Desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la aplicación del estado de alarma del pasado 14 de marzo, los españoles vivimos en un auténtico estado de sitio. Y, según los índices económicos, podríamos afirmar que de guerra. Por el camino nos hemos enfrentado al mayor recorte de derechos y libertades constitucionales desde la Guerra Civil. Es un estado de sitio, pues la democracia y el Estado de Derecho viven hoy asediadas por el socialcomunismo más salvaje que se recuerda desde las sacas de Paracuellos.
Hasta Sánchez, nunca se nos había prohibido circular libremente por nuestro país -ni siquiera por nuestra propia ciudad o pueblo- lo que es una flagrante violación del artículo 19 de la Constitución. Hasta Sánchez, nunca se nos había prohibido trabajar (violación del artículo 35). Hasta Sánchez, no habíamos tenido las inmensas colas del hambre que tenemos hoy (artículo 40). Hasta Sánchez, no habíamos sufrido una auténtica invasión migratoria ilegal en las costas españolas, comprometiendo la seguridad de todos (Articulo 17). Hasta Sánchez y su Ley de la Eutanasia, nunca se había regulado la muerte de personas nacidas -sí el asesinato de los niños no nacidos-, lo que es una clara afrenta al artículo 15 de la Carta Magna. Hasta Sánchez y su Ley Celaá, no se había atacado a la libertad educativa de las familias y el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos (artículo 27). Hasta Sánchez, no se nos había prohibido el reunirnos con nuestras familias en nuestros hogares (lo que choca con el artículo 21). Hasta Sánchez y su “rescate” a los medios de comunicación y la industria satélite de “verificadores”, nunca antes se había atacado a la libertad de expresión de los ciudadanos (artículo 20). Y todo ello en una primera y superficial aproximación a la hoja de ruta bolivariana insertada por Pablo Iglesias en las entrañas del PSOE. Hay estados con un catálogo menor de derechos y libertades que la lista de preceptos constitucionales que han violado el Presidente y sus acólitos.
La Constitución hoy se resquebraja a la vista de todos. El virus chino ha mutado hasta crear una emergente variante: la cepa roja. La peligrosa cepa ha contagiado a las principales instituciones nacionales y autonómicas y campa a sus anchas en los despachos de la Moncloa y de los principales medios y empresas del establishment. El objetivo es claro: evitar que los españoles sean libres. Y para ello se sirven de los más brutales ataques a las más básicas libertades individuales. La política del reparto equitativo de la miseria tiene dos pilares fundamentales. El primero de ellos es, directamente, la prohibición de trabajar, de llevar el pan a casa. La izquierda española ha encontrado en la hostelería -motor del sector servicios nacional- un cabeza de turco en la búsqueda de culpables de la ola de contagios y fallecimientos. Pero ese solo era el medio. El fin es evitar que las familias puedas valerse por sí mismas. Su plan pasa por que todos y cada uno de los 47 millones de españoles dependan de una manera o de otra del Estado que, obviamente, buscan controlar de forma indefinida. El segundo elemento indispensable para ese plan es el aumento exacerbado de una presión fiscal prohibitiva y confiscatoria -por cierto, incumpliendo también el artículo 31-. No les ha bastado que los autónomos ya tengan, de base, la cuota más alta de Europa, sino que han aprovechado el brutal impacto económico de la pandemia para incrementarla. Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la sofisticación y la sutileza no son cualidades exitosamente cultivadas por aquellos que iban a traer el cambio y la prosperidad a España.
Pero, a pesar de todo, debemos dar nuestra más sincera enhorabuena a la ministra podemita de Igualdad, Irene Montero. Su incansable labor en pro de los derechos de las mujeres ya nos ha traído, en muy poco tiempo, un gran avance de los mismos, únicamente comparable al conseguido por Clara Campoamor. ¿Qué digo?, ella representa mucho más. Se ha puesto en primera línea de batalla contra el heteropatriarcado imperante como una Agustina de Aragón en la era de Twitter. La ministra que nos endulza la vida a todos -y a todas, y a todes– dándonos la posibilidad de compartir con ella sus cumpleaños celebrados en su despacho con sus asesoras, ha conseguido lo impensable en poco más de un año. Ahora, gracias a su tesón, las españolas van a poder estudiar carreras de ciencias y, lo que es más celebrable, las niñeras han pasado a cobrar 52.000 euros al año con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Y esto solo es el primer paso. Cuando España tenga el nivel democrático de la Rusia de Putin o de la Venezuela de Maduro, los españoles -y las españolas- miccionaremos perfume del caro, porque la lucha obrera no tiene que estar reñida con la ñoñería y el despilfarro. A las pruebas me remito.
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