A finales de los 80 e inicios de los 90, con excepción de Cuba, los países de Iberoamérica habíamos entrado a una fase de estabilidad democrática y de integración comercial. Atrás quedaron los cuartelazos y golpes de Estado, ahora las cosas se resolvían en elecciones y acuerdos en el parlamento.
A su vez, los Estados Unidos, desde su posición de potencia hegemónica del continente, estableció una política para la región sostenida en tres pilares: 1) Lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, 2) Promoción del sistema democrático y 3) Integración comercial y empresarial. En ese contexto, durante la I Cumbre de Las Américas de 1994, en la ciudad de Miami, se firmó un acuerdo multilateral conocido como Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
El ALCA comprendía una población aproximada de 1000 millones de habitantes, las mayores reservas de biodiversidad, los dos océanos más grandes del planeta (Atlántico y Pacífico) y los polos norte y sud. Además, la movilidad de capitales y recursos financieros hubiera significado un gran impulso a las economías más pequeñas de la región. No obstante, políticos de izquierda, sindicatos, gremios empresariales y profesores universitarios conspiraron contra el acuerdo.
¿Cuáles fueron los argumentos usados? Una mezcla de las narrativas castristas de los 70, «El imperialismo yanque», principalmente; los intereses monopolistas de los empresarios. Pues, como dijo Adam Smith, el empresariado es quien más le teme al libre mercado, y una nula compresión de las ventajas de los mercados libres por parte de los profesores de Ciencias Económicas, la cantidad de sofismas, falacias y tonterías que me tocó escuchar durante mis años de universitario dan para escribir un libro. Pero, independientemente, de lo anterior, dos momentos claves marcaron el fin del ALCA: 1) El golpe de Estado del año 2003 en Bolivia y 2) La fundación del ALBA por parte de Hugo Chávez y Fidel Castro el 2004.
Con Bolivia convertida en un satélite de Cuba, Chávez y Castro pudieron usar el dinero del narcotráfico boliviano para desestabilizar las democracias regionales. Además, producto de la renta del petróleo, la dictadura venezolana influyó en las elecciones y gobiernos del Caribe, eso que se conoció como Petrocaribe, y permitió el retorno al poder de Daniel Ortega en Nicaragua.
Adicionalmente, en una especie de reactivación de La Tricontinental de 1969, los dictadores caribeños ordenaron a sus dictaduras satélites cerrar acuerdos con Rusia, China e Irán. Al respecto, allá por el 2009, José Brechner (diplomático boliviano y experto en temas del islam), en su artículo: Progresa la incursión iraní en Latinoamérica, expresaba lo siguiente: “Irán posee misiles de mediano alcance, y mucho armamento liviano. El mismo que regala a Hamás y Jizbalá, servirá para armar las milicias comunistas. Además, es experto en entrenar guerrilleros. No hay que dejarse burlar por el cariño iraní hacia Sudamérica. Su verdadera meta es la conversión de las poblaciones autóctonas al Islam. Su apoyo político y económico es un disfraz para imponer su convicción religiosa, como está haciendo en la Ciudad de El Alto, colindante con La Paz, donde obligan a las enfermeras bolivianas a usar el atuendo islámico (Jihab), en un diminuto y mediocre hospital que donó. No nos equivoquemos, Irán es una intolerante teocracia antioccidental. Sus líderes piensan acomodarse en Latinoamérica para atacar a los Estados Unidos, aliados con los neocomunistas”.
Por otro lado, Emilio Martínez, en su obra: Relaciones peligrosas, resalta que la teocracia de Irán y la narcodictadura de Bolivia tienen una sola cosa en común: El odio a Estados Unidos y los valores de Occidente. Sin embargo, los ayatolas de Teherán necesitan el uranio boliviano en su afán de incrementar su poder nuclear. En resumen, dos décadas y media de castrochavismo en Las Américas se pueden resumir en: terrorismo y crimen organizado.
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