se vieran conculcados en el lapso de tiempo entre el 18 de julio de 1936 hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978. En ese mismo artículo se estipula que […] Se consideran víctimas las comunidades, las lenguas y las culturas vasca, catalana y gallega en sus ámbitos territoriales lingüísticos […]. No es una broma. Búsquelo en Google si le place y no lo cree.
En fechas recientes se cumplió un cuarto de siglo desde el secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco, el cual, a diferencia de los sonetos en vascuence, no ostenta la condición de víctima conforme a esta desmemoriada ley, al igual que Irene Villa, Gorka Landaburu, Francisco Tomás y Valiente, o los niños y niñas masacrados tras el atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza.
En este informe de ponencia se recogen las enmiendas presentadas por grupos parlamentarios como Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, EAJ-PNV y, por supuesto, EH Bildu. Así, la nueva Disposición adicional decimosexta dispone que el Gobierno designará una comisión técnica que elabore un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983. Esto implica enlongar el periodo de tiempo a tener en cuenta para acuñar el concepto de víctima, pero no en favor de las personas ejecutadas o violentadas durante los caóticos años de la II República, ni en favor de los asesinados o mutilados por la barbarie etarra una vez fallecido Franco y con posterioridad a 1983.
Esta novedad es un obsequio, entre otros grupos en el Congreso, de Euskal Herria Bildu. Con la ampliación de este periodo se incluye el año de inicio de los crímenes del GAL, no durante el franquismo sino durante la gobernanza de Felipe González. A la vista de las últimas comparecencias y declaraciones de miembros de EH Bildu, parecería que ello tiene como fin una mayor concienciación popular en relación a los asesinatos de Lasa y Zabala, los cuales además de víctimas eran miembros activos de la banda terrorista ETA. Parece que sería así, dado que otra nueva disposición adicional de esta norma prevé la cesión del Palacio de la Cumbre de Donostia, donde al parecer fueron torturados. Esto plantea un interrogante que hace temblar al misterio ¿Cuándo esta ley cita a “personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983” se refiere a Lasa y Zabala? Pregunto, no afirmo.
Esta “cortesía legal” no sería extensiva a las víctimas del genocidio perpetrado por ETA a partir de 1984, entre ellos dirigentes socialistas como Fernando Múgica, Fernando Buesa o Ernest Lluch, ni por supuesto a los 21 muertos y medio centenar de heridos en el atentado de Hipercor de Barcelona. Y así podríamos seguir tiempo y tiempo hasta recitar la lista de los 864 asesinados hasta el año 2010, fecha hasta la que si nos alcanza “la memoria”.
Cambiando de tercio, y centrándonos en tiempos más pretéritos, mucho se ha especulado acerca de la posible exhumación de los restos de Jose Antonio Primo de Rivera que continúan en el Valle de los Caídos, el cual pasa a denominarse Valle de Cuelgamuros (grábenlo en su memoria). El fundador de Falange Española fue ejecutado por órdenes del gobierno de la República el 20 de noviembre de 1936 y, por tanto, de acuerdo con lo dispuesto en la ley sería adjudicatario de la condición de víctima.
Movido por la condenada corrección política, me veo exhortado a confesarle que un servidor, además de antifranquista, no guarda aprecio a la memoria de Jose Antonio, pero si se procediera a retirar las tres pelusas que se conservan de su cadáver este gobierno incumpliría la propia ley, dado que el artículo 54 de esta pandereta legal dispone que […] En el Valle de Cuelgamuros solo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra, como lugar de reconocimiento, conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas allí inhumadas.[…]. Los restos de Primo de Rivera reposarían y reposan, por tanto, donde deben (lo dice la futura ley, no yo).
Alguno podría objetar, y lo hará, que sus restos deben ser retirados de allí para no tornar ese valle en un lugar de culto a la dictadura franquista. Y ello sería un desacierto, por no decir una solemne mamarrachada, dado que Primo de Rivera fue fusilado en los primeros meses de la guerra y no participó de ningún modo en el régimen posterior.
Y tras dármelas de analista, ahora les haré de opinador. Lo que estamos presenciando en torno a esta matraca de la memoria histórica no es solo un fiasco sin final, es sencillamente un delirio, una pataleta de niño chico en lo legal. Si alguien lo hubiera vaticinado hace cinco años, yo mismo incrédulo le hubiera mandado a tomar viento. ¿Qué será lo próximo? ¿El extinto FRAP será declarado una ONG a título póstumo? ¿Esquerra Republicana presentará nuevas enmiendas en relación a Terra Lliure? Si haré yo ahora un vaticinio: este no será el último borrador de este esperpento jurídico. Permanezcan atentos.
La siguiente reflexión no es mía. Ojalá lo fuera. Creo que se la escuché al muy sabio Antonio Escohotado: Al final la corrección política ha servido para validar a la gente más incorrecta.
Postdata: Los captores y ejecutores de Lasa y Zabala fueron juzgados, condenados y encarcelados. Por el contrario, 379 asesinatos perpetrados por ETA aún hoy siguen sin resolverse. No lo digo yo; lo dice el Parlamento Europeo.
Jurista y ensayista
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