A los patriotas surianos, como bien diría Félix Villafuerte, de la tierra caliente hasta las costas del sol, las sierras y las montañas guerrerenses con honor, es importante que no seamos ajenos a empatizar con la situación en la que ahora se encuentra el Estado de Guerrero, en México, aún lastimado por el azote del fenómeno atípico e inesperado huracán Otis en la Costa del Pacífico… y ahora por el huracán John.
En antecedente, a partir del sismo del año 1985 en México, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los estudios para la base del Sistema Nacional de Protección Civil, lineamientos que fueron el sustento del decreto presidencial en el año de 1996, al establecer el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), como programa del ramo 23 denominado “Provisiones Salariales y Económicas” del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal.
Dicho fondo emanaba de manera transversal de la Ley General de Protección Civil, la cual contemplaba los rubros para la “reconstrucción” y la “prevención”, cada uno con sus respectivos fideicomisos dirigidos por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos para la administración de estos recursos, con el candado de que, una vez que un activo federal sufre daños, este se financie al cien por ciento del costo, disminuyendo su reconstrucción para daños posteriores si estos bienes no han sido asegurados, siguiendo esta misma suerte los activos locales.
Cuyo presupuesto implica que, año con año, se encuentre fluctuante, dado su naturaleza de hecho generador, es por vis maior. Por ello, para poder controlar este supuesto traducido en “riesgo”, se ha recurrido a bonos en el mercado internacional (Cat Mex) y, al ser este un proyecto con alto margen de cobertura, la intervención del Banco Mundial ha estado presente, al ser una línea de crédito extensiva traducida a bono, considerándose a este agente asesor como última intervención. Como se ha observado, el Fondo de Desastres Naturales de México (FONDEN), cuyo objeto era la administración de recursos federales destinados a la realización de actividades de emergencia, recuperación y reconstrucción posteriores a un desastre era, en otras palabras, un instrumento presupuestario federal que financiaba los gastos derivados de estas emergencias.
Para el año 2000 se celebraron convenios de colaboración con cada una de las entidades federativas para establecer fideicomisos estatales para la administración de los recursos, así como la implementación de la figura de Declaratorias de Emergencia. Para el año 2011, se incorporó la cobertura a través de un contrato de seguro para activos públicos y viviendas de población de bajos recursos. Ahora bien, en el año 2021, tras la reforma implementada por el gobierno en turno, se eliminó el fondo precitado, además de 108 fideicomisos, cuyos recursos se destinaron a otros proyectos nacionales, siendo uno de ellos la construcción del Tren Maya, cuyo análisis abordaré en otra publicación. Es importante precisar que, ante alguna emergencia, los instrumentos disponibles eran, de manera ex ante, el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (PROFONDEN), y de manera ex post, el Fondo para la Atención de Emergencias -Fideicomiso FONDEN-, administrado en su momento por la Secretaría de Gobernación.
De acuerdo con información del Centro de Análisis de Políticas Públicas -México Evalúa-, al tercer trimestre de 2023, se contaba con siete punto cinco millones de pesos mexicanos para atender desastres naturales. De haber mantenido el fondo multicitado, se calculaba un promedio de setenta y dos mil millones de pesos mexicanos para la atención de emergencias. En el supuesto de costear el huracán en su fase crítica, se estimaría un gasto de entre treinta y dos a cuarenta y tres mil millones de pesos mexicanos, por lo que el presupuesto actual es evidentemente insuficiente. Esto plantea una situación financiera crítica para atender la emergencia, ya que el gobierno federal tendrá que hacer recortes en diferentes programas de gasto para cubrir dicho déficit.
Si bien es cierto que estos recursos federales se encontraban presupuestados un año antes, considerándose un sistema de protección financiera ante desastres ajustado a las necesidades reales de la población mexicana, no debieron estar sujetos a restricciones políticas oportunistas para su aprobación, dado el destino final de este presupuesto. Es decir, no debieron escatimarse sin una estructura tangible para su funcionamiento, como lo fue la Ley General de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, anteriormente Ley General de Protección Civil, en la cual se prometía un órgano desconcentrado que asesoraría a las entidades federativas en la administración de estos recursos, llamado Agencia de Gestión Financiera de Riesgo Público, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Actualmente, la administración de los recursos ha sido trasladada a los ejecutores del gasto, la Unidad de Política y Control Presupuestario, también dependiente de esta Secretaría.
Aunado a lo anterior, sin considerar las repercusiones derivadas de la presencia de un desastre natural y la población vulnerable como detonantes de emergencias de salud pública, es indudable que se debe actuar de manera directa e inmediata, toda vez que, debido a su posición geográfica, México presenta altos índices de riesgo permanente de sufrir fenómenos hidrometeorológicos, como la catástrofe de esa naturaleza que fue el huracán Otis en el año 2023 y, ahora, el huracán John.
Indudablemente, la recuperación de la zona turística y la reactivación económica, principalmente en la zona costera, será un trabajo que requerirá más tiempo del esperado, toda vez que las inundaciones, socavones, desplomes y resquebrajamiento de la tierra están presentes desde las primeras horas del día posterior al paso del huracán John. Sin mencionar que la crisis económica que ahora se vive, con los altos precios de la canasta básica, detona actos de delincuencia, dando paso a otra crisis humanitaria en más de cuarenta municipios del Estado de Guerrero que se encuentran en alerta.
Por lo tanto, será fundamental tener una adecuada planeación financiera, es decir, una estrategia fiscal ante este tipo de fenómenos. Esto es crucial, ya que, en caso de no gestionarse adecuadamente, resultarían pasivos contingentes considerables para el Gobierno Federal, lo cual no puede ser ignorado, dado las pérdidas económicas exorbitantes que puedan presentarse si se concreta este tipo de supuesto, como es el caso ahora con los estragos del huracán John.
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