La reciente sentencia del Tribunal Constitucional, aún no publicada por completo en el momento de escribir esto, supone el mayor escándalo jurídico al que se ha enfrentado nuestra democracia. Declarar ilegal en parte el primer estado de alarma del pasado año, con todo lo que eso supone, coloca a nuestro Gobierno al mismo borde del autogolpismo al haber suspendido derechos fundamentales sin un apoyo legal.iansargentreupholstery.com greensandseeds.com mindfulmusclellc.com propiedadesenrepublicadominicana.com bogner overal שולחנות מתקפלים iansargentreupholstery.com bogner overal strømper str 42 onlysxm.com lego friends lego friends lego friends שולחנות מתקפלים propiedadesenrepublicadominicana.com שולחנות מתקפלים bežecké tenisky
Recordemos que esta sentencia se añade a la declaración de inconstitucionalidad del nombramiento de Rosa Mateo al frente de RTVE y de la inclusión de Iglesias e Iván Redondo en la comisión del CNI. Tenemos pues un Gobierno que se mueve en la misma línea de la legalidad pero casi siempre por la parte de fuera. Y le esperan nuevos ataques a nuestra Constitución porque se acerca por Cataluña un referéndum que puede suponer la rotura total de las costuras del sistema de 78.
Todo esto, en cualquier país normal, supondría un terremoto y la dimisión inmediata del Gobierno. Pero aquí lo único que conlleva es la descalificación por parte de Gobierno, de los partidos que lo apoyan y de sus satélites mediáticos al Constitucional y, en concreto, a sus miembros, a los que se permiten señalar y descalificar, como hacían hace años los medios pro etarras en el País Vasco con quienes consideraban enemigos. Eso no nos extraña. Este Gobierno apoya y se nutre de esos mismos subgrupos sociales, por lo que tienen la lección aprendida. Mientras, condenan que se critique personalmente al responsable de “El Jueves”. Ellos son los primeros en poner dianas en las cabezas de sus adversarios pero se creen intocables.
Mientras tengamos comunistas pastoreando al PSOE, soportaremos esta lacra que nos coloca fuera de la normalidad democrática. De unos ministros que apoyan abiertamente a dictaduras como la de Cuba no podemos esperar un respeto por los tribunales sino un intervencionismo totalitario encaminado a copar todos los poderes bajo la misma mano. El comunismo ya fue comparado con el nazismo el 19 de septiembre de 2019 por el Parlamento Europeo. Es una pena que no se hubiera aprovechado en toda Europa para prohibir los partidos comunistas. Son partidarios de regímenes de partido único, totalitarios y dictatoriales como el cubano, que ahora los comunistas españoles se han lanzado en tromba a defender. Ya sabemos lo que quieren instaurar aquí porque no tienen ninguna vergüenza en admitirlo
Los detractores de la sentencia insisten en la superioridad mínima de un voto con la que se ha impuesto en el TC el fallo. Y lo hacen olvidando que, por ejemplo, la Ley Integral de Violencia de Género fue avalada por una diferencia casi igual, de 7 votos contra 5. O que la expropiación de Rumasa lo fue con un empate y el voto de calidad de su presidente, igual que pasó hace tres meses cuando el mismo tribunal rechazó la presentación de Toni Cantó a las elecciones de Madrid. Son las normas y hay que respetarlas pero ellos no tienen ese criterio. Sólo las respetan cuando les conviene.
Lo primero que caracteriza a un Estado de Derecho es el respeto a la Ley. Y eso no consiste sólo en acatar las sentencias. ¡Sólo faltaba que no se hiciera! Ya tenemos bastante con un territorio, Cataluña, donde se infringen las leyes y las sentencias día sí y día también. Incluye también el respaldo activo por parte del ejecutivo y legislativo a la labor de los jueces, que no han de sentirse coartados en su labor por partidos o centro mediáticos de poder.
Claro que, para ello, aparte de tener una clase política muchísimo mejor que la que tenemos, harían falta también unos jueces a la altura. Y no todos lo están. De las 4 asociaciones de jueces, una de ellas, la minoritaria pero la más tenida en cuenta por la progresía, siempre da la nota. Bien sea retrasando de forma vergonzosa su apoyo al Juez Llarena; bien sea evitando defender el sistema judicial español ante el ataque inadmisible del Consejo de Europa o bien sea pidiendo la dimisión del presidente del CGPJ para forzar su renovación. Eso es como pedir la paralización judicial en España. Por cierto, es la misma asociación que apoya el sistema actual de renovación, que es de todo menos garantizador de la independencia de la Justicia. Naturalmente, están los primeros en la lista del PSOE y Podemos para copar los más altos puestos de la Judicatura. Por eso presionan insistentemente para su renovación. Pretenden cerrar el círculo bolivariano.
Decía Luis XIV que Francia era él. Y era verdad. Todos los poderes se concentraban en su persona. La tentación humana de acaparar poder es tal que los sistemas que pretenden ser democráticos tienen que desarrollar necesariamente una separación de poderes y cortafuegos entre los mismos. Y de ese sistema depende en gran parte la calidad democrática. ¡Ojo!, no del desarrollo social, humano, democrático, económico… En eso no podemos confiar jamás.
Todo sistema que se base en filtros para intentar que lleguen al poder las mejores personas está condenado al fracaso. Las mejores personas se corrompen al llegar. ¿Todas? No, por supuesto. Pero con que lleguen un número muy pequeño de malvados es suficiente para echar abajo el sistema. Y no llegan en número pequeño ahora. Así que los mecanismos de separación e independencia deben estar bien diseñados y a prueba de ataques.
En España no están nada bien. Tanto el Consejo General del Poder Judicial como el Tribunal Constitucional dependen en exceso de los otros dos poderes y eso los lastra. Por otra parte, el Gobierno ya colocó a una de sus ministras al frente de la Fiscalía y ahora ha mandado a otro, recién cesado, a la Audiencia Nacional a seguir prestando desde allí sus servicios porque no hay ley que impida esas puertas giratorias entre el poder judicial y el ejecutivo.
Y la culpa, como casi siempre, es tanto del PP como del PSOE, que no han movido una paja nunca por mejorar ese sistema, ni siquiera cuando disponían de mayoría absoluta. Algunos locos cuerdos en su día propusimos desde UPYD la despolitización de Justicia. Nos hicieron el mismo caso que el que oye llover. Así que ahora todos pagamos las consecuencias.
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